Las obras del Corredor Agroindustrial, en San Pedro, tienen un promedio de avance del 70 % en sus tres lotes. Atraviesa Villa del Rosario, Colonia Volendam y San Pablo, en una extensión total de 99 km.

Este proyecto genera gran expectativa y por sobre todo empleo local. Se estima que beneficiará a 150.000 personas de la región.

La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, y su equipo técnico, hicieron un recorrido para verificar el avance de las obras.

“Es una obra que va a traer muchos beneficios para los productores nacionales, a las colonias menonitas, y generará muchísimo desarrollo a una zona que históricamente estuvo aislada”, dijo Centurión.

Asimismo, subrayó que desde la cartera estatal y el Gobierno están apostando a inaugurar en la brevedad posible las obras a fin de contribuir con el desarrollo del país.

El equipo del MOPC verificó los ítems en desarrollo y se destacó que el Lote 3, que abarca 16,88 km, es el más avanzado con un 88 % de ejecución, incluyendo la construcción de la carpeta asfáltica en su fase final. Actualmente se están interviniendo el Lote 2, de 42 km, y el Lote 1, con una longitud aproximada de 38 km.

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Uno de los aspectos resaltantes de este proyecto es que cuenta con la colaboración activa de mujeres. “Tenemos un gran compromiso con el trabajo femenino, y sabemos que ponen todo su talento, corazón, alegría y mucho compromiso”, dijo la ministra.

Asimismo, subrayó el gran aporte de las ingenieras, provenientes de diversos puntos del país como Concepción, San Lorenzo y San Pedro, y que contribuyen con la fiscalización de obras, además de trabajar de cerca con las empresas contratistas por la construcción de un mejor futuro para todos.

Según destacaron desde el MOPC, esta iniciativa marcará un antes y un después en una región marcada por el aislamiento. El intendente de la ciudad de San Pablo, Jorge Codas, resaltó los beneficios que representará para su pueblo las obras que está realizando en la zona.

“Nosotros producimos muchísimo acá, San Pablo es la capital de la esencia del Petitgrain (un aceite esencial que se extrae de las hojas y ramas verdes de la planta de naranja amarga) y además tenemos productos agrícolas y ganaderos que gracias a estos caminos de todo tiempo vamos a poder enviar a otras ciudades”, destacó.

El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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La construcción del tramo que une Capiibary con la ruta PY13 avanza hacia su etapa final, con más de un 90 % de ejecución acumulada, informó ayer el Ministerio de Obras Públicas y Comu­nicaciones (MOPC), recor­dando que esta obra repre­senta mucho más que una mejora vial.

Implica un acceso a servicios básicos, integración de comu­nidades históricamente ais­ladas y una ruta segura para productores, estudiantes y pobladores de las zonas rura­les de San Pedro y Caaguazú. Los más de 33 kilómetros de nuevo asfaltado conecta­rán localidades estratégi­cas como Santo Domingo, la Escuela Agrícola y Sidepar.

A lo largo de este trazado, se multiplicarán los bene­ficios para familias que anteriormente dependían de caminos de tierra, fre­cuentemente intransitables durante la temporada de llu­vias. Actualmente, con tra­bajos divididos en dos lotes, la intervención se consolida como un paso fundamental para reducir las brechas de infraestructura y mejorar la calidad de vida en esta región.

El Lote 1, ejecutado por la empresa Concret Mix SA, registra un avance acumu­lado superior al 98 %, con una inversión de G. 51.280 millo­nes. Por su parte, el Lote 2, a cargo de Constructora Aca­ray SA, presenta un progreso que supera el 8 % y cuenta con un monto contractual vigente de G. 44.559 millones.

Paralelamente, la fiscaliza­ción técnica, responsabilidad del Consorcio 2G, también se encuentra en su fase final, con más del 90 % de cumpli­miento. Todas las obras se ejecutan en el marco del pro­grama de Mejoramiento de Caminos Vecinales II, finan­ciado con fondos locales, bajo la supervisión directa del Ministerio de Obras Públicas.

