El viceministro de Trabajo, Luis Orué, en contacto con La Nación señaló que la cantidad de solicitudes de empresas que piden suspender temporalmente a sus trabajadores disminuyó considerablemente, ajustándose a la cuarentena inteligente.
Según indicó, al comienzo de la cuarentena recibían entre 500 y 700 solicitudes de empresas que precisaban acogerse a la figura de la suspensión, pero desde el cambio de fase solo recibieron entre 50 y 20 solicitudes en las últimas semanas.
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“Lo que se está dando ahora es una notable reducción de las empresas que solicitan la suspensión temporal de los contratos de sus trabajadores y entre estos que siguen solicitando, muchos de ellos tienen que ver con ampliaciones; es decir, de las que al principio ya solicitaron y ahora vuelven a pedir ampliar la suspensión”, aclaró.
En ese sentido, Orué explicó que el código laboral establece o permite a las empresas acogerse a dicha modalidad para una suspensión temporal que se puede extender hasta 90 días y que por lo tanto, como cartera de Trabajo, deben acatar lo que establece el código para los que requieran ampliar la solicitud inicial, en la que algunos solicitaron por uno o dos meses.
Asimismo, acotó que del total de 135.000 trabajadores que fueron afectados con la suspensión, unos 45.000 ya volvieron a trabajar, ya que del total de empresas que lo habían solicitado, unas 8.900, solo 230 fueron las que comunicaron la reinserción de los trabajadores, que es lo que corresponde a las más de 15.000 personas que volvieron a sus labores en las últimas semanas. El código laboral exige que las firmas comuniquen, pero algunas aún no lo hicieron.
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Por lo tanto, estiman que siguen con suspensiones de contrato unas 90.000 personas, de las cuales también puede que muchas no vuelvan a trabajar o todavía no lo harán, que compete a los sectores gastronómicos, los restaurantes, de espectáculos, eventos o entretenimientos que recién entrarían a operar en las últimas fases de la cuarentena inteligente, aclaró.
El viceministro de Trabajo anunció igualmente que seguirán con las verificaciones a empresas, ya que también se dan muchas irregularidades, ya que algunas presentaron las solicitudes de suspensión, pero los trabajadores continuaron trabajando, casos que terminan en sanciones administradas por parte del MTESS, o sanción civil del IPS e incluso puede llegar a ser penal por cobros indebidos, sentenció.