El 18 de julio de 1994 marcó a sangre y fuego la historia reciente de la Argentina. Un coche bomba explotó frente a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) sobre la calle Pasteur 633 en Buenos Aires, causando la muerte de 85 personas y heri­das a más de 300. Este ataque es considerado el peor acto terro­rista en la historia de Argentina y uno de los más significativos contra la comunidad judía en América Latina. A lo largo de tres décadas, el atentado ha tenido profundas implicacio­nes políticas, sociales y judi­ciales en el país. La explosión destruyó completamente el edificio de la AMIA, una ins­titución central para la comu­nidad judía argentina fundada en 1894. Entre las víctimas se encontraban empleados de la AMIA, visitantes y transeúntes. La magnitud de la destrucción y el número de víctimas conmo­cionó a la sociedad argentina y a la comunidad internacional, que veían cómo la garra oscura del terrorismo golpeaba con dureza a un país que se mantuvo siempre al margen de esta clase de conflictos.

Las investigaciones iniciales se vieron marcadas por irre­gularidades y acusaciones de encubrimiento. El juez Juan José Galeano, encargado del caso, fue acusado de manipu­lar pruebas y sobornar testi­gos, lo que llevó a su destitu­ción en 2005. A pesar de las sospechas sobre la participa­ción de funcionarios iraníes y del grupo terrorista Hezbo­llah, no se logró condenar a los autores intelectuales del ata­que. En 2006, el fiscal Alberto Nisman presentó un informe acusando formalmente a altos funcionarios iraníes de planifi­car el atentado, pero su muerte en 2015, en circunstancias aún no esclarecidas, dejó más pre­guntas que respuestas y el caso entró en una nebulosa aún más indeterminada a raíz de este crimen.

El atentado dejó una herida profunda en la comunidad judía argentina, de lejos la más grande que acoja cual­quier país de América Latina. Cada aniversario es marcado por actos de conmemoración y demandas de justicia, deman­das que aún hoy –tres déca­das después– se siguen recla­mando. La sociedad argentina en su conjunto ha expresado su solidaridad, pero también su frustración ante la impu­nidad que rodea el caso. La falta de justicia ha sido vista como un reflejo de las defi­ciencias del sistema judicial y de la corrupción política en Argentina. En respuesta al atentado, se implementa­ron mejoras en la seguridad y en las políticas antiterroris­tas en Argentina. La creación de la Unidad Fiscal AMIA en 2000 y la Comisión Interame­ricana de Derechos Humanos (CIDH) han sido pasos impor­tantes para mantener viva la memoria y la búsqueda de jus­ticia. Sin embargo, las prome­sas de avances concretos en el caso han sido limitadas.

A 30 años del atentado, el recuerdo de las víctimas sigue vivo, y la búsqueda de justicia continúa siendo un tema central para sus fami­liares y para la sociedad argentina. Las investigacio­nes y los procesos judiciales han avanzado lentamente, pero el caso de la AMIA sigue siendo un símbolo de la lucha contra la impunidad y por la verdad en Argentina. La comunidad internacional, especialmente la comunidad judía global, sigue apoyando los esfuerzos para que se haga justicia y se esclarezca com­pletamente la verdad detrás de este trágico suceso.