El director legal de la empresa itti Saeca, Miguel Almada, se refirió al comunicado de grupo Zuccolillo que fue emitido este viernes. Las autoridades del banco Atlas están muy alejados de la realidad, ya que insisten en señalar que el banco realizó un uso abusivo del software que la empresa le entregó bajo contrato, sostiene asegurar que llegaron a esa conclusión, tras conocer el comunicado.

Indicó que, en este punto, los directivos del banco Atlas están perdiendo de vista que el producto sigue perteneciendo a la empresa itti Saeca, y cualquier modificación que hicieran debían informarles.

El abogado mantuvo una charla con el programa “Tarde de Perros”, que se emite por Universo 970Am/Nación Media, donde remarcó que en el contrato firmado con el Banco Atlas establece que cualquier cambio que realicen o agreguen al software, deben informar a la empresa, por ser la propietaria.

Al respecto, indicó que desde el 2015 venían advirtiéndoles sobre el uso inadecuado del contrato, así como lo que les permitía el contrato hacer, y desde entonces, se buscó una salida pacífica al inconveniente.

“Hace más de 5 años que les veníamos diciendo que debíamos adecuar el contrato porque no estaba ajustada la realidad a lo que estaba escrito. Ellos se llamaron a silencio, simplemente decían que con la licencia que tenían era suficiente, nosotros buscamos dialogar con ellos todo este tiempo, les avisamos, les pedimos sentarnos a dialogar para encontrar algún punto en común en esta controversia. Hasta que llegamos a un punto que dijimos hasta aquí”, explicó.

Respecto al comunicado que emitió el banco, indicó que es muy llamativo que sus directivos invoquen la transparencia, la responsabilidad y la legitimidad; cuando en una cuestión tan sensible como es el caso fueron ellos los que hicieron público algo que debía ser estrictamente privado, por la sensibilidad que tiene para los ahorristas.

Agregó que también llama la atención que hablen de objetividad, cuando no se está reconociendo el derecho de un creador paraguayo de obras de ingenio, por razones infundadas. “A partir de esto, nuestra conclusión es que las autoridades del Banco Atlas están bastante alejadas de la realidad”, remarcó.

Respecto al contrato firmado entre la entidad bancaria y la empresa propietaria del software, indicó que la vigencia del mismo, cuando se trata de una entidad bancaria, donde se realizarán inversiones enormes, se otorgan de forma indefinida en cuanto a plazos corresponda. No obstante, aclaró que ese contrato no se da en forma incondicionada respecto a la forma de uso del software.

“Nosotros no cuestionamos que la cesión del software sea sine die, pero sí cuestionamos sobre el uso abusivo de nuestro software, ese es el fondo de la cuestión. Nosotros lo que le entregamos fue una licencia, y no una cesión de derechos. Una licencia significa una autorización para usar dentro de determinadas condiciones. Esas condiciones lo que fueron incumplidas por el banco, abusando del derecho que nosotros le hemos otorgado para usar el software yendo más allá de lo que el contrato les permitía”, explicó.

El doctor Almada explicó que el contrato igualmente les permitía que pudiesen ir agregando cosas al software, pero previa comunicación a la empresa, como propietaria del sistema. “Los directivos del Banco Atlas, lo que están perdiendo de vista que el producto es nuestro, y no es de ellos. El banco solo cuenta con un permiso para utilizar el sistema”, acotó.

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El banco Atlas, propiedad del grupo de los Zuccolillo, está en un proceso de mediación con itti Saeca, quien alega que la entidad ha incurrido en hechos más graves que un incumplimiento del contrato y que la misma está utilizando de una manera distinta a lo pactado el software que provee dicha compañía. La entidad bancaria emitió un comunicado respecto a este tema.

“Banco Atlas niega categóricamente cualquier uso indebido de un sistema informático o la existencia de alguna deuda monetaria a la empresa itti”, expresa en una parte del comunicado, al que posteriormente agrega que el “Banco Atlas ha cumplido a cabalidad el contrato antes citado, no habiendo recibido reclamo alguno a lo largo de 21 años y posee derechos adquiridos que hoy están siendo ilegítimamente cuestionados”.

De acuerdo al escrito difundido por la banca este viernes 4 de abril, no existe una deuda hacia la empresa que les provee el software para sus operaciones ni tampoco un uso indebido del sistema informático. No obstante, el abogado de la firma, Miguel Almada, explicó que el banco de los Zuccolillo está dando un uso diferente a lo pactado contractualmente y advirtió sobre las posibles consecuencias para Atlas, que se traduciría en un resarcimiento multimillonario.

