Cada vez están más en aumento el número de consumidores que se quejan ante la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) de que se realizan modificaciones en las tarifas y los clientes no reciben la notificación adecuada.

Es por eso que la Sedeco había presentado el pasado miércoles una solicitud formal a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para la modificación de los artículos 30 y 33 del decreto N° 6999/17, que regula la comunicación de cambios tarifarios en los servicios de telecomunicaciones.

Esto debido a que Sedeco ha recibido múltiples denuncias de usuarios afectados por modificaciones unilaterales en las tarifas de sus servicios, sin un aviso adecuado ni consentimiento previo. La notificación en medios masivos con plazos reducidos, según la entidad, vulnera lo dispuesto en la Ley N° 1334/98, que exige claridad, oportunidad y accesibilidad en la información sobre los contratos y sus cambios.

El decreto mencionado permite a las empresas de telefonía realizar aumentos en tarifas, siempre que las mismas sean “puestas a disposición del público” con una antelación de tan solo 72 horas, lo cual a juicio de la Sedeco resulta insuficiente e inadecuado para garantizar una correcta protección de los derechos de los consumidores.

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De este modo, desde Sedeco se considera que la normativa actual no proporciona a los usuarios el tiempo necesario para evaluar los cambios o considerar opciones alternativas sin penalización, incurriendo de este modo en prácticas desleales que terminan vulnerando los derechos de los usuarios.

Ante esto, desde la Sedeco se propone un plazo mínimo de 15 a 30 días y que la modificación de tarifa y costos sean notificadas directamente y de manera personal a cada consumidor, para asegurar que los mismos puedan tomar decisiones informadas.

Sedeco también insta a Conatel a exigir a las empresas de telecomunicaciones a dejar de depender de manera exclusiva de publicaciones en medios masivos, especialmente los diarios. “Las empresas que envían promociones directamente a los usuarios pueden y deben informar de la misma manera sobre aumentos tarifarios”, afirmaron.

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La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales recibió la donación de diez notebooks para la Escuela de Ciencias Políticas, en el marco de una apuesta a la educación por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

En comunicación con La Nación, el profesor Carlos González Morel, vicedecano de la institución, hizo referencia a la importancia de estas herramientas y lo comparó con un proverbio chino que habla de la previsión y la preparación para enfrentar los retos de la vida.

“Si quieres cosecha para un año, planta arroz, si quieres cosecha para diez años, planta árboles, pero si quieres una cosecha para toda la vida, educa a los hombres y mujeres. Por eso es más que pertinente destacar el aporte de la Conatel y el apoyo del Estado en sí, ya que esto tiene un valor intangible demasiado importante para nosotros”, reflexionó.

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González Morel indicó que este tipo de acciones por parte de entidades estatales deben no solo ser destacadas sino replicadas en todos los sectores, generando un trabajo en conjunto que ayude a combatir las actuales carencias en materia educativa por las que atraviesa el país y ante las cuales en muchos casos los docentes no tienen las herramientas necesarias.

“Durante el acto me vino a la mente lo que dijo Don Carlos Antonio López, sobre que las escuelas son los mejores monumentos que podemos levantar a la libertad”, indicó el profesor Carlos González Morel. Remarcó que es un fiel creyente de que si la educación es fuertemente impulsada se puede crear conciencia respecto a la importancia de una vida digna.

Del acto de entrega participaron el presidente del Conatel, el ingeniero Juan Carlos Duarte, el presidente y director Evert Esquivel, además del vicedecano de la facultad el profesor Carlos González Morel y el director Rubén Galeano.

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En la Casa de la Inte­gración CAF (ave­nida Mariscal López entre Kubitschek y Domini­cana ) se llevará a cabo hoy el evento Asunción Conver­gente, donde se desarrollarán temas claves como la impor­tancia de la implementación de la tecnología en el área de la justicia y cómo la misma podría ayudar para agilizar los procesos judiciales bene­ficiando así a la ciudadanía.

La jornada comenzará a las 8:00, con un café de bienve­nida, seguido de una serie de conferencias y paneles que se extenderán hasta el cierre del evento a las 17:30.

Entre los oradores principales se destacan: Rubén Ramírez, ministro de Relaciones Exte­riores de Paraguay; Rodrigo Nicora, ministro de Justicia de Paraguay; Javier Dejesús Esquivel, defensor general del Ministerio de la Defensa Pública; Juan Carlos Duarte, presidente de la Comisión Nacional de Telecomunica­ciones (Conatel); Pablo San­dino Martínez, embajador de la Organización de los Esta­dos Americanos (OEA); Jorge Srur, gerente regional sur del Banco de Desarrollo de Amé­rica Latina y el Caribe (CAF); Pablo Scotellaro,presidente ejecutivo del Centro de Estu­dios Certal; y María Soto, pre­sidenta de ISOS Media Group.

Esta jornada es organizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Tele­comunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (Certal), en conjunto con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la coope­ración de la Comisión Nacio­nal de Telecomunicaciones (Conatel). Además, cuenta con la participación de dife­rentes entes de justicia de paí­ses vecinos como Argentina y Brasil.

El objetivo de esta jornada es poder discutir sobre la tecni­ficación de la justicia para ase­gurar el derecho de la gente en la materia de forma a que exis­tan más herramientas para acelerar los procesos y tra­bajar hacia el proceso plan­teado por el actual gobierno de convertir al país en una referencia en materia digital en la región, había adelantado el presidente de Certal, Pablo Scotellaro, en conversación con La Nación/Nación Media.

