El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, anunció que se estará convocando la próxima semana al titular del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), la doctora Jabibi Noguera y a la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, a fin de conversar sobre cuánto es el recurso que necesita para brindar una atención integral a los enfermos oncológicos.

Explicó que esta reunión aún se está tratando de coordinar con las respectivas autoridades, y podría ser entre lunes o martes de la próxima semana.

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Mencionó que el objetivo es tener una visión más clara de la situación real del Incan, antes de tratar en el plenario el proyecto de Ley de modificación del Presupuesto General de la Nación 2025, para otorgar mayores recursos para la compra de medicamentos oncológicos.

Por otra parte, el legislador se refirió a la falta de consensos que aún no se está logrando respecto al proyecto presupuestario del Incan.

“Entiendo que el consenso no solo no existe dentro de nuestra bancada, sino que se da con las diferentes bancadas. Es más, hablé con algunos actores de la disidencia y estamos de acuerdo en convocar a la directora del Incan, a la ministra de Salud Pública, la próxima semana, para ver bien en qué área en específico tendrían faltantes”, mencionó.

Al respecto, recordó que con el PGN 2025, ya se le había otorgado un aumento de 50 millones de dólares, lo que representa unos 400.000 millones de guaraníes al Incan, y hasta el momento, la ejecución no está superando el 30 %.

“Queremos hablar con la ministra de Salud, con la directora del Incan, es un proyecto que abre este debate, no solamente para los pacientes con problemas de neoplasias, cáncer, y esto no solo lo digo como médico, tenemos que ver también otras afecciones”, explicó.

No obstante, coincidió con su colega Antonio Barrios, uno de los proyectistas de la iniciativa en cuestión, que finalmente todo pasa por la voluntad política.

Recordó que tanto la Comisión Bicameral de Presupuesto, como también la comisión asesora del Senado de Hacienda y Presupuesto, trabajaron hasta fin de año en la elaboración del PGN 2025 que finalmente fue sancionado y promulgado que todos respetaron y acompañaron.

“Por eso es esta convocatoria, para analizar con base en el proyecto de Ley que los colegas Tony Barrios, Leite y otros han planteado, convocaremos a la directora del Incan y si necesita otros USD 50 millones más, desde luego que se les dará, pero tienen que tener la capacidad de ejecutarlos”, acotó.

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La Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) llevó a cabo su asamblea general ordinaria este jueves 24 de abril, en su sede social. El encuentro congregó a socios del gremio para la presentación de la memoria institucional, la aprobación del balance general y la elección de nuevas autoridades.

Tras la renovación del consejo ejecutivo de Capaco para el periodo 2025-2027, resultó electo como nuevo presidente, el ingeniero José Luis Heisecke, empresario de gran trayectoria gremial y reconocida experiencia en el sector de la construcción, quien además, ya ejerció como titular del gremio en periodos anteriores.

Durante su discurso, el Ing. Heisecke resaltó que los ejes centrales de su gestión serán fortalecer la participación de empresas dentro del gremio, generar más oportunidades y trabajar decididamente para que el sector de la construcción siga siendo un motor clave del desarrollo nacional.

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“Vamos a fortalecer nuestro gremio a partir de una plataforma estratégica que es nuestro Centro de Estudios Económicos, que también nos permitirá seguir aportando en la construcción de políticas públicas a partir de la evidencia”, manifestó.

Por su parte, el presidente saliente, Ing. Guillermo Mas Duarte, presentó su balance correspondiente al 2022-2024, el cual fue aprobado por la Asamblea. En su mensaje de despedida, expresó: “Me despido con optimismo y con la convicción de que la unidad es nuestra mayor fortaleza. El desafío sigue siendo grande, pero también lo es la oportunidad de construir un país más justo, más desarrollado y más inclusivo”.

Además de la renovación presidencial, fueron designados como nuevos miembros titulares del Consejo el Ing. Jorge Moreno, el Ing. Guillermo Mas Duarte, el Lic. Luis González, el Ing. Diego Bentel y la Ing. Claudia Vallejos; mientras que como miembros suplentes el Ing. Luis Bóveda y el Arq. Sebastián Pérez.

Seguido, fueron electos el Ing. Juan Carlos Fischer como síndico titular y el Ing. Augusto Ortellado como síndico suplente. También se eligió como miembros del Tribunal Electoral Independiente al Ing. Guido Arce, la Ing. Gloria Rolón y el Ing. Arnaldo González; mientras que como miembros del Tribunal de Honor fueron electos el Ing. Óscar Bieber, el Ing. Juan José Barrail y el Ing. Miguel Guanes.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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El senador Dionisio Amarilla, quien preside la comisión de Cuentas y Control de la Cámara Alta, confirmó que a partir del próximo martes comenzarán a evaluar el informe de la Contraloría General de la República respecto a la ejecución del Programa Hambre Cero.

El parlamentario brindó detalles de lo conversado en la mesa asesora, e indicó que los miembros de la mesa de trabajo decidieron convocar al contralor Camilo Benítez en la próxima reunión del martes 29 de abril a las 7:30. Esto para que brinde su versión sobre los primeros informes de evaluación que llevaron adelante sobre el plan de alimentación escolar.

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Mencionó que a partir de esa presentación del informe de evaluación se irán convocando a los diferentes gobernadores, así como al ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas.

No se descarta sobrepasar el umbral y convocar a los proveedores, a las distintas empresas que han suscrito contratos, tanto con las gobernaciones, como con el ministerio de Desarrollo Social.

“Queremos escuchar la versión de cada uno de ellos, porque es un programa que nos interesa a todos. Estamos hablando de una suma varias veces millonaria que invierte el Estado paraguayo y eso debe garantizar la provisión en tiempo, en forma, en cantidad y en calidad de esos alimentos para los alumnos en todas las escuelas del país”, expresó.

Al respecto, explicó que existen varias denuncias periodísticas sobre casos puntuales; que igualmente son contemplados en el informe final de la Contraloría General de la República. “Sobre esta base es obligación de la Comisión de Cuentas y Control entender en este asunto e interiorizarse sobre cada caso.

Días atrás, la Contraloría General entregó el informe al Congreso Nacional sobre varias irregularidades detectadas en el programa Hambre Cero, implementado por el Gobierno de Santiago Peña. No obstante, han constatado igualmente que todos los alumnos matriculados y cuyos padres han dado el consentimiento están recibiendo el alimento diario.

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