- Caracas, Venezuela. AFP
Las fuerzas públicas de Venezuela cometieron más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 1.652 torturas y unos 15.000 arrestos políticos durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según oenegés que alertan sobre un aumento en la represión de cara a las presidenciales de julio.
Los reportes, presentados por las organizaciones especializadas Provea y Foro Penal, coinciden con otro informe presentado por expertos de Naciones Unidas en Ginebra sobre el “alarmante aumento de desapariciones forzosas” en el país.
“Estos 10 años de gestión de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2023, hemos registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos del Estado venezolano”, dijo la coordinadora de investigación de la ONG Provea, Lissette González, durante la presentación del informe “Maduro, una década oscura para los derechos humanos”.
La organización, con 35 años defendiendo los derechos humanos, documentó también 1.652 víctimas de tortura en el mismo periodo.
“El Estado no solo reprime al liderazgo político, social, organizado, sino reprime y controla a esos miembros más vulnerables, más excluidos, a los que más están padeciendo las consecuencias de esta crisis económica y social”, sostuvo González.
Foro Penal, dedicada a la representación judicial de presos políticos, señaló que entre 2014 y 2024 ha contabilizado 15.827 arrestos. Hoy registran 273 personas tras las rejas.
“No vemos que se estén presentando signos o evidencias de que la represión, particularmente la represión por motivos políticos, esté cesando. Hemos visto una arremetida, una intensificación significativa en la persecución de activistas o militantes” de “fuerzas políticas distintas de las del Gobierno”, dijo Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de Foro Penal.
Himiob hizo este llamado de atención tras las recientes detenciones de tres activistas políticos el fin de semana que la oposición y activistas de derechos humanos relacionan a una “persecución” de cara a las elecciones del 28 de julio en las que Maduro buscará un tercer mandato de seis años.
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Cancillería de Paraguay pide a Venezuela respetar la Convención de Viena
El gobierno de Paraguay, a través de su cancillería, lamenta y rechaza la decisión tomada en forma unilateral, por la República Bolivariana de Venezuela de revocar la autorización conferida al Brasil para la custodia de la residencia oficial de la embajada argentina en Caracas. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores señala que esta posición del país caribeño viola los principios consagrados en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
El gobierno venezolano había asegurado que tomó la decisión porque supuestamente tenía pruebas de que colaboradores de la líder opositora, María Corina Machado, refugiados en el edificio diplomático, planificaban “actividades terroristas e intentos de magnicidio”.
La cancillería paraguaya insta a las autoridades de Venezuela a respetar las normas internacionales. Por otro lado, reconoce a la República de Brasil, por la representación asumida en resguardo de los intereses y custodia de los inmuebles que están dentro de la sede diplomática argentina.
Lea más: Venezuela presiona y revoca permiso a Brasil para proteger embajada argentina
Actualmente, el edificio que corresponde a la diplomacia de Argentina está rodeada de fuerzas de seguridad de Venezuela, bajo el argumento de que el lugar está siendo utilizado por “prófugos de la justicia” para la “planificación de actividades terroristas e intentos de magnicidio contra Nicolás Maduro.
Ante esto, la cancillería argentina respondió que “rechaza dicha medida unilateral y advierte al gobierno venezolano que debe respetar la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas que consagra la inviolabilidad de los locales de las misiones”.
“Cualquier intento de intromisión o de secuestro de los asilados que permanecen en nuestra residencia oficial será condenado duramente por la comunidad internacional”, advirtió en un comunicado que se publicó en redes sociales.
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LN PM: edición del 5 de setiembre
Dos imputaciones contra Prieto, ninguna intervención ni pedido de renuncia
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, tiene dos causas abiertas en su contra, por lesión de confianza, asociación criminal y otros hechos punibles. Sin embargo, hasta el momento no fue solicitada ninguna intervención ni se pidió su renuncia.