Durante este encuentro clave para la construcción de acuerdos de implementacio­nes tecnológicas en el sector jurídico de nuestro país tam­bién estarán presentes más de 40 disertantes, y se planea reconocer a más de 12 muje­res destacadas dentro de la industria de telecomunica­ciones y la justicia por su labor y trayectoria.

Este año, la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) registró un aumento del 33 % en los reclamos recepcionados por una serie de prácticas abusivas en las que incurren los proveedores de servicios, que van desde el incumplimiento de la ley “no molestar” hasta la renovación automática de contratos y más. El sector financiero, de seguros y las telefonías acaparan los reclamos de los consumidores.

En este contexto, se busca ahora “accesibilizar” las vías de comunicación con la Sedeco para asistir a los consumidores. “Queremos empoderarlos”, afirmó la titular de la institución, Sara Irún, en un mano a mano con La Nación/Nación Media. Por medio de esta política, según la ministra, en lo que va del año ya se recu­peraron de G. 1.418.789.154 a favor de los usuarios.

- Tenemos dos aristas. En un sector, logramos más alcance, que se ve en el aumento del 40 % en las consultas a la Sedeco y el incremento en un 33 % de los reclamos. Esto significa que cada vez más consumidores están tomando conocimiento de sus derechos. Pero, aún tenemos un gran número de usuarios que no los ejerce y no quiere acercarse, aunque todo el procedimiento se pueda desarrollar de manera virtual. Por eso, consideramos que aún nos falta mucho.

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- Entre los cinco rubros con más reclamos se encuentran los servicios financieros, de seguros, de salud, de telefonía, electrodomésticos y electrónicos, al igual que el incumplimiento de la ley “no molestar”. A la par, dentro de cada rubro, hay diferentes prácticas consideradas abusivas, ya sea falta de información, renovación automática del contrato, cobranza ilegal de cuentas canceladas, aumentos arbitrarios y sin aviso y varias más.

Entre enero y agosto de este año, nuestras estadísticas reflejan un aumento de 40 % en las consultas en comparación al mismo periodo de 2023, de 4.286 subieron a 5.985. En lo que hace a reclamos, se observó un incremento en 33 % interanual, pasando de 855 a 1.139, mientras que las denuncias (que implican sumario administrativo) crecieron en 23 %, de 165 a 203.

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- Siempre está la opción de poder venir a la Sedeco por asesoría. Aunque, también se puede escribir al número de WhatsApp de la institución o ingresar a la página web, donde hay un sector de consultas y reclamos. En cualquiera de los casos, el consumidor debe completar el formulario dispuesto y, tras este paso, en un plazo de 72 horas recibirá la respuesta de si corresponde o no la apertura de expediente.

Cuando se le asigna un número de expediente en esas 72 horas, se le corre traslado al proveedor de ese reclamo. En ese periodo, casi en un 80 % de las veces se logra una solución, ya sea que el proveedor contesta a Sedeco directamente el descargo y presenta algún arreglo o se comunica directamente con el consumidor.

Si no se soluciona en esa etapa, se fija una audiencia conciliatoria, que recientemente dispusimos se puede hacer en formato virtual. Siempre damos la oportunidad a las partes de que concilien. Cuando no se soluciona en esta etapa, se convierte en denuncia, el reclamo pasa por Asesoría Jurídica y la Sedeco analiza si corresponde o no la apertura de un sumario administrativo. Un 20 % de los casos se convierte en denuncia.

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Si hubo una infracción, en nuestra ley tenemos diferentes medidas para adoptar, ya sea una sanción con multa o aplicamos medidas correctivas. Desde una nota de crédito por el monto que se reclamó hasta la devolución del producto. Al momento del sumario, nosotros vemos también la conducta del proveedor. No queremos multar solo por hacerlo, sino que corrijan la práctica y que se cumpla la ley.

Estamos arreglando la casa y trabajando en el registro de infractores para mostrar la reincidencia. Tenemos en la página web un sector de registro de infractores, donde se suben todas las resoluciones o sanción, está accesible a todo el público.

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- Se recuperaron G. 1.418.789.154 millones, de enero a agosto. Es un monto que costó mucho trabajo y abarca desde el G. 200 que se reclamó de la diferencia entre el precio de la góndola y el que aparece en la factura, hasta la nota de crédito debido a que no se reconoció el doble pago. Se trata del monto específico del reclamo del consumidor. Aparte, están las sanciones que puedan llegar a haber.

- Buscamos empoderar al consumidor, que pueda conocer y exigir sus derechos. También, un proveedor que se adecue a las buenas prácticas comerciales. Queremos acercarnos y que sea accesible a todos el contacto con la institución. Además de las charlas de prevención y webinars que realizamos frecuentemente, este año pudimos lograr las audiencias virtuales. Todo con el objetivo de prevenir, pero también ofrecer atención accesible, que pueda ser completamente virtual.

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• Es abogada por la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”.
• Es máster en Derecho de la Empresa y de los Negocios por la Facultad de Derecho de Barcelona, España.
• Ocupó varios cargos de responsabilidad dentro del Ministerio de Industria y Comercio, entre los que se destaca la jefatura de departamento del Mercosur, Multilaterales y Bilaterales en la Dirección de Negociación y Análisis del Comercio Exterior de Servicios.
• Antes de desempeñarse como titular, desempeñó varios roles en la Sedeco. Desde abogada jefa del departamento del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor hasta directora interina de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción.

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