La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) dispone, mediante la Resolución General N° 52/2020, la reanudación desde el 6 de mayo del 2020 de los plazos administrativos suspendidos. Esto incluye los procesos de determinación, aplicación de sanciones, sumarios administrativos referidos a pedidos de devolución de créditos fiscales y de recursos de reconsideración.
En ese sentido, dispone que los plazos de caducidad o prescripción de los créditos fiscales a favor del contribuyente quedarán suspendidos desde el 27 de marzo del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020.
Además, los sumarios administrativos y recursos de reconsideración, relativos a procesos de devolución de créditos fiscales en trámite, seguirán su curso hasta su resolución y, si existen importes a devolver al contribuyente, la acreditación se hará a partir del 1 de enero del 2021.
Por último, la SET derogó todas las normativas anteriores que podrían permitir la aglomeración de personas en las oficinas impositivas. El interesado puede consultar las mismas: el artículo 3° de la Resolución General N° 89/2012, el último párrafo del artículo 7° y el artículo 10 de la Resolución General N° 77/2016, el último párrafo del artículo 3° de la Resolución General N° 99/2016, la Resolución General N° 43/2020, el artículo 27 de la Resolución General N° 114/2017, el artículo 3° de la Resolución General N° 51/2020.
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Estafa a colonos: imputan por estafa a funcionario del Congreso y a otras personas
El fiscal José Godoy presentó imputación por los delitos de estafa, asociación criminal y producción de documentos falsos contra el funcionario del Congreso, Willian Bogarín Campuzano, quien integra presuntamente un esquema de estafa a colonos con venta de tierras en el Chaco. Asimismo, el Ministerio Público presentó la imputación contra Ilse Marisela Paredes y José Francisco Ljubetich.
Ahora la justicia tendrá que convocar a los imputados para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si los imputados van a estar privados de libertad.
De acuerdo a la denuncia presentada en sede del Ministerio Público resultaron víctimas los hermanos Bernardo Friesen Neufeld, y Herman Friesen Neufeld, colonos de Río Verde, distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, a quienes se les habría estafado por la suma de USD 1.200.000.
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El representante del Ministerio Público realizó un allanamiento a un estudio jurídico donde se incautaron varios documentos. La información refiere que la estructura estaba conformada por el funcionario legislativo Bogarín Campuzano, quien sería muy cercano a la diputada Jazmín Narváez, realizó los trámites a favor de los colonos para que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) pueda adjudicar tierras en el Chaco.
Pasaron los meses y años, y las víctimas de estafa comenzaron a dudar de las promesas que realizaba el funcionario del Congreso, así como de los demás imputados en el presente caso por lo que se asesoraron con otros profesionales que descubrieron los hechos irregulares denunciados en sede del Ministerio Público.
Bogarín Campuzano se encuentra bajo sumario administrativo y por de pronto, desvinculado de su cargo que venía ocupando como director general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de la Cámara de Diputados.
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Fiscal pidió 25 años de cárcel para fusilero del EPP, acusado por secuestro de Cecilia Cubas
El fiscal Lorenzo Lezcano pidió 22 de cárcel, más 3 años de medida de seguridad para Lorenzo González Martínez, integrante del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), acusado por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas Gusinky. El representante del Ministerio Público realizó el pedido durante la exposición de los alegatos finales del presente juicio oral.
De acuerdo a lo mencionado por el fiscal Lezcano se ha comprobado la participación de González Martínez en todos y cada uno de los hechos punibles que se le atribuyen y que tuvo como resultado el asesinato de la hija del exvicepresidente Raúl Cubas Grau entre setiembre de 2004 y febrero de 2005.
Del mismo modo el fiscal explicó que los elementos que se tiene y que se ha debatido en este juicio oral son contundentes y por ende es bastante peligroso el acusado atendiendo a los vínculos que mantuvo con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, sustentado principalmente a través de correos electrónicos expuestos durante el debate oral y público.
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González fue extraditado a Paraguay en febrero del 2022 y es señalado como el “fusilero” del autodenominado EPP. También tuvo participación en la captura de la hija del expresidente Raúl Cubas Grau. Además de este antecedente, el ahora procesado aparece en un video de una reunión del grupo criminal que data del 2004.