En el marco de la causa conocida como Tía Chela, el jefe comunal adjudicó la provisión de alimentos escolares a una despensa sin capacidad de producción ni de provisión de grandes cantidades de productos. Prieto y otros funcionarios están imputados en la causa ante la sospecha de un perjuicio patrimonial superior a G. 2.130 millones.
Hambre Cero: Mitic alista plataforma para control de raciones entregadas
El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) tendrá listo para fin de setiembre la segunda etapa del software empleado para Hambre Cero, que permitirá monitorear la entrega de raciones de alimentos. Esta información será de dominio público y se constituirá en una herramienta clave para la Contraloría.
“Estamos en una segunda etapa enfocándonos en la ejecución de los contratos de alimentación escolar. Estamos poniendo como eje el control de las raciones entregadas a cada escuela, esto posiblemente lo tengamos listo en la segunda quincena de este mes. El objetivo de la fase dos es que los proveedores puedan decir cuántas raciones entregaron a cada escuela”, detalló el viceministro de Tecnología, Juan Ardissone.
Rolón responde por qué familia Gomes accede a carpeta fiscal y los Pecci no
La familia de Marcelo Pecci reclama el acceso a la carpeta fiscal de la investigación del magnicidio perpetrado en Colombia y cuestiona la desigualdad frente al caso Eulalio “Lalo” Gomes, donde los familiares sí accedieron a esta posibilidad.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, habló de la dualidad planteada entre las investigaciones de la muerte de Eulalio Gomes y el crimen de Marcelo Pecci, donde, en el primer caso se permite acceso a la carpeta fiscal y en el segundo, no. “A informaciones acceden, nosotros le citamos, lo que no pueden acceder es a obtener todas las copias que es otra cosa, son informaciones sensibles, que ponen en riesgo a las personas que no pueden intervenir”, contestó Rolón.
Argentina enfrenta a Chile, con el desafío de jugar sin Messi ni Di María
Después de muchos años, Argentina, líder de la clasificatoria sudamericana al Mundial 2026, afrontará este jueves (20:00 de Paraguay) el desafío de jugar un partido sin el astro Lionel Messi ni el histórico Ángel Di María, frente a un necesitado Chile en Buenos Aires.
Unas horas antes, Venezuela, en alza y lanzada a la conquista de un boleto al Mundial 2026, visitará a Bolivia desde las 16:00 (de Paraguay) por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en un partido que tendrá la particularidad de disputarse a 4.090 metros de altitud.
Más de 6.000 ONG no reportan sus actividades, según el Ministerio de Economía y Finanzas
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) tuvo su primera reunión el pasado martes 3 de setiembre y dicho encuentro posibilitó a los legisladores poder solicitar a instituciones como el Ministerio Público, la Justicia Electoral entre otras, informaciones respecto a lavado de dinero. En este primer encuentro, saltó la falta de transparencia por parte de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
“Empezamos a tener las primeras informaciones. Hay 12.000 organizaciones sin fines de lucro y de esas, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) más de la mitad no reportan quiénes son sus directivos, quiénes son sus aportantes, en qué gastan su plata, entonces hay una nebulosa gigante que refuerza nuestra media sanción para monitorear y transparentar la plata que mueven las ONG”, afirmó el senador Gustavo Leite.
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Más de 6.000 ONG no reportan sus actividades, según el Ministerio de Economía y Finanzas
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) tuvo su primera reunión el pasado martes 3 de septiembre y dicho encuentro posibilitó a los legisladores poder solicitar a instituciones como el Ministerio Público, la Justicia Electoral entre otras, informaciones respecto a lavado de dinero. En este primer encuentro, saltó la falta de transparencia por parte de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
“Empezamos a tener las primeras informaciones. Hay 12.000 organizaciones sin fines de lucro y de esas, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) más de la mitad no reportan quiénes son sus directivos, quiénes son sus aportantes, en qué gastan su plata, entonces hay una nebulosa gigante que refuerza nuestra media sanción para monitorear y transparentar la plata que mueven las ONG”, afirmó el senador Gustavo Leite.
