La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) emitió un comunicado a través del cual informa sobre la suspensión temporal de la atención al público y de las actividades de la institución ante sospechas de un posible caso positivo de COVID-19, según resolución Dinapi/RG/N°12/2020.
El documento fue divulgado hoy lunes 11 de mayo para dar a conocer a la ciudadanía en general la suspensión desde la fecha hasta que se puedan tomar los recaudos pertinentes conforme a los protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), la Secretaría de la Función Pública, así como el protocolo aprobado por la resolución Dinapi/RG/N°10/2020.
Así, el documento pone a conocimiento de la ciudadanía el cumplimiento de las disposiciones, de modo de salvaguardar la salud y seguridad de todos los funcionarios, así como de las personas que precisen de alguna gestión hasta las oficinas de la Dinapi, que se encuentra en España 323 casi Estados Unidos, conforme respalda la firma del director nacional de la Dinapi, Joel Talavera.
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Hay que mencionar que la institución reabrió sus puertas este martes 5 de mayo en el marco de la implementación de la cuarentena inteligente establecida por el Gobierno Nacional, a fin de flexibilizar las medidas de confinamiento que entraron en vigencia ya el 10 de marzo pasado.
Para el efecto, la Dinapi había desarrollado dos herramientas digitales para la atención al público, como ser el sistema Sprint, que permite el pago de tasas e ingreso de solicitudes de registros y renovaciones de marcas, el cual llegó a registrar un total de 1.031 solicitudes desde el 14 de abril hasta el 5 de mayo.
Y por otro lado, el Sistema de Turnos, que entró en vigencia desde el lunes 4 de mayo y que permitía a los agentes acudir en un horario específico a la institución para realizar los trámites y evitar la aglomeración de personas. Ambas herramientas fueron desarrolladas por la Dirección de Informática de la Dinapi y están en continuo mejoramiento para lograr una atención óptima a los usuarios.
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Según la institución, la misión de la misma es la de diseñar, implementar, fomentar y coordinar las políticas públicas de propiedad intelectual, concediendo la protección de los derechos derivados de esta materia a fin de garantizar la seguridad jurídica a sus titulares.