Condenado a 34 años de cárcel
Por otra parte, meses atrás la Cámara de Apelación, conformada por José Waldir Servín, Gustavo Santander y Agustín Lovera Cañete, confirmó la condena para Óscar Luis Benítez por el secuestro y muerte de Cecilia Cubas. Benítez fue condenado a 24 años de cárcel y 10 años como medida de seguridad el 29 de junio del 2021 por el Tribunal de Sentencia integrado por Carlos Hermosilla, Sandra Farías, y Fabián Escobar.
Tras el secuestro de Cecilia Cubas en el 2004, Benítez se fugó del país y se mantuvo oculto en el Brasil durante 14 años, donde fue descubierto por la Policía en el 2017 y extraditado a nuestro país para afrontar los cargos de secuestro y homicidio doloso.
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Caso Britimp S.A: imputan a hombre que habría participado en retención ilegal
La fiscal de San Lorenzo Mirtha Rivas imputó por hechos punibles de privación de libertad y asociación criminal a un hombre que está investigado de haber participado en la retención ilegal del gerente general de la firma transportadora de caudales Britimp S.A., su esposa y un empleado de la referida empresa.
El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del imputado quien deberá ser convocado por el juzgado penal de garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si Carlos David González alías “Gaby” va a una cárcel.
El hoy imputado de profesión conductor de la plataforma Bolt, quien estaba al mando de un auto marca Toyota, modelo Runx, color negro, año 2001, con chapa N° KBB 829, se reunió con otros sujetos en la “Quinta El Progreso”, ubicada en la calle sin nombre del barrio Yataity de Capiatá.
González es investigado de haber proveído el servicio de transporte y apoyo logístico para huir del lugar a los delincuentes, una vez que se concretó la privación de la libertad de Pedro Barrios, Emilia Sánchez y el empleado de la empresa. Los delincuentes llegaron a la casa de las víctimas ubicada en San Lorenzo, ocasión en que 5 a 6 hombres ingresaron a la vivienda, con armas largas tipo fusil en mano, vestidos con uniformes de policía camuflados tipo Lince.
Los sujetos amenazaron a las víctimas y llevaron a la pareja en contra de su voluntad, transportándolos en vehículos separados, a la vez de llevarse todos los celulares de los integrantes de la familia. Los llevaron hasta la sede de la empresa, ubicada en Asunción, en donde obligaron a Barrios a que llame al encargado de monitoreo llamado Félix Ortiz, para señalarle que tenía un sobre cerrado para entregarle.
Ortiz salió para hablar con Barrios, ocasión en que fue controlado por los delincuentes, quienes igualmente privaron de su libertad al empleado. Los sospechosos preguntaron a Ortiz sobre datos confidenciales de la empresa para luego liberarlo en la zona del Shopping San Lorenzo.
Para la Fiscalía existe evidencia que confirmaría que el imputado, Carlos González, estuvo con los delincuentes antes y después de la perpetración de los hechos.
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Fiscala pidió anular absolución de acusados por quema de Colorado Róga
La fiscal Yeymi Adle presentó la apelación contra la resolución de primera instancia que había absuelto de culpa y pena a los procesados por la quema de Colorado Róga. Ahora será un tribunal de apelación el que deba decidir si anula el fallo de primera instancia y ordena la realización de un nuevo juicio oral y público.
Los acusados que fueron absueltos y para quienes se pide un nuevo juicio oral y público son Pedro Areco, Arnaldo Martínez y Enrique Agüero. Los mismos fueron procesados por delitos de producción de riesgos comunes, perturbación de la paz pública, daños a cosas de interés común y daños a obras construidas.
La representante del Ministerio Público señala en su apelación que el fallo de primera instancia adolece de errores en la aplicación de preceptos legales, específicamente, en lo que respecta a la absolución de reproche y pena de los tres acusados y, por otro lado, la valoración arbitraria de las pruebas producidas en el juicio oral.
El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Olga Ruiz, Celia Salinas y Víctor Alfieri, absolvió a Pedro Areco, Arnaldo Martínez y Enrique Agüero, por producción de riesgos comunes, perturbación de la paz pública, daños a cosas de interés común y daños a obras construidas, causa que deriva del incendio de Colorado Róga.