- Perú. AFP.
La Fiscalía de Perú pidió ayer martes 30 años y 10 meses de prisión para la excandidata presidencial derechista Keiko Fujimori, en el juicio que enfrenta por lavado de activos en el marco del escándalo de corrupción protagonizado por la constructora brasileña Odebrecht.
“En total la pena concreta para la acusada Keiko Sofía Fujimori Higuchi solicitada por el Ministerio Público es de 30 años y 10 meses de pena privativa de libertad”, expresó el fiscal José Domingo Pérez al presentar el escrito acusatorio durante la audiencia del sonado caso, en el que es inculpada de recibir dinero ilegal para financiar sus campañas electorales de 2011 y 2016.
También, el magistrado pidió al tribunal que la acusada sea inhabilitada de ejercer cargos públicos por 15 años, lo que la dejaría fuera de carrera para las elecciones presidenciales de 2026.
Fujimori es líder de Fuerza Popular, el principal partido de derecha de Perú, agrupación por la cual se postuló tres veces a la presidencia. La Fiscalía le imputa a la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) los delitos de lavado de activos y crimen organizado, obstrucción a la justicia, así como declaración falsa en un procedimiento administrativo.
Keiko Fujimori, de 49 años, no asistió al tribunal, adonde Pérez llegó usando un chaleco antibalas a diferencia de la audiencia previa en la que había prescindido de él. La procesada estuvo dos veces en prisión preventiva, 16 meses en total, imputada de recibir presuntos aportes ilegales del gigante brasileño de la construcción Odebrecht por un monto de 1,2 millones para las campañas de 2011 y 2016. Fujimori siempre proclamó su inocencia.
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Detienen a un microtraficante en Loma Plata, Chaco
Una comitiva fiscal y policial realizó el allanamiento de una casa en la ciudad de Loma Plata, departamento de Boquerón, Chaco, donde se incautaron del poder de una persona varios gramos de cocaína que estaban para ser distribuidos en la zona. Asimismo, se incautó dinero en efectivo que ya fue producto de la venta de la sustancia prohibida.
El fiscal que encabezó el procedimiento fue Andrés Arriola, quien ordenó la detención de Víctor Matías Riveros, quien asumió ser dueño de la sustancia incautada en la zona del Chaco. El representante del Ministerio Público convocó a una audiencia indagatoria donde el detenido deberá brindar su versión sobre la investigación.
De acuerdo a la información de los investigadores, el detenido formaría parte de una estructura que se dedica al microtráfico de cocaína en el departamento de Boquerón. Con la aprehensión de Riveros se desarticula una red importante de distribución de cocaína en Loma Plata y el departamento de Boquerón.
Una vez que sea imputado el detenido, el mismo tendrá que ser convocado por un juzgado penal de Garantía que deberá realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si el detenido será trasladado a una penitenciaria de nuestro país.
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Otro caso
En mayo de este año el fiscal antidrogas de Filadelfia, Chaco, Andrés Arriola y los agentes especiales de la Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) procedieron a la detención de una persona que hacía delibery de cocaína a bordo de un automóvil. El detenido fue identificado como Alfredo Omar Pereira Rojas, quien fue imputado por tenencia de sustancia prohibida de estupefacientes y a su vez se pidió su prisión preventiva.
De acuerdo al presente caso, el fiscal tomó conocimiento del supuesto hecho el día 25 de mayo del 2024 siendo las 22:15, a raíz de una llamada telefónica por parte del jefe de la Regional 11 - SENAD Filadelfia, quien comunicó que personal del departamento de Control de la Dirección Nacional Antidrogas Regional Nº 11 Senad se encontraba realizando una patrulla preventiva por la ciudad.
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Fiscales de Paraguay y Colombia definen hoja de ruta para seguir investigando asesinato de Pecci
Bajo la coordinación del fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán Breuer y su colega de Colombia, Adriana Mercado, se reunieron por medio virtual los equipos técnicos y equipos fiscales de Paraguay y Colombia para definir la hoja de ruta y la programación de las negociaciones operativas vinculadas al Equipo Conjunto de Investigación (ECI) del crimen del ex fiscal Marcelo Daniel Pecci Albertini.
La reunión técnica surge como derivación de la reunión entre los fiscales generales de Paraguay y Colombia, desarrollada (por medios virtuales) el pasado martes 10 de setiembre, oportunidad en la que los titulares de ambos entes definieron las prioridades investigativas e instruyeron a sus fiscales la decisión de avanzar en la creación del ECI.
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Los técnicos y los fiscales de ambas instituciones intercambiaron informaciones y consultas sobre cada una de las cláusulas del instrumento de cooperación técnica del ECI, y acordaron los términos preliminares y las pautas de funcionamiento del Equipo Conjunto. Además, acordaron la metodología de trabajo, la agenda programática y otros detalles vinculantes para el cierre del acuerdo internacional.
La próxima reunión técnica operativa fue fijada para el próximo viernes 20 de septiembre, en donde ya podrán definir las pautas finales para la firma bilateral del ECI.
