Ante la actual crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, gremios de comerciantes consideran como alternativa válida para paliar el impacto negativo de la crisis que las multas respecto a los compromisos tributarios que no se puedan cumplir sean exoneradas.
La propuesta se viene evaluando en gremios que aglutinan a distintos comercios, cuya mesa de trabajo es encabezada por los integrantes de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar).
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“Venimos analizando las alternativas más factibles que podrían ayudar a enfrentar el difícil momento que atraviesa el sector, por lo que la siguiente propuesta es que podamos ser exonerados de multas tributarias, así como la extensión hasta diciembre de la Ley de Emergencia, ya que en principio se extiende hasta junio y hoy a más de mitad de mes, vemos al país entero aún con mucha incertidumbre y sin avances”, expresó el vocero de los comerciantes, Eugenio Caje.
Así también, los gremios insisten en la importancia de agilizar el tratamiento de la ampliación de los fondos de garantía Fogapy en el Parlamento, de modo que las micro, pequeñas, medianas y también las grandes empresas puedan acceder al crédito, como un producto especial de un año de gracia, en el cual no se incluya capital ni garantía, período de pago de 36 hasta 60 meses, y una tasa máxima del 5%.
Falta de interés
En ese punto, lamentaron que una vez más se haya dejado sin efecto el estudio de la ampliación en la Cámara de Diputados, que esta vez estuvo en el número 11 del orden del día, lo que evidencia la falta de interés del tema, dijo.
“Esta situación no se puede mirar como un evento normal respecto a los créditos necesarios y ofertados. Necesitamos que los bancos tengan la facilidad de amoldarse a lo que la situación requiere, antes de empezar a tener un cementerio de empresas, porque le va costar mucho más caro al Estado la cantidad de gente desempleada, y los bancos se van a quedar sin clientes seguros a quienes prestar el capital”, agregó.
Así también, Caje recordó la solicitud a los locatarios del sector privado de la reducción del 50% en precios de alquileres hasta diciembre de este año, con base en el bajo consumo generalizado, medida que consideran contribuirá a conservar empleos, a más de la necesidad de extensión del plazo para obtener el certificado de crédito tributario.