El Ministerio de Hacienda ejecutó 925 millones de dólares de los recursos obtenidos a través de la implementación de la Ley de Emergencia, según un reporte de la institución. El propio ministro de Hacienda, Benigno López fue quien realizó la rendición de cuentas sobre el uso del dinero, durante la sesión extraordinaria virtual convocada por la Cámara de Senadores.
En esa ocasión, tanto el Poder Ejecutivo y como los Organismos y Entidades del Estado (OEE) rindieron cuentas sobre el uso de los recursos establecidos, cuya línea asciende a US$ 1.600 millones.
La Ley de Emergencia fue promulgada por el Poder Ejecutivo en los últimos días de marzo, teniendo en cuenta las urgencias que estaba viviendo el país a raíz de la cuarentena sanitaria aplicada por el mismo Gobierno ante la presencia del COVID-19.
De este monto, hasta el momento se llevan contratados 1.000 millones de dólares provenientes de los bonos soberanos y US$ 20 millones de un crédito del Banco Mundial (BM). Aún quedan por contratar recursos por US$ 580 millones, que se irán obteniendo según la necesidad.
Por tanto, de los US$ 1.600 millones que autoriza la ley, el Poder Ejecutivo hasta ahora contrató recursos por US$ 1.020 millones, de los cuales US$ 925 millones ya han sido ejecutados actualmente, señalan.
Distribución
Los 925 millones de dólares fueron distribuidos de la siguiente forma: US$ 99 millones para el Ministerio de Salud (MSPBS); US$ 63 millones transferidos a los programas de Adultos Mayores y Tekoporã.
Asimismo, para jubilaciones se destinaron US$ 40 millones; mientras que para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y capitalización, lo transferido asciende a US$ 61 millones.
Por otra parte, para el programa Ñangareko se transfirieron US$ 26 millones; en tanto que para el programa Pytyvõ, la suma se eleva a US$ 300 millones, y US$ 100 millones para el Instituto de Previsión Social (IPS).
Además, US$ 159 millones se transfirieron a los sectores de médicos, docentes y fuerzas públicas; en tanto que para la amortización de la deuda, el monto destinado fue de US$ 77 millones.
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Justificación
De igual manera, el ministro López explicó que el artículo 35 de la Ley de Emergencia otorgaba una suerte de aprobación rápida a tres proyectos de leyes, que son US$ 200 millones del Banco Mundial (BM), US$ 100 millones del BM para el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para un programa específico, y US$ 90 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Esos son créditos que estaban a punto de terminar su proceso de cierre y que nosotros consideramos como una buena decisión de parte del Congreso para asegurar la liquidez, lo que no estaba en un principio relacionado al COVID-19, pero sí quedaba una autorización de fortalecimiento presupuestario de libre disponibilidad de parte del Estado. De esos créditos, lo que hemos usado para el fortalecimiento de los programas financieros fueron US$ 200 millones para fortalecer el Fogapy, fondo de garantía de las pymes y para financiar la fiducia, que estaba también autorizada en la Ley de Emergencia”, precisó.
Donaciones
Hasta ahora, las ejecuciones de fondos para la compra de insumos de protección por parte del Ministerio de Salud han fracaso, por lo que las donaciones de diferentes organismos internacionales, países que tienen relaciones diplomáticas con el país y empresas privadas han soportado el peso y los reclamos del personal de blanco.
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