La Cámara de Diputados tiene previsto analizar como primeros puntos del orden del día en su próxima sesión ordinaria, dos proyectos de ley que plantean la exoneración de pagos de las tasas de peajes en todo el país, por un lado y por otro, la exoneración de la misma tasa en los peajes del departamento de Itapúa.

Durante la última reunión de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, establecieron el orden del día para la plenaria ordinaria del próximo martes 1 de abril. Como primer punto incluyeron el proyecto de ley “Que establece el procedimiento jurídico marco para la exoneración del pago de la tasa de peajes en todo el país”.

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Esta propuesta busca que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tenga una herramienta legal a la hora de exonerar el pago de la tasa de peaje a los ciudadanos. El documento expone que la iniciativa surge en respuesta a las constantes manifestaciones de pobladores de diversos distritos, que se oponen al pago de la tasa de peaje y solicitan su exoneración en los puestos habilitados dentro de sus municipios.

El proyecto establece, además la exoneración total del pago del peaje a los habitantes de los distritos donde se encuentran los puestos de cobro. “Este beneficio aplicaría para un máximo de dos veces al día (ida y vuelta) y solo en los peajes ubicados dentro del municipio de residencia del beneficiario. Además, se propone una reducción del 50% en la tarifa para los residentes de distritos aledaños dentro del mismo departamento”, explica el documento.

Asimismo, la iniciativa que se encuentra en su primer trámite constitucional contempla la exoneración total del pago de peajes para ambulancias, unidades de emergencia médica, vehículos oficiales de las Fuerzas Públicas y cuerpos de bomberos, con el fin de garantizar la operatividad de estos servicios esenciales sin costos adicionales.

Por otra parte, se incluyó además una segunda propuesta similar, pero en este caso, se solicita la exoneración del pago de peaje dentro del Departamento de Itapúa. Plantea la exoneración de las tasas al tránsito automotor en la estación ‘Portal de Itapúa’, ubicada en el kilómetro 281 de la Ruta PY01, distrito de General Delgado del Departamento de Itapúa, a los vehículos de ciudadanos de la comunidad de San Ramón del distrito de Santiago (Misiones) y Gral. Delgado (Itapúa)”.

Según la exposición de motivos, la iniciativa tiene como objetivo aliviar la carga económica de los habitantes de la región, los que deben desplazarse diariamente por dicho tramo para cumplir con sus obligaciones laborales, comerciales, educativas y de salud.

Añade que la iniciativa surge en respuesta al Decreto Nº 3.420, emitido el 28 de febrero de 2025 por el Poder Ejecutivo, que ordenó el traslado del peaje del distrito de Coronel Bogado al distrito de General Delgado.

“Esta reubicación, que entró en vigencia el 4 de marzo del presente año, ha generado un fuerte rechazo por parte de los ciudadanos afectados, los que han manifestado su descontento y exigen alternativas que mitiguen el impacto económico de la medida”, expresa parte del documento de fundamentación del proyecto.

El proyecto de ley, que también se encuentra en su primer trámite constitucional, establece la exoneración del 100% del pago de peaje para los ciudadanos de San Ramón y General Delgado, siempre que presenten documentos que acrediten su residencia en dichas localidades.

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El censo digital de jubilados y pensionados, impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ya superó el 50 % de avance. Al 19 de marzo, un total de 39.812 beneficiarios de la Caja Fiscal ya se han censado, más de la mitad del total de 79.328 jubilados y pensionados registrados.

El proceso de censo digital se encuentra en marcha desde el 3 de febrero y se extenderá hasta el 3 de mayo de 2025. Es obligatorio para todos los beneficiarios de la Caja Fiscal, quienes deben actualizar sus datos a través de la plataforma digital del MEF.

Aquellos que no completen el censo antes de la fecha límite serán excluidos de la planilla de pagos y se procederá al bloqueo de sus tarjetas de débito. No obstante, aclararon que se prevé una fase de evaluación para aquellos que no hayan logrado censarse a tiempo, otorgándoles un margen para regularizar su situación.

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Desde el MEF recuerdan que está garantizada la seguridad y protección de los datos registrados por los beneficiarios. La carga de información se realiza exclusivamente a través de la web oficial del Ministerio de Economía, en un proceso 100 % digital, gratuito y sencillo. No se solicita información sensible como los datos de las tarjetas de débito ni los códigos PIN.

Este proceso totalmente digital, tiene como objetivo actualizar la información clave de los beneficiarios de la caja, incluyendo datos como domicilio, número de contacto, correo electrónico, país y ciudad de residencia, entre otros datos que no incluye información relacionada con operaciones bancarias con el Banco Nacional de Fomento (BNF).

Para más información sobre el censo, los beneficiarios pueden visitar el portal del MEF (www.mef.gov.py) o comunicarse con el servicio de atención al recurrente al teléfono (021) 729 - 0123, disponible de lunes a sábados, de 07:30 a 15:00 h. Para las personas que deseen ingresar al instructivo que preparó el MEF, pueden ingresar a este link: Censo Digital de Beneficiarios.

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Este viernes, todos los beneficiarios de los programas Tekoporâ y Adultos Mayores recibirán sus pagos correspondientes, según anunció el Ministerio de Desarrollo Social (MDS). Acerca de los nuevos incorporados, indicaron que deberán acudir a ventanilla del Banco Nacional de Fomento (BNF).

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer que también los veteranos de la Guerra del Chaco (de cuales se cuentan tres sobrevivientes) y otros pensionados recibirán sus haberes hoy. Se acreditará vía red bancaria un total de G. 13.166 millones para los pagos correspondientes a marzo.

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Actualmente son 331.600 personas las que cobran el subsidio. El pago es equivalente al 25 % del salario mínimo vigente (G. 2.798.309), un valor de G. 700.000. El monto total que desembolsará Desarrollo Social para pagar a los beneficiarios sociales es de G. 226.000 millones.

Al cierre de la planilla de marzo 2025, la Dirección General de Pensiones No Contributivas (DGPNC) registra un total de 5.165 beneficiarios: 3 veteranos de la Guerra del Chaco, 4.432 herederos de veteranos, 294 pensionados graciables, 435 herederos de policías y militares fallecidos en acto de servicio y 1 gasto de sepelio.

El gobierno incorporó 6.000 nuevos beneficiarios a la pensión para adultos mayores este año. El diseño de este beneficio representa una inyección superior a G. 225.000 millones; mientras que la inversión estatal anual para este programa es de USD 393 millones.

Los que se incorporaron recién este mes, como beneficiarios de Adultos Mayores, tendrán que acudir a la sucursal más cercana del BNF y presentar documento de identidad en ventanilla. Este mes ingresaron 11.378 nuevos beneficiarios al programa. La edad continúa bajando y esta vez llegó a los 77 años.

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El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.

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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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