La senadora Lizarella Valiente destacó la aprobación con modificaciones de la ley que crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el Sistema de Alerta Mafe. Indicó que esta propuesta se trabajó en una mesa interinstitucional con organismos que aplicarán la normativa, para la búsqueda inmediata de personas desaparecidas.

Este proyecto de Ley que cuenta con media sanción de Diputados, fue analizado en la fecha durante la sesión extraordinaria de la Cámara Alta, que luego del debate aprobó con modificiones. Al respecto, la senadora Valiente explicó que los cambios planteados son más bien de forma, a fin de que el texto sea más específico y no se preste a interpretaciones de la Ley.

Mencionó que en una reunión de comisión el pasado 21 de agosto, se llevó a cabo una mesa insterinstitucional que estuvo conformada con la Policía Nacional, La Interpol, que serán los organismos que realmente llevarán adelante este protocolo para la búsqueda inmediata de personas desaparecidas.

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“Los cambios que realizamos fueron más bien de forma para que el texto de la Ley sea más específico; lo que buscamos que no se preste a interpretaciones. El objetivo es que ante una denuncia sea inmediata el inicio de la búsqueda; no tener en cuenta por ejemplo, si es que la vida de esa persona está o no en riesgo, lo que eventualmente es difícil de saber”, explicó.

Indicó que lo que se busca es que se active el protocolo de forma inmediata hasta dar con el paradero de la persona, y de ese modo incluso lograr salvar la vida de la personas, evitando que se repitan situaciones que se han visto en el pasado.

“Lo que queremos que este protocolo sea eficiente y no tener que estar lamentando más vidas perdidas. Todas las instituciones estamos coordinando para que absolutamente todos puedan funcionar de forma coordinada, sincronizada y que esta búsqueda sea inmediata”, concluyó.

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El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) abrió una investigación interna y un sumario administrativo tras detectar presuntas irregularidades en la segunda evaluación docente realizada el pasado miércoles 20 de agosto. Se trata del examen escrito correspondiente al Concurso de Oposición para conformar el Banco de Datos de Educadores Elegibles.

La cartera educativa informó que, debido a esta situación, queda aplazada la divulgación de los resultados de dicha prueba y suspendido el tercer examen, que debía aplicarse el próximo miércoles 17 de setiembre.

De acuerdo con el MEC, las medidas adoptadas se fundamentan en denuncias, actas labradas e indicios estadísticos que reflejan anomalías durante el desarrollo de las pruebas, como el uso de teléfonos celulares en varias sedes de examen. Los hechos habrían ocurrido en los departamentos de San Pedro (Sur), Cordillera, Guairá, Paraguarí, Misiones y Canindeyú.

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Todos los antecedentes ya fueron remitidos a la Dirección de Asesoría Jurídica del MEC, que tendrá a su cargo la investigación correspondiente. En ese marco, también quedan en pausa los resultados alcanzados en el primer operativo del 23 de julio, realizado en Capital y en los departamentos de Central, Itapúa, Alto Paraná, Ñeembucú, Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay.

Asimismo, el ministerio informó que las pruebas previstas para septiembre en San Pedro (Norte), Concepción, Caaguazú, Caazapá y Amambay tampoco se llevarán a cabo hasta tanto se cuente con definiciones claras sobre las pesquisas en curso.

El ministro de Educación y Ciencias, Luis Fernando Ramírez, defendió la decisión, subrayando que se trata de una acción en salvaguarda de la calidad educativa. Recordó que en Paraguay 7 de cada 10 niños no comprende lo que lee y 9 de cada 10 no alcanza el razonamiento lógico-matemático, por lo que insistió en que cualquier irregularidad en los procesos de selección de docentes representa un retroceso para los objetivos del país.

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Ramírez señaló que no se trata de una persecución, sino de un compromiso con la transparencia y el mejoramiento del sistema. “Tomaremos el tiempo de averiguar, investigar, encontrar responsables y aplicar las sanciones correspondientes. Todo queda suspendido hasta que tengamos respuestas claras de la auditoría y el sumario administrativo”, expresó.

El ministro recalcó que la formación, capacitación y preparación de los docentes son pilares fundamentales, al igual que la renovación de los Institutos de Formación Docente (IFD), en los que, aseguró, ya se está trabajando como parte del proceso de transformación educativa.

Desde MEC, indicaron que el examen del operativo 1 no se ve afectado en cuanto al resultado de las pruebas. Los que se suspenden son el operativo 2 de la semana pasada y el 3 que debía realizarse en septiembre. Aclaran, además, que si bien existe una “pausa” por cuestiones administrativas y de documentación, esto afecta solo al operativo 1. No obstante, los resultados ya están, eso no sufre modificación ni implica nueva revisión.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) logró censar al 98 % de los jubilados y pensionados del sistema público, según confirmó Jorge Delgado, director de Jubilaciones y Pensiones. De los más de 76.000 beneficiarios registrados, solo restan por confirmar 1.400 casos, que serán verificados hasta el 3 de agosto.

El operativo de enrolamiento, iniciado en febrero, permitió actualizar datos, detectar casos de fallecimiento y evitar pagos indebidos. Incluso se identificaron casi 100 beneficiarios que residen fuera del país, indicó Jorge Delgado. Desde mayo, se bloquearon más de 8.000 tarjetas por falta de actualización, de las cuales ya se desbloquearon la mayoría.

Uno de los datos más llamativos es que la mitad de los beneficiarios no censados reside en el departamento Central. Esto, según explicó Delgado, se relaciona con la alta concentración de funcionarios públicos en el área metropolitana. “Hay una percepción de que en Central hay más acceso a la información, pero también hay una mayor cantidad de beneficiarios en esa zona”, precisó a la 920 AM.

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El operativo permitió, además, detectar cerca de 100 casos de personas que viven fuera del país y que continúan cobrando sus haberes, aunque ahora están debidamente identificadas. Este tipo de controles evita pagos indebidos y fortalece la transparencia del sistema.

Delgado explicó que más allá del control financiero, el censo permitió fortalecer la institucionalidad del sistema previsional. Por primera vez, se cuenta con una base de datos actualizada y validada, lo que facilitará futuras auditorías, el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones basada en evidencia, señaló.

Además, este proceso generó mayor conciencia entre los beneficiarios sobre la importancia de mantener sus datos al día y de cumplir con los requisitos administrativos para seguir accediendo al beneficio.

De cara al futuro, el director de Jubilaciones, mencionó que el Ministerio de Economía evalúa replicar este modelo de control en otros sectores de la administración pública. El objetivo es implementar un sistema de verificación continua, que permita mantener depurada la nómina y evitar filtraciones. Asimismo, no se descarta el uso de tecnología biométrica y digital para próximos censos, lo cual agilizaría aún más los procesos y reduciría costos operativos para el Estado.

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La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.

En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.

La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.

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El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.

Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.

“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.

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El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.

“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.

Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.

“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.

A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.

“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.

Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.

Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.

“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.

Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.

“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.

Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.