La senadora Celeste Amarilla (PLRA) participó en reiteradas oportunidades en votaciones para aumentar el presupuesto de la Gobernación de Central, institución que contrata de forma constante a una empresa amiga de la legisladora para la provisión de alimentación escolar. La legisladora reconoció en sus declaraciones juradas que seguía cobrando deudas a esa firma en particular.

Juan Carlos Lezcano

Cada uno juzga por su condición, plantea un viejo axioma popular. Refrán ligeramente modificado porque la senadora Celeste Amarilla amenaza con querellas a diestra y siniestra cuando se trata de hablar de sus vínculos e intereses con el alimento escolar.

El refrán hace referencia a lo que en psicología se conoce como proyección: un mecanismo de defensa que consiste en atribuir a otras personas o cosas sentimientos, deseos, cualidades o defectos que no se reconocen o se rechazan en sí mismo.

En la sesión extraordinaria de este miércoles, la senadora liberal acusó a su colega Gustavo Leite de impulsar un proyecto de ley para beneficiar a su amigo. Amarilla no hizo siquiera referencia a la cuestión de si la legislación que beneficia la venta de etanol sería positiva o no.

Y si hay algo de lo que sabe muy bien la senadora Amarilla es de formar parte de debates legislativos que podrían beneficiar a sus amigos o hasta a ella misma.

El caso más reciente de estos debates tuvo lugar el año pasado, cuando Amarilla formó parte de la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) a la que acudió el gobernador del departamento Central, el también liberal Ricardo Estigarribia.

Estigarribia solicitó una ampliación presupuestaria, alegando que necesitaba de los fondos para poder cumplir con el almuerzo y la merienda escolar a lo largo del 2024.

Y es ahí donde entran los intereses de la hoy senadora liberal. Y es que Celeste Amarilla tiene un vínculo muy cercano con la firma Latin Food SA, otrora llamada Arcángel SA, empresa dedicada a la provisión de alimentos.

De acuerdo con los datos que se desprenden en la web de la DNCP, esta empresa cercana a la senadora Amarilla fue beneficiada con un total de 28 contratos con entidades públicas desde 2010 hasta el presente año.

En total, esta firma recibió la friolera suma de G. 176.809 millones (unos USD 24,2 millones) por parte de instituciones del Estado.

LF Latin Food SA, anteriormente denominada Arcángel SA, es representada por María Isabel Gavi­án y Patricio Buteler. Esta empresa tiene una cercana relación con la senadora liberal. De acuerdo con la declaración jurada de bienes y renta presentada por la legisladora opositora ante la CGR en 2023, la empresa proveedora de merienda escolar le debe unos G. 124 millones, correspondientes a utilidades de ejercicios anteriores. Además, la legisladora se muestra como una amiga cercana de Gavilán en publicaciones realizadas en redes sociales.

Amarilla declaró una drástica reducción de la deuda de la empresa durante los años del gobierno de Mario Abdo Benítez. En la manifestación de bienes de Ama­rilla del 2018 figuran deudas a cobrar a Arcángel SA por G. 3.000 millones y en 2019 subió a G. 3.425 millones, ella ya era diputada en ese momento. Al asumir como senadora, sus cuentas a cobrar bajaron a G. 125 millones.

La drástica reducción en las deudas con Amarilla coincidió también con la presencia ininterrumpida de la misma en la Comisión Bicameral de Presupuesto. Es que, de acuerdo con la página web del Congreso, la misma ha formado parte de la CBP todos los años desde 2018.

Es decir, desde que ingresó al Congreso formó parte del estudio del presupuesto de las instituciones que contrataban a la que alguna vez fue su empresa y que le seguía debiendo dinero.

Volviendo a los vínculos de Amarilla y LF con la Gobernación del departamento Central, los datos revelan que ésta es la que más dinero adjudicó a la firma.

De hecho, el mayor contrato firmado por LF con una entidad pública fue precisamente con el gobierno centralino. En concreto, en 2015 la administración del liberal Blas Lanzoni firmó un contrato de G. 37.000 millones con la empresa que en esa época tenía aún a la hoy senadora (y correligionaria del entonces gobernador) Celeste Amarilla en su nómina accio­naria.

De los más de G. 176.809 millones que recibió esta empresa del Estado, la mayor parte provino de la Gobernación de Central. En concreto, fueron G. 130.405 millones de los centralinos los entregados a Latin Food.

El Ministerio de Salud Pública entregó otros G. 30.785 millones a la firma, que tiene entre sus “clientes” a las gobernaciones de Ñeembucú, Misiones, Alto Paraná, Concepción y Amambay. Además, también fue contratada por la Senad y la Municipalidad de Guajayvi.

Amarilla también tenía vínculos a la firma Pinoty SA. Entre 2012 y 2019, la firma fue beneficiada con un total de 30 contratos con el Estado, lo que le valió adjudicarse con más de G. 89.559 millones (unos USD 12 millones).

