La escalada de violencia que sacude desde el lunes al estado mexicano de Sinaloa (noroeste) por el enfrentamiento interno de una poderosa organización del narcotráfico ha dejado al menos 15 muertos y 20 secuestrados, informó ayer viernes la fiscalía local.

Los combates armados que sacuden la capital Culiacán y sus alrededores están relacionados con pugnas internas del Cártel de Sinaloa, tras la detención en Estados Unidos de uno de sus líderes, Ismael “Mayo” Zambada, explicaron las autoridades. Socio del exlíder del cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, encarcelado de por vida en Estados Unidos, el “Mayo” se declaró este viernes “no culpable” ante un tribunal de Nueva York por cargos de tráfico de drogas.

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Zambada, cofundador del cártel, fue capturado por autoridades estadounidenses junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo”, quien lo habría secuestrado para entregarlo al país vecino. “La rivalidad deriva de los hechos del 25 de julio (detención de Zambada) y que ahí están implicados dos grupos”, dijo en entrevista el gobernador estatal Rubén Rocha Moya.

Rocha dijo que la violencia se ha registrado en Culiacán y su área rural, así como en los municipios cercanos de Elota, San Ignacio y Cosalá. Ayer viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la violencia en Sinaloa, donde han sido desplegados cientos de militares.

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“Ha habido algunos problemas. Está el Ejército, está la Marina, está la Guardia Nacional. Decirle a la gente de Culiacán —porque además es sólo Culiacán— que estamos pendientes; que se actúe con precaución, pero sin alarmismos”, dijo en su habitual rueda de prensa matutina.

El mandatario también pidió a los grupos en pugna “actuar con un mínimo de responsabilidad”. “Es su familia, son sus paisanos; es su municipio, es su estado, es su país”, agregó. Hasta finales de agosto, una decena de asesinatos en Sinaloa habían sido vinculados por autoridades a los pleitos internos del cártel.

Fuente: AFP.

El Gobierno presentó su Plan de Seguridad Nacional para el Desarrollo y el almirante Cíbar Benítez, ministro del Consejo Nacional de Defensa (Codena), explicó que este programa representa el primer paso para luchar contra las distintas amenazas que atentan contra la seguridad del país.

“En este plan está vista a la corrupción como una amenaza, así también como la inacción. Tenemos un plan de lucha frontal contra la corrupción porque toda la comunidad está expuesta al narcotráfico, las empresas privadas, las instituciones públicas, la prensa y, si no la reconocemos, sería un error”, afirmó el almirante.

En entrevista con “Fuego cruzado”, emitido por GEN/Nación Media, el ministro señaló que la inversión es una de las cuestiones principales para luchar contra las distintas amenazas que fueron identificadas en el plan, como lo son el narcotráfico, el crimen organizado transnacional, entre otros.

“Lo bueno de este plan es que el presidente (Santiago Peña) bajó la línea y dijo que iba a invertir USD 500 millones en seguridad y defensa, no solo en materiales sino en el personal. Es un esfuerzo tremendo que espero que todos comprendamos. El hecho de poner números a esto significa que hay una intención clara de hacer frente a esto”, expresó.

Esta inversión no será realizada de una sola vez, sino de forma progresiva, asimismo, habrá criterios para destinar este dinero. “No es que cada institución va a hacer lo que quiere”, aclaró y señaló que las 17 instituciones que forma parte del plan unirán esfuerzos y actuarán de forma conjunta de forma a gastar de manera eficiente.

Según aseveró el almirante, el narcotráfico es una de las peores amenazas y también confirmó que durante los últimos años hubo un crecimiento de esta actividad en nuestro país. No obstante, hay un esfuerzo gubernamental en conjunto con naciones vecinas como el Brasil para llevar adelante operativos y poder combatir este mal.

“El narcotráfico no respeta las fronteras geográficas, no respeta para nada y la caracterización de esta amenaza es en primer lugar su carácter transnacional y, en segundo lugar, corrompe todo lo que hay y es tanto el dinero que está en juego, que estos grupos organizados son capaces de hacer casi cualquier cosa para mantener el negocio y para el Estado no es beneficioso por lo ilegal y pernicioso que es para la ciudadanía”, expuso.

