Si bien el Gobierno habla de la importante ayuda en que consiste la herramienta del Fondo de Garantía para las Pymes (Fogapy), dicha garantía no llega para los que están siendo más afectados por la actual pandemia del COVID-19, que obligó a todo un país a cerrar y parar sus actividades desde hace casi 3 meses.

Al efecto, el economista Aníbal Insfrán, en entrevista con La Nación, señaló que dicho mecanismo no fue creado para los más afectados, que son los del sector informal, muchos que vienen trabajado desde hace años en tales circunstancias, generando incluso puestos de trabajo, pero que no tienen documentaciones que los avale.

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“El problema es que el Fogapy fue diseñado para las empresas formales, pero las más afectadas por la pandemia son las informales, por lo que este fondo de garantías no es la solución, debe crearse otro mecanismo, quizás también un subsidio o fondo estatal para la asignación de créditos, pero eso ya sería decisión política. Si hay voluntad, se puede hacer, porque a la larga somos todo el pueblo los que terminamos pagando las deudas a través de nuestros impuestos, pero estos informales también tienen que formalizarse para ello”, expresó.

El desafío país es el doble, ya que no se trata solamente de una crisis de salud, sino socioeconómicamente de un grado de informalidad muy alto que afecta aún más al sistema, apuntó.

Antes que nada, hay que entender para qué se tienen los instrumentos y claramente el Fogapy no está preparado para ayudar a los informales, sino bajo una estructura para mipymes formalizadas que ya operan con las entidades bancarias y que cuentan con sus documentaciones al día, y así lo asumen los bancos, explicó.

Aclaró que no se trata de dar privilegios a los informales, pero que es una realidad latente la existencia de dicho sector, que podría llegar a un 50% del PIB, y teniendo en cuenta que la Población Económicamente Activa (PEA) de Paraguay ronda las 4 millones de personas, se puede estimar que el sector informal orilla los 2 millones, acotó.

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Por lo tanto, la alternativa para otorgarles una asistencia, tendría que contar con dos componentes; en primer lugar, aprovechar y formalizarlos en un proceso rápido, sencillo y que en 10 minutos se le pueda otorgar el RUC y, en segundo lugar, que puedan demostrar su actividad con algún documento o evidencia de que trabaja y genera empleos, boletas de servicios del lugar donde opera, testigos, evidencias, entre otros.

“De alguna manera se tiene que demostrar en qué trabaja, por ejemplo, un lomitero de barrio, todos saben que trabaja en eso y que está empleando a al menos tres personas, pero él no es formal, pero seguro hace sus compras en el súper y al menos boleta ha de tener”, ejemplificó.

Los criterios deben ser bien analizados y, por sobre todo, evaluar si hay voluntad política de ayudar al sector, con tasas concesionales para los créditos que bien podrían no recuperarse en su totalidad, pero al ser parte o similar a un subsidio estatal, es el pueblo el que terminará pagando a través de los impuestos.

Otro requisito que podría contemplar la asistencia es el de mantener a cierto número de empleados para acceder al fondo y, de esa manera, apuntar a que no se pierdan los puestos de trabajo, como bien se puede hacer con el sector formal dentro de esa misma línea, ya que muchas empresas formalizadas no están pudiendo mantener empleos a falta de ingresos, pero si accede a un crédito para ello, podría hacerlo, acotó.

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