El Ministerio de Justicia inicio un plan de separación de personas condenadas y procesadas en distintos establecimientos del sistema penitenciario. Este enfoque no solo garantiza el respeto a la presunción de inocencia y los derechos humanos de los procesados, sino que también promueve un ambiente más seguro y adecuado para ambos grupos, de acuerdo al informe de la cartera estatal.

La separación de personas condenadas y procesadas en el sistema penitenciario es un principio fundamental que se encuentra respaldado por normativas nacionales e internacionales. La implementación efectiva de esta separación es esencial para prevenir abusos y violaciones de derechos, así como para facilitar el acceso a programas de rehabilitación y tratamientos individualizados.

El plan de separación se inició en la Penitenciaría Regional de Emboscada “Padre Antonio de la Vega” y en la Penitenciaría Regional de Misiones y contó con el apoyo del Programa de Transformación Integral para Personas Privadas de Libertad (PTI).

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En el “Padre de la Vega” se procedió a la reubicación de más de 180 personas condenadas, exclusivamente en el pabellón E Alta, destinado para condenados. En la Penitenciaría Regional de Misiones fueron reubicadas 153 personas condenadas en el pabellón D Alta, especialmente designado para condenados.

Adicionalmente, el pabellón A Alta Admisión se asigna a las personas privadas de libertad que ingresan por primera vez, mientras que el pabellón D Baja también recibe a personas procesadas, en espera de su situación judicial. Esta separación tiene como propósito facilitar el manejo y supervisión de las PPL, según su situación jurídica y nivel de condena.

Este proceso de separación contribuirá a la mejora de las condiciones de detención y reflejará el compromiso del país con la protección de los derechos humanos. Este plan de trabajo tiene como meta abarcar todas las penitenciarías del país de manera progresiva.

El Programa Transformación Integral brinda su respaldo y cooperación a esta iniciativa con miras a expandir este plan a todas las cárceles del país, de manera a lograr un sistema penitenciario más organizado, seguro y de conformidad con los principios de derechos humanos y la legislación vigente.

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El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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A fin de lograr el objetivo de los productores de la agricultura familiar y aggiornarse a las exigencias del mercado, desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) se encuentran incorporando una especialidad basada en la tecnología de alimentos que pueda ayudar a mejorar la producción. Así lo indicó el titular de la cartera, Carlos Giménez, quien mencionó a La Nación/Nación Media que una de las debilidades del sector es el marketing, por eso mediante tecnólogos de alimentos se proporcionará un manejo y tratamiento en la conservación de los productos poscosecha en el tratado y cuidado.

“Esto para una mejor comercialización, tiene una mayor durabilidad, mantener la calidad de los productos, es una nueva modalidad que estamos incorporando”, comentó. Otros de los factores es la incorporación de las ferias para tener mayor fluidez en la venta.

Afirmó que de esta manera la asistencia técnica no solamente cubre la parte productiva, sino que también abarca la comercialización que es un factor fundamental para que los agricultores logren vender más productos en el mercado.

Por otro lado, Giménez destacó que la semana pasada se reunió con el representante del Banco Mundial (BM) para asegurar mayor financiamiento para el sector agropecuario y su viabilidad para su continuidad.

“Muchas veces se llega a organizaciones muy estructuradas u organizadas, pero los más pequeños no pueden acceder a ese beneficio”, remarcó. Dijo que se logró modificar el manual de procedimientos a fin de llegar a las organizaciones más incipientes, financiando proyectos productivos a través del programa de inserción a los mercados.

El Gobierno presentó la iniciativa para mejorar el acceso a créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), a través del “Plan Nacional de Transformación Digital y Financiamiento de Mipymes”. 

Es el resultado de la colaboración entre diversas instituciones del Poder Ejecutivo y del sistema financiero, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico del país, señala la publicación digital de hoy.com.py.

El plan forma parte de una estrategia que busca fortalecer un sector que representa una parte significativa de la población y posee un gran potencial para el crecimiento económico de Paraguay. La implementación de este plan es fundamental para garantizar que las mipymes puedan acceder a las herramientas necesarias para su desarrollo.

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El plan apunta a la creación de una plataforma digital que permitirá a las mipymes obtener la Cédula Mipymes, emitida por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Esta plataforma contará con un sistema de interconexión entre varias instituciones, incluyendo la Dirección de Ingresos Tributarios y el Ministerio de Trabajo, facilitando el acceso a diversos servicios.

Con esta cédula las empresas podrán abrir cuentas bancarias de manera inmediata, aceptar pagos y vender productos en línea. Además, tendrán la oportunidad de comercializar internacionalmente a través de servicios como ExportaFácil del Viceministerio de Mipymes y el Correo Paraguayo.

De acuerdo a las informaciones suministradas por el Ministerio de Industria y Comercio, la primera fase del plan se lanzará este mes. La segunda etapa se enfocará en el acceso al financiamiento, un desafío crucial para las Mipymes. El Gobierno está trabajando en conjunto con la Agencia Financiera de Desarrollo, el Banco Nacional de Fomento y el Crédito Agrícola de Habilitación para ofrecer líneas de financiamiento, así como explorar opciones alternativas con el Banco Central del Paraguay.

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