Algo prioritario del plan es la seguridad ciudadanía, señaló Benítez, quien indicó que pese a que las estadísticas hablan de una situación mejor, todavía no se ha instalado la sensación de seguridad. “Este plan está conectado con el Plan de Desarrollo 2030, lo más urgente es la seguridad ciudadana, que todos vemos y a todos nos preocupa, queremos que nuestros hijos, nietos vayan y vuelvan seguros, es lo más urgente”, sostuvo.

La problemática del acopio de cocaína en nuestro país, las plantaciones de marihuana, el crimen organizado, todas estas aristas forman parte del plan. El ministro reconoció que las acciones siempre serán insuficientes, no obstantes, hay una determinación a hacer frente a este mal. ”Tenemos las herramientas con que luchar contra estas amenazas”, aseguró.

Comenzó el juicio oral y público para Armando Javier Rotela, líder del clan Rotela, y varios acusados por integrar una estructura para el tráfico de drogas en Asunción y Central. El tribunal de sentencia que juzga a los acusados está integrado por Inés Galarza, Pablino Barreto y Juan Dávalos. El juicio se desarrolla vía telemática es decir, los acusados desde su lugar de reclusión en el caso de Rotela desde la cárcel de Emboscada.

El fiscal del caso, Luis Said, expuso ante el tribunal de sentencia la teoría del principal acusado que es Armando Javier Rotela de cómo lideraba las actividades criminales y a su vez explicó al colegiado que Rotela tenía a gente penitenciaria a su disposición.

El juicio oral proseguirá el próximo lunes 2 de septiembre a las 07:30 con la declaración de varios testigos propuestos por el Ministerio Público.

En la causa penal están procesados Vicente Chase, Carmen Carolina Ortiz Figueredo, Fredy Pérez, Carlos Damián Fernández, Ronald Cantero, Juan Rodas y Christian Martínez Medina. El Ministerio Público acusó a las personas citadas por los hechos punibles de detentación, posesión y comercialización de drogas peligrosas y asociación criminal.

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El Ministerio Público logró unificar las penas con medidas contra Armando Javier Rotela Ayala, sindicado como líder del clan Rotela, con lo que fue confirmado que permanecerá en prisión hasta el año 2046. El criminal fue condenado en dos causas por posesión, comercialización y tráfico de drogas peligrosas y posesión de armas de fuego, por lo que deberá compurgar una pena carcelaria de 31 años.

De acuerdo al informe emitido por la institución judicial, Rotela compurgaría inicialmente 23 años de cárcel y 8 años como medida de seguridad, hasta el 23 de julio del año 2038, y luego acumularía su medida de seguridad de ocho años, que llega hasta el año 2046. Actualmente está recluido en una prisión con medidas especiales en Emboscada, tras ser trasladado en diciembre pasado desde Tacumbú por el operativo Veneratio, que desarticuló su grupo criminal en la penitenciaría.

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El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), mediante un comunicado, sentó posicionamiento sobre la muerte del diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista, tras un allanamiento realizado el pasado lunes en su vivienda localizada en Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, en el marco del operativo Pavo Real II.

A través del documento emitido por la principal agrupación de oposición en Paraguay, sostienen que no pueden permanecer “indiferentes y callados” ante esta situación que guarda relación con la vida política y de la República. De esta forma expresaron su “profunda preocupación por los últimos hechos ocurridos, que involucran nada más y nada menos que a un diputado nacional, al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Fuerza Pública”.

Asimismo, instaron al gobierno, al Ministerio Público y al Poder Judicial “al respeto irrestricto del Estado de derecho, haciendo que sus procedimientos estén ajustados a derecho, recordando que el mismo es un pilar fundamental para el funcionamiento de una sociedad democrática y justa para que todos, incluidas las autoridades, se sometan a las leyes vigentes, protegiendo así los derechos fundamentales y promoviendo la equidad y la justicia en el ejercicio del poder”.

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Por otra parte, solicitan que se adopten las medidas inmediatas y eficaces en el combate al crimen organizado, “cuyo crecimiento ha avanzado meteóricamente en nuestro país, infectándose en todos los niveles sociales y políticos, representando una seria amenaza para la República, la democracia y la sociedad toda”.

Señalan en el comunicado que desde el Partido Liberal Radical Auténtico “siempre nos encontrarán combatiendo en la línea de lucha por la consolidación del Estado de derecho y la protección de nuestros valores republicanos y democráticos, en pos de la justicia y prosperidad de la Nación”.

El allanamiento se vincula con la imputación del legislador, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías Gaona, por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal.

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