De acuerdo a lo manifestado por el vocero de la Comisión, la falta de control a estas instituciones da lugar a que se cometan ilícitos. Leite aclaró que no desconocen la labor que hacen determinadas organizaciones, que son muy prestigiosas y tienen un gran impacto en la sociedad, no obstante, algunas son utilizadas para el lavado de dinero o para el financiamiento de ciertas actividades ilícitas.
Lea también: Falta de registro de miembros dificulta controlar financiamiento político de ONG
“Pedimos al MEF que nos indiquen cuáles son esas más de 6.000 que no están cumpliendo, pero lo que nos reforzó ayer la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) es la necesidad perentoria del monitoreo de rendición de cuentas a las ONG, eso es algo muy necesario”, expresó el senador.
El parlamentario indicó que están atentos a que la Cámara de Diputados aborde la iniciativa de control a las ONG, que ya tiene media sanción por parte del Senado. Según señaló Leite ante la 1080 AM, el propio Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) manifestó la necesidad de acceder a esta información puesto que hasta el momento no pueden saber a quiénes financian determinadas organizaciones.
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Falta de registro de miembros dificulta controlar financiamiento político de ONG
El director de financiamiento político de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, afirmó que la falta de registro de los integrantes de las organizaciones no gubernamentales (ONG) dificulta la trazabilidad (origen del dinero) y el control del financiamiento político partidario.
El funcionario electoral participó en la primera reunión de la Comisión Conjunta de Investigación de Antilavado del Congreso, en la que analizaron las dificultades y desafíos para monitorear el financiamiento político desde las organizaciones sin fines de lucro o no gubernamentales.
Ruíz Díaz subrayó la complejidad del tema abordado debido a las múltiples etapas y ámbitos que involucra, por lo que no se descarta que esta no será la primera vez que sea citado por los legisladores para hablar sobre el tema. Indicó que los parlamentarios formularon varias consultas, las cuales respondieron de acuerdo al conocimiento que tienen y el análisis que vienen realizando a las rendiciones de cuentas presentadas por las organizaciones políticas.
Aclaró que hasta la fecha no se ha identificado ninguna ONG que haya financiado directamente alguna campaña política o candidato en las últimas elecciones. Sin embargo, la conversación reveló que aún persisten preocupaciones en cuanto a la posibilidad de que individuos asociados a las ONG puedan financiar campañas a título personal.
“Producto de las verificaciones que hemos realizado no pudimos identificar a la fecha la existencia de alguna ONG que haya aportado a alguna candidatura, porque el trabajo continúa. Ahora, lo que nosotros necesitamos saber es quiénes integran las ONG, porque como organización tal vez no realicen los aportes, pero pueden realizar a través de una persona física”, remarcó.
No obstante, lamentó que no exista un registro de las personas que integran estas oenegés, ya que “no es como un partido político que cuenta con afiliados. Por tanto, se hace muy difícil la trazabilidad”, explicó.
ONG buscó controlar las elecciones
Mencionó el caso de la Organización Alma Cívica, vinculada a Soledad Núñez, que se había postulado como candidata a vicepresidenta en la chapa por la Alianza; además su esposo Bruno Defelippe se había presentado como candidato a senador. Esta misma organización había solicitado ser parte de las elecciones como observadores electorales nacionales, por lo que desde la Justicia Electoral al detectar esta situación decidió negarle el derecho a llevar el control electoral.
“Ahora de que se financie con el dinero de la ONG, claro que está mal y prohíbe el artículo 68. Lastimosamente, no existe un registro de quiénes son los que integran las comisiones directivas de las diferentes organizaciones sin fines de lucro; por tanto, se hace muy difícil la trazabilidad”, acotó.
Por otra parte, indicó que no solo se debe pensar en el financiamiento político, ya que ni bien exista dinero proveniente de hechos ilícitos fácilmente podría permear en cualquier estrato social y en cualquier etapa. Y la política tal vez sea la última, ya que elecciones se tiene cada cierto tiempo. “Por ello es importante que todas las instituciones del Estado trabajen en conjunto para llevar adelante los controles”, enfatizó.
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