Las mipymes podrán emitir facturas electrónicas con Bancard, entidad que les propone pasos sencillos y ágiles para adelantarse a 2026, año en que la facturación electrónica será obligatoria. La factura electrónica desde el POS busca ser una herramienta para emprendedores y mipymes que simplifica, digitaliza y promueve la formalización del comercio en el país.

Bancard lanzó oficialmente su servicio de facturación electrónica pensado especialmente para emprendimientos y mipymes con una forma segura y práctica de emitir comprobantes legales. Aníbal Corina, gerente general de Bancard, explicó en el evento que, además de ofrecer una ayuda para la digitalización de los emprendimientos, se busca colaborar con los esfuerzos del Estado, de promover la formalización.

En ese sentido, señalaron que, con respaldo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), los comercios que soliciten esta solución, obtendrán el alta directa como emisores de facturas electrónicas a través de un trámite simplificado en una sola plataforma, donde obtendrán su certificado y firma digital a bajo costo y sin carga operativa.

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“Con esta innovación, buscamos ofrecer a los comercios una herramienta que no solo les ayude a cumplir con la reglamentación tributaria vigente y la formalización sino que también les permita mejorar y agilizar el proceso”, manifestó Corina.

Mauricio Aranda, coordinador de Nuevos Negocios y Coordinación con el Gobierno de Bancard, dijo a La Nación/Nación Media que quienes deseen acceder a la facturación electrónica deben gestionar por su cuenta el software con un desarrollador y realizar las gestiones ante la DNIT, lo que toma mucho tiempo y dinero. Afirmó que Bancard simplificó esos procedimientos para hacerlo en apenas minutos.

“Bancard es la primera empresa que te da todo este flujo en un solo proceso, en donde el comercio ingresando a la web de Bancard o acercándose a las distintas sucursales puede solicitar el producto y ya en menos de cinco minutos su solicitud ya está procesada para el alta como emisor de factura electrónica y tener ya la posibilidad de emitir las facturas desde el POS de Bancard”, comentó. Las facturas van directamente al correo electrónico del cliente, apenas tras la transacción que no se limitará solo a compras con tarjetas o sistema QR, sino que también será válido para transacciones en efectivo.

Para impulsar que los emprendedores y las mipymes se sumen a esta herramienta, Bancard propone su uso gratuito durante los primeros tres meses. Tras ese periodo tendrá un costo de G. 89.900 por mes. Señalan que la firma Taxit será una aliada estratégica para la implementación de la factura electrónica en el POS de Bancard, con su experiencia tecnológica para la simplificación de los procesos tributarios.

Quienes deseen utilizar este mecanismo de Bancard deben contar con Registro Único del Contribuyente (RUC) activo, estar al día con el pago de sus impuestos y presentar la documentación requerida por la empresa, que puede variar de acuerdo con el tipo de empresa.

La reglamentación de la DNIT establece que desde el 2026 la emisión de facturas será obligatoria para todos los comercios, sean pequeños o medianos, e incluso para profesionales independientes. Igualmente, toda persona que se inscriba al RUC desde abril de este año, deberá emitir obligatoriamente factura electrónica.

Los últimos reportes de la institución señalan que hasta el momento son 8.500 contribuyentes que emiten factura electrónica. Son dos modalidades, E-kuatia’i, para emprendimientos, y E-kuatia, para las medianas y grandes empresas.

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Desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) informaron que durante el mes de marzo llevaron a cabo la verificación de instituciones educativas en Central y Presidente Hayes, donde se realizó un control de los trabajadores vinculados a las empresas proveedoras de alimentación escolar, en el marco del programa Hambre Cero.

Este programa permite que hoy 8.200 trabajadores, entre cocineras, auxiliares, limpiadoras y otros, acceden a empleos formales y protección social a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

Durante los operativos realizados entre el 14 y el 21 de marzo fueron verificadas 60 instituciones educativas donde se presta servicio de alimentación bajo la modalidad Catering y Cocinando en las Escuelas. Como resultado, se logró registrar en el IPS a un total de 3.190 trabajadores, lo que representa un aumento del 64% en relación con la cantidad que contaba con cobertura antes de la intervención.

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En el marco del programa Hambre Cero, ya suman 8.200 los trabajadores que acceden a la cobertura social de IPS mediante su trabajo en el programa de alimentación escolar.

Las verificaciones se realizaron en 52 escuelas del departamento Central y 8 de Presidente Hayes y estuvieron a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) en conjunto con el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE).

También fueron inspeccionadas 8 empresas y consorcios responsables del servicio alimentario, donde se detectaron irregularidades como que el 56% de los trabajadores no contaba con copia del contrato, 44% no estaba registrado en el sistema de control de asistencia, 30% no tenía acceso a la seguridad social y un 7% se encontraba trabajando sin contrato formal.

El Ministerio de Trabajo destaca que mediante la rápida acción el 75% de los casos de empleo informal fueron regularizados en un plazo de 48 horas, garantizando así que más personas accedan a los derechos básicos del trabajo formal como cobertura médica, aporte jubilatorio y protección frente a accidentes laborales.

“El compromiso con una alimentación saludable en nuestras escuelas debe estar acompañado de un firme compromiso con los derechos de las personas que la hacen posible. Trabajo digno y alimentación digna son pilares de una política pública justa e inclusiva”, expresó la ministra de Trabajo, Mónica Recalde.

Remarcó además que este operativo marca un hito en el cumplimiento de los objetivos del programa Hambre Cero, que no solo prioriza la nutrición de la infancia paraguaya, sino también la dignidad del trabajo en toda la cadena de provisión de alimentos.

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Artesanas de la parcialidad Chamacoco, que forman parte de la Asociación de Parcialidades Indígenas (API), lograron una mejora para su comunidad y el bienestar económico, gracias a la formalización. Algunos de los productos que elaboran son pantallas, cuadros, sombreros, carteras y trajes típicos.

Fueron las primeras en obtener la Cédula Mipyme. Gracias a la formalización pudieron ser bancarizadas, lo que les pkermitió acceder a créditos del Banco Nacional de Fomento para la compra de sus materias primas. Esto también les permitió contar con el sistema de transferencias bancarias para el pago de sus productos, aumentando así sus ventas.

“Nosotros estamos trabajando para vender nuestro producto. Y gracias a nuestro trabajo nuestros hijos están estudiando. Mi hija terminó su facultad, ahora se va a recibir como administradora. Esto y muchas cosas más logramos gracias a nuestro trabajo”, manifestó la presidenta de la API, Dina Ceballos.

Las emprendedoras de esta asociación, que agrupa a unas 20 mujeres, son oriundas de Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay, pero actualmente residen en la ciudad de Luque. En este contexto, Dina Caballos comentó que muchas de las emprendedoras que se encuentran aún en la ciudad de Bahía están apostando a la formalización al ver el desarrollo de sus negocios.

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Ulises Ruiz Diaz, jefe de Fomento de la Cultura Emprendedora del MIC, manifestó que actualmente se encuentran trabajando con la Asociación para la renovación de sus productos, con el objetivo de diversificar sus mercados para el crecimiento de sus negocios.

Así también, se está trabajando para lograr una conexión con otros emprendedores y mipymes de diferentes rubros, de manera a generar una conexión comercial para este segmento económico. Gracias al apoyo de las instituciones del Estado, actualmente están fabricando productos para las instituciones estatales y empresas del sector privado.

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El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.

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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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