“Gracias al esfuerzo coor­dinado entre equipos técni­cos, empresas contratistas y el MOPC, la obra avanza con determinación hacia su con­clusión, garantizando cada detalle para asegurar que el tramo quede habilitado en condiciones técnicas ópti­mas y brinde los beneficios esperados a las comunidades de la zona”, expresan desde la cartera de obras.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunica­ciones (MOPC) busca encarar un ambicioso plan de construcción de 22 pequeñas hidroeléctricas en distintos puntos del país, que requerirá una inversión de USD 1.400 millones, con el propósito de diversificar la matriz energé­tica nacional y a la vez generar unos 25.000 empleos direc­tos e indirectos.

El viceministro de Minas y Energía del MOPC, Mauricio Bejarano, señaló que actual­mente existe una modifica­ción legislativa que permi­tirá simplificar los procesos de generación de energía eléctrica a pequeña escala y licitar cuencas completas en lugar de proyectos indi­viduales con la idea de apro­vechar al máximo el poten­cial hidroeléctrico de los ríos del país.

“Estamos en proceso de reglamentación y en muy breve tiempo será presen­tado al presidente de la Repú­blica para su decreto regla­mentario y a partir de ahí empezar el proceso licitato­rio de estas cuencas hidroló­gicas que están plenamente identificadas”, afirmó a la 1020 AM. Bejarano explicó que la nueva normativa tam­bién prevé la posibilidad de autogeneración y exporta­ción de energía, principal­mente hacia Brasil, a través de convertidores de frecuen­cia que empresas privadas estarían interesadas en ins­talar. Se recuerda que Para­guay y Brasil utilizan fre­cuencias de 50 y 60 hercios, respectivamente.

“Se habla de 22 hidroeléctri­cas porque son las que mayor potencial tienen, y se habla de esa inversión porque se podría llegar a esa cifra si se desarrollan todos los ríos internos con potencial en nuestro país”, explicó.

Además, resaltó que la construcción de estas 22 hidroeléctricas podrían dinamizar la economía local mediante el uso de insumos locales, como el cemento, hie­rro, combustibles, además de impulsar el empleo en dis­tintas regiones del país. Ini­cialmente, Bejarano habló de unos 25.000 empleos direc­tos e indirectos.

“Generaría mucha mano de obra nacional si se desarro­lla en todas las cuencas, entre 20.000 y 25.000 de forma directa e indirecta, además de consumir el cemento nacional, el hierro, podría generarse un consumo de productos gene­rados en el propio Paraguay”, mencionó Bejarano.

En los últimos 5 años, marcados por la sequía, la Itaipú, en 3 ocasiones, no pudo cumplir con la energía asegurada, que es de 75.000 GW/h.

La cuestión energética preo­cupa al sector privado, prin­cipalmente a la industria, que vaticina un déficit energético para 2029 si no se diversifica la matriz energética del país incorporando plantas ter­moeléctricas a gas natural.

El ingeniero Ángel Recalde, exdirector de Yacyretá, res­paldó la propuesta del sec­tor privado, pero señaló que la solución a corto plazo es la incorporación de plantas fotovoltaicas, que utilizan la luz solar para la generación de energía.

Recalde explicó al programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, que el informe emitido por la Unión Industrial del Paraguay (UIP) señala una problemática que, en su opinión, no se tuvo en cuenta en años anteriores en relación con la diversificación de la matriz energética y que se depende demasiado de la naturaleza.

Ejemplificó que, en los últi­mos 5 años, marcados por la sequía, la hidroeléctrica Itaipú en tres ocasiones no pudo cumplir con la energía asegurada, que es de 75.000 GW/h. “No nos hemos prepa­rado para diversificar nuestra matriz energética, depende­mos de la naturaleza. Pensar en gas es una buena alternativa, pero hoy hay que agili­zar todo lo que se pueda para tener alternativas, acá lo más rápido es la generación foto­voltaica”, comentó el inge­niero.

Señaló que, de no trabajar en la diversificación de la matriz energética, Paraguay podría pasar de ser un exportador de energía a importador.

“Si no tenemos alternati­vas, nuevas fuentes de gene­ración, no nos quedará otra que tratar de importar, nos convertiríamos en importa­dores. Si ocurre eso, el único lugar del que podríamos importar es de Argentina”, señaló.