La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) emitió la Resolución General Nº 54/2020, por la cual amplía las medidas administrativas transitorias con la que pretende mitigar los efectos económicos de la pandemia por el COVID-19.
Entre las medidas adoptadas se dispone la validez como sustento del crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de costos y gastos en los impuestos a las rentas, de las transacciones respaldadas con facturas remitidas o puestas a disposición por parte del contribuyente a sus clientes a través de cualquier medio electrónico. Esto comprende las transacciones realizadas desde el 1 de marzo hasta el 31 de agosto del 2020.
Te puede interesar: Pytyvõ: Segunda ronda de pagos se inicia desde el lunes
Asimismo, los ejemplares originales de las facturas remitidas mediante los medios electrónicos deberán ser puestos a disposición del cliente para la incorporación dentro de su archivo tributario antes del 31 de diciembre del 2020.
Desde la SET informaron que se podrá requerir a los contribuyentes informes respecto a las facturas emitidas o cualquier otra información relativa a las mismas que se encuentre almacenada en los medios tecnológicos de los que dispongan.
Por último, dentro de las medidas transitorias adoptadas, la SET establece que hasta el 31 de diciembre del 2020, la presentación del informe de auditoría externa impositiva recién será obligatoria a partir de la cuarta declaración jurada rectificativa, correspondiente a una misma obligación y período o ejercicio fiscal.
Lee también: COVID-19: Ande aguarda transferencia de recursos desde Hacienda
Dejanos tu comentario
Los niños son “especialmente vulnerables” a los cambios de hora, según experto
El responsable de la Unidad de Psicología Clínica Infancia y Adolescencia del Hospital Universitario San Rafael, el doctor Jesús Baños, ha asegurado que los niños son “especialmente vulnerables” a los cambios de hora.
“Los niños son especialmente vulnerables a dicho cambio horario, normalmente a partir de los cuatro o cinco años, hasta la adolescencia, está incluida”, ha señalado Baños, aunque también ha recordado que los ancianos se encuentran en este grupo.
El cambio de horario provoca “pequeñas alteraciones” que son superadas a los tres o cuatro días, cuando el organismo ya ha realizado los ajustes necesarios respecto a las costumbres sobre la hora de despertarse o realizar otro tipo de actividades cotidianas como el estudio, según un comunicado del mencionado hospital.
Lea también: Una dieta equilibrada ayuda a reducir el riesgo de desarrollar Alzheimer
“Normalmente en los menores afectan a la hora de acostarse o levantarse, hacer tareas, etc. Y se nota habitualmente en que están más irritables, o en que se quejan por no tener sueño y tener que irse a la cama cuando hay más luz; o al revés, porque antes se levantaban y había luz”, ha explicado Baños respecto a los cambios que más se pueden notar durante “dos o tres días”.
Estas reacciones tienen lugar debido a que el organismo “tiene una serie de ciclos circadianos de unas 24 horas de duración y otros de 12 horas” que funcionan en base a la luz y los horarios, razón por la que el doctor ha recomendado “anticiparse” al cambio de horario y realizar “pequeñas modificaciones”, con cuatro o cinco días de antelación, como acostarse “un cuarto de hora antes para ir acostumbrando al organismo”.
En caso de no haber tenido tiempo de tomar estas precauciones, Baños cree que se puede paliar el cambio “con una estrategia de más descanso, con la liberación de alguna obligación o siendo más permisivos con los niños antes de acostarse”, aunque también se pueden usar “trucos” como bajar más las persianas en caso de que haya más luz a la hora de acostar a los niños, o compensar con más actividades fuera de casa si cuando se levantan “está muy oscuro”.
“Vamos a salir con más luz, tener más rato para hacer alguna actividad fuera de casa, es decir, que vean cierto sentido al cambio”, ha manifestado. Al mismo tiempo, ha pedido entender que “la queja es una parte natural del proceso”, y que se debe “compensarla de alguna manera, restarle importancia, facilitar algún beneficio en los días posteriores”.
Fuente: Europa Press
Dejanos tu comentario
Caso agua tónica: Tribunal de apelación confirmó condena a Patricia Samudio
El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.
Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.
De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
Lea también: Carmen Villalba seguirá recluida en cárcel de máxima seguridad en Minga Guazú
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución.
Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.
Te puede interesar: Operación Fleeting: ratifican prisión de imputado
Dejanos tu comentario
Las arañas públicas se regodean con el grado de inversión
El grado de inversión alcanzado es una valiosa semilla sembrada en arena, que puede acabar en fracaso si no se toman ciertas medidas para corregir el abuso que cometen los funcionarios públicos.
Un día clásico de afrenta ocurrió esta semana. A las 6:30, un grupo de pacientes esperaba en IPS, donde desde a las 7:00 debía comenzar a atender la funcionaria de blanco. Eran las 7:40 y la puerta seguía cerrada. Del otro lado se escuchaban las risas en un evidente alargado desayuno.
Arriba, en el laboratorio, una jovencita –también de blanco– se olvidaba de su responsabilidad y extasiada escuchaba las aventuras de una mujer que le cuenta cosas muy simpáticas. Miraban concentradas el celular. En esa actitud, el cronómetro contaba 37 minutos de jolgorio en horario de trabajo, sin importar quiénes esperaban la atención.