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“El 5 de febrero del año 2004, la entonces Financiera Atlas adquiere por tiempo indefinido un sistema informático de la firma IT Consultores SC, por medio de un contrato que permite al Banco Atlas su uso y modificaciones de acuerdo con sus necesidades mediante la entrega de los programas fuentes”, se expone en el escrito.

Asimismo, recordaron que el caso está en una instancia de mediación y que han sido beneficiados con medidas cautelares para continuar utilizando el sistema, pese a lo que sostiene la empresa de tecnología. Por su parte, Almada afirmó ante Nación Media que para ellos carece de fundamentos el fallo judicial, no obstante, van a respetar la decisión de la justicia.

“El Banco Central del Paraguay ha sido informado de todas las acciones realizadas y acuerdos formalizados hasta el momento en instancia de mediación. Informamos a nuestros clientes que esta situación no afectará la funcionalidad de ninguno de los servicios del banco y reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia y las mejores prácticas empresariales”, concluye el comunicado.

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El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.

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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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• Ginebra, Suiza. AFP.

“Hemos considerado que el covid-19 puede ser calificado de pandemia”. Hace cinco años, el 11 de marzo, el jefe de la Organización Mundial de la Salud soltó la frase que hizo tomar conciencia al mundo entero de la gravedad de la situación.

Pero ya desde el 30 de enero, la OMS había declarado su más alto nivel de alerta frente al nuevo coronavirus detectado en China a mediados de diciembre de 2019: la Urgencia de Salud Pública de Alcance Internacional o USPPI. Una fórmula que no impactaba en la opinión pública.

Presionado por las preguntas de los periodistas, Tedros Adhanom Ghebreyesus también mencionó “la amenaza de la pandemia” el 9 de marzo, pero el electrochoque tuvo lugar dos días después.

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El miércoles 11 de marzo, muchos periodistas se agolparon en torno a las mesas en forma de U en una pequeña sala en las entrañas de la imponente sede de la OMS en las alturas de Ginebra, no lejos de la frontera francesa.

La conferencia de prensa, prevista para las 17H00 locales, pudo ser seguida en las redes sociales, por teléfono y por Zoom.

Frente a los periodistas, Tedros, a su derecha Mike Ryan, encargado de urgencias en la OMS, y a la izquierda la directora general, Maria Van Kerkhove, encargada del expediente del covid-19. Esta científica desconocida del gran público encarnará desde entonces la lucha contra la pandemia.

El jefe de la OMS sacó dos bolígrafos de su saco, ajustó sus gafas y leyó su declaración.

“Estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y de gravedad, así como por los niveles alarmantes de inacción” en el mundo, dijo.

Y entonces declaró: “Hemos considerado que el covid-19 puede ser calificado de pandemia”.

En ese momento, menos de 4.300 personas habían muerto en el mundo, según cifras oficiales.

Cinco años más tarde los muertos se cuentan por millones, pero a mediados de marzo de ese año todavía no habían empezado los confinamientos, los hospitales no estaban desbordados y el hundimiento de la economía no se avizoraba.

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“La palabra ‘pandemia’ cambió la situación”, recuerda John Zarocostas, periodista que cubre para la AFP las agencias y ONG internacionales desde hace más de 30 años. “Tengo la impresión de que tenían que hacerlo” porque no lograban la reacción esperada de los Estados miembros desde el desencadenamiento de la USPPI

Para este veterano de las relaciones internacionales, “eso modificó la dinámica en términos de reacción de los gobiernos nacionales: todos empezaron a actuar”. Un retardo que frustró a la OMS. “El mundo está obsesionado por la palabra pandemia”, dijo Mike Ryan, para quien la advertencia de enero era más importante.

¿Puede repetirse una catástrofe similar? Para la OMS, la próxima pandemia solo es cuestión de tiempo. En diciembre de 2021, los Estados miembros de la organización, conscientes de las graves fallas frente al covid-19, comenzaron a trabajar en torno a un acuerdo internacional y obligatorio sobre la prevención y la preparación a las pandemias, para tratar de evitar que vuelvan a repetirse los mismos errores.

Las negociaciones son difíciles y una última sesión de negociaciones está aun prevista del 7 al 11 de abril, para finalizar el proyecto a tiempo para la asamblea anual de la OMS en mayo.

En espera, los países miembros lograron desempolvar el reglamento sanitario internacional. Y a partir de septiembre de este daño, el jefe de la OMS podrá declarar una “urgencia pandémica”.

En los cinco años transcurridos desde marzo de 2020, la OMS declaró la USPPI en dos ocasiones, ambas por epidemias de mpox.

El jefe de la OMS advierte regularmente a los países que no repitan el ciclo de negligencia seguido de pánico que caracterizó la pandemia de covid-19.