Al igual que LF Latin Food, Pinoty SA tiene una cercana relación con la sena­dora Celeste Amarilla. De hecho, ambas firmas comparten la misma represen­tante, según Contrataciones Públicas: María Isabel Gavilán. Como ya dijimos líneas arriba, esta empresaria muestra en redes sociales su cercana amistad con la legisladora.

Además, Pinoty SA es una de las deudoras de Amari­lla, según su declaración jurada de bienes y rentas. Cuando asumió como dipu­tada, en 2018, la firma le debía a la legisladora liberal más de G. 6.000 millones, suma que se redujo a G. 4.500 millones para 2019.

De acuerdo con la última DD. JJ. de Amarilla, presentada tras jurar como senadora el año pasado, la firma actualmente tiene una deuda de G. 1.611 millones.

La institución que más veces contrató a Pinoty SA fue la Gobernación de Cen­tral, con cuatro contratos. Le siguen las gobernaciones de Alto Paraná, Caaguazú y Ñeembucú con tres adjudicaciones cada una.

Nuevamente, Amarilla es una de las que debe analizar primero en la CBP y luego en el pleno del Senado, los pedidos de aumentos de las instituciones que le deben a la empresa que le debe dinero.

Así que, como ya señalamos líneas más arriba, si hay algo de lo que sabe muy bien la legisladora liberal es de votar para favorecer a sus amigos.

La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (Essap) lanzó este martes una campaña de exoneración de intereses para usuarios con cuentas morosas, destinada a ayudar en la regularización de sus deudas y aliviar su situación financiera. Esta iniciativa, impulsada por instrucciones del Presidente de la República, estará vigente hasta el 31 de enero de 2025.

Como principal beneficio, la campaña ofrece exoneración total de intereses moratorios para usuarios con cuentas activas y cortadas que puedan realizar el pago al contado. Además, para aquellos que no pueden cancelar la totalidad de su deuda en una sola cuota, Essap facilita planes de fraccionamiento, con un pago inicial mínimo del 10 % y financiación hasta en 36 meses.

La campaña también incluye un descuento del 50 % en recargos administrativos para regularizar conexiones clandestinas o irregulares. Essap habilitó sus Centros de Atención al Público en Asunción, San Lorenzo y oficinas regionales en el interior del país para recibir a los usuarios interesados. Asimismo, se encuentra disponible el número telefónico 021-162 para consultas.

Lea más: Essap adjudicó nueva estación de rebombeo en el acueducto del Chaco

Un sector del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) apunta a adelantar las elecciones partidarias para agosto del 2025 y uno de los objetivos detrás de la renovación de autoridades es poder transparentar la gestión financiera de la institución, la que acumula millonarias deudas, no obstante, aún se desconoce con exactitud el monto real de la misma.

“El presidente del partido tiene que rendir cuentas al Directorio cuando finaliza un ejercicio, es decir, cada año y en estos últimos nunca se dio eso. En su balance el PLRA debe G. 17.000 millones y los que asumieron luego de Efraín Alegre dicen que se debe casi G. 50.000 millones, entonces alguien está mintiendo, no se pueden omitir datos importantes”, aseveró el intendente Alcides Riveros.

En comunicación con La Nación/Nación Media, el jefe comunal de Fernando de la Mora e integrante del movimiento Nuevo Liberalismo ratificó que la postura de este bloque es la necesidad de renovar autoridades para el fortalecimiento del partido, pues sostienen que de esta forma, el pueblo liberal dará legitimidad a todos los que dirijan las riendas del partido.

Lea también: “Estamos destinando muchísimos recursos a las áreas más vulnerables”, afirmó Peña

Indicó que lastimosamente con la gestión de Hugo Fleitas, no se pudo dar el cambio de timón que esperaban luego de la destitución de Alegre. “Uno tiene que entender que cuando hay un cambio, eso se da para mejorar, pero si uno quiere seguir de la misma manera es difícil. Creo que la presidencia del Directorio es responsable de las actuaciones de los propios legisladores porque no sabe como manejar los tiempos” afirmó.

Sobre lo resuelto en la convención del pasado 6 de octubre, mencionó que aún no fueron remitidas la resolución ni el acta de convención al Tribunal Electoral Independiente (TEI), pero una vez que lo hagan, este órgano deberá convocar a las elecciones, las que fueron marcadas para el 17 de agosto del 2025.

“Se están poniendo en condiciones los documentos para informar a las instituciones correspondientes, que son la resolución de la convención firmada por quien presidió la convención y los secretarios correspondientes, más el acta. Hugo Fleitas había manifestado que iba a accionar en contra de lo resuelto por la convención, pero había que preguntarle a él si finalmente lo va a hacer, no obstante, la Justicia Electoral deberá resolver eso en su momento”, explicó.

Le puede interesar: Peña impulsó inversiones sociales masivas en jornadas de Gobierno

El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

Lea también: Carmen Villalba seguirá recluida en cárcel de máxima seguridad en Minga Guazú

La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

Te puede interesar: Operación Fleeting: ratifican prisión de imputado