Luego de la denuncia por una supuesta millonaria apropiación por parte Anadelia Acosta, ahora exfuncionaria de la Cámara de Diputados, desde la Administración Nacional de Electricidad (Ande) señalaron que existe actualmente una deficiencia en el sistema de pago de indemnizaciones que se realiza a través de entidades bancarias.

“Nosotros estamos conmocionados y simplemente esto nos lleva a la siguiente reflexión, estamos en situación de vulnerabilidad de instrumentos públicos en primer lugar, y en segundo lugar de una vulnerabilidad atribuible al banco que debe efectivizar los cheques”, expresó Nelson Medina, asesor jurídico de la Ande.

En este sentido, señaló que la institución no realiza estos pagos abonando en efectivo a ninguna persona, tampoco se emiten cheques al portador, lo que permitiría reducir el margen de que terceros se apropien de dinero que no les corresponde, tal y como sucedió aparentemente con Acosta, quien se habría quedado con parte de los G. 800 millones que pagó la Ande a una familia vulnerable.

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“En todos los casos nosotros hemos emitido un cheque nominal, en el que se consigna de forma clara y contundente la identidad del beneficiario y lleva una leyenda con mayúscula y negritas con el término no transferible. Si el beneficiario no quiere percibirlo en ventanilla, se deposita a una cuenta que tenga a su nombre”, explicó.

No obstante, Medina indicó que el principal problema radica en que los beneficiarios confían en terceras personas y le entregan un poder mediante el cual realizan gestiones, motivo por el que es difícil para la Ande determinar de primera mano si el dinero llegó realmente a las personas que tenía como destino.

“Nosotros no podemos anticipar el desenlace en ese tipo de situaciones, sin embargo, ayer el presidente de la Ande sacó una resolución que dispone que tratándose de pagos administrativos, solamente se va a entregar en propias manos en nuestra sede central y si no puede trasladarse esa persona, porque siempre son personas del interior, vamos a trasladarnos con todo nuestro equipo para que ese cheque llegue a manos del beneficiario”, indicó a la 1080 AM.

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La Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJP) presentó hoy lunes, en el Ministerio de Trabajo, un proyecto de decreto presidencial para permitir la elección de un representante del sector a fin de integrar el Consejo Nacional de Seguridad Social.

El proyecto de decreto del Poder Ejecutivo establece el mecanismo de elección de un representante de los jubilados para integrar el Consejo Nacional de Seguridad Social, creado por ley de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.

Este Consejo de Seguridad Social es clave para el futuro de los jubilados, debido a que este colegiado institucional es el que designa al representante del sector, señalaron los jubilados.

“Hemos propuesto un proyecto de decreto para la firma del presidente Peña, en la que se disponga que la elección sea en voto libre, universal, directo, secreto, general en todo el país, en otras palabras: que voten los 160 mil jubilados del país, que se llegue a votación directa por parte de todos los jubilados para elegir a representante del sector ante el Consejo”, afirmó el presidente de la UNJP, Pedro Halley.

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Cualquier persona que ya ha llegado a la jubilación y que cuente con el respaldo de su asociación u organización puede ser candidato a representante de los jubilados.

Igualmente, proponen que el jubilado que resulte electo en comicios libres, directos y transparentes, como representante del sector en el Consejo, percibirá como única remuneración, por el ejercicio del cargo, su correspondiente haber jubilatorio.

El titular del gremio de jubilados estuvo acompañado del Dr. Carlos Villalba, asesor jurídico de la UNJP, durante la entrega de proyecto de decreto.

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Según explicó Jorge Delgado, director general de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Caja Fiscal está atravesando uno de los momentos más críticos de su historia, ya que los parámetros que se tienen para configurar la jubilación de los distintos sectores determinan un desequilibrio en los recursos.

Precisó que el déficit de la Caja Fiscal hoy es producto de los parámetros diferentes que se tienen. Uno de los ejemplos que dio es que hay pagos que hoy se realizan por medio de una inyección presupuestaria con recursos del Tesoro y es eso lo que se debe buscar cambiar para lograr la sostenibilidad fiscal.

“Si bien es un derecho la continuidad del pago, también es un compromiso para el Estado, conjuntamente con los parlamentarios, ver alternativas que puedan modificar los parámetros vigentes y buscar la sostenibilidad financiera para seguir con los pagos. Es importante siempre garantizar los pagos, pero el equilibrio financiero es, más que nada, hoy prioridad, de manera a evitar recursos del Tesoro que puedan sostener estas cajas”, dijo a la 730 AM.

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Por ende, recordó que es de suma urgencia ejecutar una reforma y modificar estos parámetros a fin de devolver una simetría a la caja. Sostuvo que se debe reconocer que está complicada la situación de la caja de jubilaciones, mientras que la fiscal está pasando por un momento muy complejo.

“Estos recursos son necesarios muchas veces para la continuidad del pago, pero más que nada, es necesario estudiar la situación de cada sector, el déficit de cada sector, el análisis de los parámetros que benefician a los diferentes sectores para buscar un equilibrio y dar tranquilidad a los jubilados”, reiteró.

Acerca de las soluciones que se están barajando, mencionó que el Ministerio de Economía está trabajando en una propuesta de reforma que va a ser presentada el próximo año. Este proyecto lo está liderando el viceministro de Economía, Javier Charotti.

Detalló que hoy se cuenta con 6 cajas vigentes y administradas por el MEF. El sector contributivo civil, docentes, docentes universitarios, magistrados nacionales, fuerzas públicas entre policías y militares. Mencionó que algunas gozan de una salud estable porque tienen un equilibrio financiero y un mínimo superávit que es de la administración pública.

“Ellos tienen sus propios recursos. Los demás tienen reservas, excepto los docentes y las fuerzas públicas, que ya no cuentan con reservas. Si hoy hablamos de déficit, la única que tiene equilibrio financiero y no tiene déficit es la administración pública. Las demás están todas en déficit”, añadió.

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El Instituto de Previsión Social (IPS) continúa con su plan de amortizar las deudas que tiene con sus distintos proveedores. El presidente de la institución, el doctor Jorge Brítez, manifestó que pese a la difícil situación financiera en la que aún se encuentra, esta administración realiza esfuerzos por cumplir con todas sus obligaciones.

“Ayer cerramos la cesión de derecho por USD 223 millones, los que se fueron proporcionalmente para nuestros deudores. Con eso cubrimos la deuda con nuestros proveedores en un 48 %”, manifestó Brítez en conversación con “Tarde de perros”, programa emitido por Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, manifestó que están expectantes del tratamiento del Congreso al proyecto de ley que apunta de a dejar de destinar el 2,5 % de los aportes patronales al Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), al Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) y al Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), esto con el objetivo de redireccionar estos recursos e invertirlos en el área de salud.

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“Si eso se aprueba, con esos recursos vamos a comprometernos para tratar de acelerar el pago de la deuda con los proveedores, nosotros vamos a comprometernos con eso”, afirmó. De acuerdo a lo expuesto por Brítez, mediante esta ley la previsional podría disponer de unos USD 110 millones de forma anual, lo cual será de suma utilidad desde el aspecto financiero.

“Mucha gente que ya cobró, ayer aprobamos las últimas que presentaron sus solicitudes y seguro entre hoy o mañana van a estar cobrando todos. Aparte de eso vamos a seguir pagando gracias a los recursos genuinos que nos ingresan, pero no será igual al monto de los que cobraron hasta ahora”, dejó en claro el titular del IPS.

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