El Instituto de Previsión Social (IPS), encabezada por el doctor Jorge Brítez, solicitó a la Contraloría General de la República que realice una auditoría de la compra de bonos a la entidad ueno bank por valor de USD 32 millones. Según indicó el presidente, lo que se busca es dar tranquilidad a los asegurados sobre esta inversión.

“Sobre todo es para dar transparencia a la gestión, no hay nada que esconder, pero tenemos que hacer, de lo contrario estaremos rayando la lesión de confianza. Si ese dinero que tenemos a la vista nosotros no procedemos a invertir de alguna forma, estamos imcumpliendo con lo que dice la Carta Orgánica porque estamos al tope con las colocaciones a plazo fijo, buscamos otra alternativa financiera y en este momento es el tema bonos”, explicó Brítez.

En contacto con “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN-Universo 970 AM/Nación Media, el titular de la previsional indicó que vía nota se requirió a la entidad contralora que realice la auditoría y posteriormente, tuvo una reunión con el contralor Camilo Benítez, a quien solicitaron que verifique el movimiento financiero de los últimos años, incluyendo los realizados en esta administración.

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“Tuvimos una conversación solicitándole que haga insistencia sobre el tema bonos, que es lo que estaba llevando la atención todo este tiempo. El contralor y me dijo que iba a hacer todo lo que fuera necesario para aclarar esta situación y que si hay algo irregular tanto en la anterior administración como en la nuestra, ahí va a saltar”, expuso el médico.

Brítez aseguró que se dijeron muchas cosas que no son ciertas alrededor de esta operación y que el Consejo de Administración realizó el análisis correspondiente sobre la viabilidad de esta compra y de invertir en bancos, para lo cual se presentaron dos entidades, Itaú y ueno bank, las que presentaron sus propuestas a la institución.

“Hoy en el Consejo vamos a tratar dos o tres ofertas más que tenemos de otros bancos y también estamos viendo para invertir en otros instrumentos financieros porque la ley nos obliga a eso”, añadió. Por otro lado, manifestó que el IPS está abocado a obtener los recursos financieros necesarios para la conclusión de la obra del hospital hemato-oncológico, una obra de gran envergadura que representará una solución no solo para los asegurados.

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Durante un discurso pronunciado en Curuguaty, en medio de su jornada de gobierno en la ciudad de Curuguaty, Santiago Peña adelantó uno de sus próximas iniciativas: la optimización de recursos para las municipalidadades.

La propuesta realizada por el presidente de la República busca que las intendencias, que hoy transfieren a otros el 30 % de lo que recaudan en impuesto inmobiliario, puedan quedarse con el 100 % de lo recaudado.

Para lograr este fin, Peña se refirió a la ley de royalties y compensaciones, firmada por un acuerdo político en el año 2005, y hoy necesita ser revisada.

“He tomado la decisión de avanzar en una reforma de sistema de distribución de recursos”, anunció el jefe Estado.

Con previa alusión al programa Hambre Cero y a que parte de los 350 millones de dólares de su financiación provino de los municipios, el mandatario habló de la necesidad de que los recursos lleguen con mayor justicia a los municipios.

“Por eso, mi compromiso, al punto de reformar la Constitución Nacional, para que el 100 % de la recaudación del impuesto inmobiliario, donde hoy los intendentes recaudan para otros, 30 % va a otros, eso quede en los gobiernos municipales y vamos a hacer eso lo antes posible, mi decisión de invertir en la descentralización”, expresó Peña.

El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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Seis instituciones del Estado tendrán que remitir, en un plazo de 15 días, un informe pormenorizado sobre los depósitos de sus recursos en el sistema bancario, según la resolución aprobada por la Cámara de Diputados.

Durante la última sesión ordinaria de la Cámara Baja, el plenario aprobó un proyecto de resolución de pedido de informes dirigido a varias instituciones del Estado. El documento exige identificar las entidades bancarias donde se encuentran depositados y/o invertidos los recursos del sector público.

En el documento se especifica que las instituciones deberán proporcionar, en un plazo de 15 días, el desglose detallado por entidad y tipo de instrumento financiero, tales como certificados de depósitos de ahorro, depósitos a la vista, cuentas corrientes, bonos, entre otros.

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El proyecto de resolución presentado por varios diputados, solicita informes financieros al Instituto de Previsión Social (IPS); Administración Nacional de Electricidad (Ande); Administración Nacional de Navegación y Puertos (Annp); Industria Nacional del Cemento (INC); Petróleos Paraguayos (Petropar); y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (Essap).

De acuerdo al documento, se deberá incluir información correspondiente a los últimos cinco años. Además, el documento solicita identificar la normativa interna que regula el proceso de toma de decisiones en materia de depósitos e inversiones. Habrá que indicar la decisión institucional por medio de la cual se adoptó la normativa, junto con la fecha de su entrada en vigencia.

En caso de haber sido modificada o sustituida en los últimos cinco años, se deberán remitir todos los documentos pertinentes, como dictámenes o informes técnicos, que precedieron a la normativa vigente.

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