Ecuador declaró ayer un nuevo estado de excepción en seis de las 24 provincias del país y en una localidad minera azotadas por la violencia del narcotráfico, luego de que la Corte Constitucional calificara de improcedente una medida similar en junio.
El estado de excepción, que permite al Gobierno suspender derechos ciudadanos, regirá en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y El Oro y en la jurisdicción de Camilo Ponce Enríquez (en la andina Azuay) durante 60 días, señala el decreto divulgado por la secretaría de Comunicación.
El Gobierno argumenta en el documento que “la criminalidad ha escalado cuantitativa y cualitativamente a un grado de intensidad alarmante e inusitado”.
En el marco del estado de excepción, el presidente Daniel Noboa suspendió los derechos a la inviolabilidad del domicilio y correspondencia, y de libre asociación.