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Ministerio acompaña propuesta de 28 años de cárcel para abusadores de niñas y adolescentes
El Gobierno, a través del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), y las otras entidades del Poder Ejecutivo relacionadas al área, se comprometió en reforzar los esfuerzos para la prevención del abuso infantil y adolescente. En efecto, durante la apertura del Foro Departamento de Prevención, realizado ayer en Encarnación, el ministro del sector, Walter Gutiérrez anunció el acompañamiento de la propuesta de aumentar la pena a los abusadores de menores y adolescentes a 28 años de cárcel.
La propuesta ya cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores y el ministro señaló que se reunirá con el presidente de Diputados para solicitar agilizar la sanción de dicha Ley.
Además, el ministerio anunció que habrá una inversión física de más de USD 4 millones para abrir Centros de Atención a la Primera Infancia, para que los niños estén resguardados bajo el cuidado de los profesionales y no expuestos en sitios de peligrosidad. De estos cien sitios a nivel nacional, once se ubicarán en el departamento de Itapúa.
Itapúa se ha convertido en un foco de especial atención tras el desenlace fatal del abuso a tres niños de las localidades de Carlos Antonio López, Carmen del Paraná y Coronel Bogado de ese departamento.
El eslogan de #TodosSomosResponsables no es un mero enunciado, señaló la directora de Prevención del ente ministerial, Leticia González, sino que la propia ley en nuestro país, establece este compromiso.
“Queremos que los instrumentos de la campaña contra el abuso que hemos lanzado en mayo, bajen a territorio, y que este encuentro trascienda. Nos trae la consternación de estos casos ocurridos en Itapúa. Pedimos al gobierno local mucho trabajo en conjunto “, manifestó el ministro Gutiérrez.
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El taller reunió a centenares de actores del Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral de Derechos de la Niñez y la Adolescencia que recibieron la capacitación y articulación de acciones con las instancias jurisdiccionales y entes garantes de derechos, para la prevención y atención del abuso sexual infantil en el departamento de Itapúa.
Capacitaron a las Codeni en el uso metodológico de la Guía de Prevención del Abuso Sexual, promoviendo la implementación efectiva de esta herramienta en sus comunidades tanto en el ámbito escolar como comunitario. Se entregaron la guía de prevención del abuso sexual y la historieta “Mirame” como herramientas de prevención. Otros temas han sido la exposición de los conceptos de prevención y de las habilidades para la vida como herramienta de prevención; el contexto jurídico de la guía de prevención del abuso sexual, desglose de la guía de prevención del ASI.
Igualmente, en la jornada de capacitación se impartieron temas de cómo desarrollar talleres para niños, niñas, adolescentes, y otro para adultos, la ruta de intervención interinstitucional para la atención integral del abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes; protocolos de comunicación, entre otros.
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Familia de Pecci cuestiona al Ministerio Público por negarles el acceso a la carpeta fiscal
Mediante un comunicado emitido este jueves, la familia del fallecido agente fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, criticó el posicionamiento del Ministerio Público al no permitirles acceder a la carpeta fiscal de la investigación del crimen perpetrado en mayo de 2022 en la isla Barú, Colombia.
“Observamos con profundo asombro y desazón cómo el pedido de tomar intervención en la causa del magnicidio de nuestro hermano Marcelo Pecci nos fue inexplicablemente negado y, sin embargo, poco tiempo después, en otro caso fue otorgado y sin mayores discusiones a la familia del extinto diputado Eulalio Gomes, en la misma etapa procesal”, refieren.
Asimismo, en el documento manifiestan que “¿Por qué a la familia del diputado Eulalio Gomes sí y a la familia de Marcelo Pecci no? ¿Dónde queda el principio constitucional de igualdad ante la ley? Sería lo primero que a un abogado o jurista le vendría en mente. Si fuésemos más exigentes, desde un punto de vista ético, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿Solo a los parientes de un legislador se les concede este derecho? Esto, lejos de igualdad, se parece mucho a un privilegio”.
La familia expresa a la vez que “dentro de lo que el dolor permite” trata de examinar “con la mayor objetividad posible” cuál es la fundamentación del órgano extrapoder para el rechazo de la solicitud y de la concesión para la causa que ocupa a la familia del legislador fallecido.
“¿Por qué a ellos sí y a nosotros no? Pareciera ser que al haber sido el doctor Marcelo Pecci simplemente un “común”, tal derecho no se concede por la interpretación supuestamente “estricta” de la norma procesal. Sin embargo, ¿cuáles son las motivaciones para que desde el Ministerio Público se califique la cualidad del concepto de “víctimas” en un sentido en un caso y en sentido diametralmente opuesto en otro?”, indican.
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En el comunicado expresan que “estas preguntas sin respuesta siguen siendo un misterio que genera sospechas, frustraciones, indignaciones y una terrible suposición de que el Ministerio Público ha incumplido por una cuestión de privilegios”.
Ante dichas afirmaciones, en el documento citan el artículo 47, numeral 1, que hace mención a las garantías de igualdad, el cual refiere que “el Estado garantizará a todos los habitantes de la República la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen”.
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