Estos son ejemplos que se ven todos los días, como la barrera ilegal montada hace unos días por “zorritos” que acabó en la muerte de dos personas. En lugar de dirigir el tránsito, se esconden en lugares oscuros y con prepotencia amenazan a los conductores para exigirles dinero para evitar multas. Otro ejemplo de acostumbrada corrupción impune a la vista de todos ocurrió también esta semana en la Municipalidad de Lambaré.
Tras dos años de dejar el volante, este mes un lambareño decidió volver a conducir y fue a ponerse al día con la habilitación vehicular y renovar la licencia de conducir.
En la caja le informan que debe ir hasta el tinglado, presentarse en una ventanilla. Por la habilitación se paga y es rápido el trámite, pero para renovar la licencia los funcionarios exigen un documento en el que debe constar que quien realiza el trámite vive en la ciudad. Para conseguirlo hay que llenar una solicitud, ir hasta la comisaría –fuera de la municipalidad– para que le otorguen de forma “gratuita” el certificado de vida y residencia, según argumentan es un requisito insalvable de la Opaci.
En lugar de tener que ir fuera del recinto, sería más rápido y práctico fijarse en el banco de datos de la municipalidad, donde debe figurar si el contribuyente tiene algún inmueble en la ciudad, pero no, lo obligan a ir hasta la comisaría.
Allí, una funcionaria le indica que, tras completar la solicitud, debe volver al día siguiente a retirar el documento. Eso implica más gastos de dinero y tiempo. ¿Por qué no puede entregar el informe en el momento y evitar esa burocracia innecesaria? Además, debe traer a dos testigos que aseguren que vive en la ciudad. Ella sabe que el solicitante está apurado, entonces como es “demasiado buena” insinúa que por G. 20.000 puede acortar todos esos trámites. Dos billetes de Rodríguez de Francia son buenos testigos en este caso y con presteza sella el documento.
De vuelta a la municipalidad, surge otro requisito: un curso con los bomberos. Cansado y humillado, el contribuyente ya no desea más atrasos y solo rumia sin discutir al enterarse que por ese “curso” debe pagar G. 35.000.
Se sienta en el puesto de los bomberos para recibir el curso. Una mujer le reitera el precio. Paga y espera con curiosidad para ver de qué trata el aprendizaje. Espera. La mujer le pasa un papel y le dice: “listo”.
En ese momento entiende de qué trataba el curso: otra forma de sacarle dinero, como en la comisaría. La enseñanza es humillante, se percata de cómo abusan de forma legal y descarada, sin otorgar nada a cambio, sentados como arañas esperando a la próxima mosca.
En todas las dependencias públicas se repite de una u otra manera la misma fórmula que obliga a las personas a pagar “legalmente” por servicios inexistentes que solo sirven para que los funcionarios llenen sus propios bolsillos.
En esta arena sin nutrientes está sembrado el grado de inversión. Ahora que vendrán extranjeros, no les va a caer muy bien que estos arácnidos sin ética les pidan dinero cuando lleguen con la intención de hacer negocios, a pesar de las garantías ofrecidas por el Gobierno. Veremos cuántos inversores huyen de estas arañas y los comentarios que harán a sus otros colegas inversionistas para que no vengan.
Dejanos tu comentario
Exdirector de la Policía Municipal de Tránsito Juan Villalba volvió a prisión
El juez Osmar Legal revocó las medidas alternativas y decretó la prisión preventiva de Juan Villalba, exdirector de la PMT de Asunción, acusado por violencia familiar. Debido al comportamiento procesal del acusado, el referido magistrado decidió revocar las medidas y ordenar la prisión del acusado.
“El acusado se ha mostrado renuente al cumplimiento de los llamados realizados por este juzgado para el avance armónico del proceso penal, en ese sentido, consta en autos, actos dilatorios realizados por el hoy procesado tendientes a obstaculizar el desarrollo del proceso hoy seguido”, indica parte de la resolución del juez Legal.
En su momento, Villalba fue beneficiado con medidas sustitutivas, como la obligación de comparecer ante el juzgado de forma trimestral, comunicar cualquier cambio de domicilio, prohibición de salir del país sin autorización, de acercarse a las víctimas, entre otras.
Te puede interesar: Juez admitió imputación por testimonio falso contra exfiscala Casse Giménez
Acusación
Las fiscalas Fátima Villasboa y Susana González presentaron acusación contra el exdirector de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción (PMT), Juan Villalba, por violencia familiar contra su esposa y cuñada. Asimismo, solicitó este viernes que el caso sea elevado a juicio oral y público, según informó la periodista de Última Hora, Liz Acosta.
De acuerdo con la acusación, el 5 de diciembre del 2023, alrededor de las 4:00, Juan Villalba y su esposa mantuvieron una discusión en el dormitorio debido a que la mujer se opuso a que el sospechoso haga un viaje. Ella buscó impedir que Villalba saliera del departamento, por lo que aparentemente él la agredió físicamente.