Lima, Perú. AFP.
Perú negó que haya desacatado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando excarceló al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) alegando razones humanitarias, pese al pedido del tribunal para que se abstuviera de liberarlo.
“No ha existido desacato alguno por parte del Estado”, señaló la Cancillería en un comunicado en respuesta al pronunciamiento de la Corte IDH sobre el caso del expresidente peruano de 85 años.
El Gobierno peruano indicó también que entregará a la Corte un informe con la argumentación de su posición dentro del plazo requerido por el tribunal interamericano, que vence el 4 de marzo de 2024. La Corte IDH, órgano judicial del sistema interamericano con sede en San José, había pedido a Perú el pasado 6 de diciembre que no excarcelará a Fujimori hasta que los magistrados analizaran el indulto que le había concedido la justicia peruana, ante su avanzada edad y quebrantos de salud.
El tribunal consideró que el Perú había caído en desacato al no atender sus recomendaciones, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores defendió la legalidad de la medida que le restituyó a Fujimori el indulto otorgado en 2017.
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Llevan a cuidados intensivos al expresidente Fujimori tras fractura de cadera
El octogenario expresidente de Perú, Alberto Fujimori, se encuentra hospitalizado en cuidados intensivos tras sufrir una fractura de cadera en un accidente doméstico, anunció el miércoles su familia.
“En horas de la madrugada, mi papá tuvo una caída en su habitación. Lo hemos trasladado a la Clínica Delgado para su atención y evaluación. Los primeros exámenes presentan una fractura en la cadera”, reveló su hija Keiko Fujimori en la red social X.
“Él se encuentra actualmente en la Unidad de Cuidados Intensivos”, agregó la hija mayor del exgobernante (1990-2000).
Como consecuencia de la fractura, Fujimori, de 85 años, deberá ser operado en los próximos días para colocarle una prótesis en el fémur.
“Es una cirugía de riesgo debido a las enfermedades de mi padre, que tiene un tumor en la lengua, fibrosis pulmonar y fibriliación auricular”, señaló Keiko Fujimori en declaraciones a la prensa.
La fractura de Fujimori se produce en momentos que su salud está debilitada por un tratamiento de inmunoterapia y radioterapia contra un tumor maligno en la lengua, detectado a inicios de mayo.
“Las terapias lo han debilitado mucho”, dijo Keiko Fujimori, de 49 años y excandidata presidencial en tres ocasiones.
La hija mayor del clan Fujimori lidera el partido derechista Fuerza Popular, al cual su padre se había afiliado el pasado 15 de junio.
Alberto Fujimori, de origen japonés, estuvo preso 16 años hasta que fue excarcelado el 7 de diciembre de 2023 bajo el amparo de un indulto concedido por razones humanitarias, pese a la objeción de la justicia interamericana.
El expresidente fue condenado a 25 años de prisión por dos matanzas de civiles perpetradas por un escuadrón del ejército en el marco de la lucha contra la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso a principios de la década de 1990. Estuvo preso 16 años.
Fuente: AFP
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Corte Interamericana culpó a Argentina por fallos en caso del atentado contra AMIA
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró este viernes que Argentina es responsable por faltas en la prevención e investigación del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 en Buenos Aires, que dejó 85 muertos.
“Argentina (es) responsable por no haber adoptado medidas razonables para prevenir el atentado” y “no haber cumplido con su deber de investigar con la debida diligencia y dentro del plazo razonable el atentado y su encubrimiento”, señaló la sentencia de la Corte IDH, con sede en San José.
El 18 de julio de 1994, una camioneta-bomba voló el edificio de la sede de la AMIA en la capital argentina, y además de los muertos hubo más de 300 heridos, en un atentado hasta hoy impune. El Estado “conocía de una situación de riesgo real e inmediata sobre los sitios identificados con la comunidad judía y no adoptó las medidas razonables para evitar dicho riesgo”, según la resolución de la Corte IDH, leída por su presidenta, Nancy Hernández.
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“Se sabía que el atentado iba a ocurrir y dejaron que ocurriera”, dijo a la AFP Diana Wassner, integrante de la Memoria Activa, asociación civil querellante en el caso. Después de 30 años “no se tiene claridad sobre lo acontecido, sus responsables, ni las razones por las cuales el Estado utilizó su aparato judicial para encubrir y obstaculizar la investigación”, agregó la sentencia.
El tribunal consideró al Estado como “responsable de la violación a los derechos a la vida y a la integridad personal en perjuicio de las víctimas”. Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales y abogada de familiares de víctimas, comentó a la AFP que “es un fallo histórico” porque la “propia actividad” del Estado “impidió que 30 años después se obtenga verdad y justicia”.
Riesgo real
Argentina “violó su obligación de prevención”, mencionó la sentencia, ya que hubo situaciones previas “que llamaron la atención sobre la custodia de la AMIA”, como el atentado en 1992 contra la embajada de Israel, que causó 29 muertos. “El terrorismo es un fenómeno que pone en peligro los derechos y libertades de las personas” y los Estados deben “adoptar aquellas medidas que resulten adecuadas, necesarias y proporcionales para prevenir ese tipo de actos”, dijo el tribunal.
Argentina ha acusado por el atentado a exdirigentes iraníes, pero nunca fueron juzgados. Se sospecha que tuvieron una poderosa conexión local, aún no identificada. En abril de 2024, la justicia argentina determinó que los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA fueron ordenados por Irán. Días después el gobierno pidió la detención internacional del ministro de Interior de ese país, Ahmad Vahidi, uno de los señalados por el ataque, orden que fue calificada como “ilegal” por el gobierno iraní.
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“Encubrimiento”
La Corte Interamericana alegó que en el proceso judicial inicial sucedieron “irregularidades” por parte del Estado. “Agentes estatales (...) actuaron de forma articulada con el propósito de construir una hipótesis acusatoria sin sustento fáctico, lo que favoreció el encubrimiento de los verdaderos responsables”, agregó.
En 2015 comenzó una investigación de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA para revisar el proceso inicial y determinó en 2019 “encubrimiento” por parte de Argentina que derivó en penas leves para funcionarios judiciales y del gobierno del expresidente Carlos Menem (1989-1999), pero sin aclarar la razón del ocultamiento.
“Con los años nos dimos cuenta de que no quisieron investigar y nos negaron la justicia” con “encubrimientos”, dijo Wassner. Otra causa por encubrimiento fue abierta en 2017 contra la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015), por impulsar en el Congreso un acuerdo con Irán para juzgar a los iraníes en un país neutral. El acuerdo nunca se cumplió, Kirchner fue sobreseída en 2021 y la causa se reabrió en 2023.
Perjuicio a familiares
El fallo señaló que Argentina “violó el derecho a la integridad psíquica y moral en perjuicio de los familiares de las víctimas”. “Las faltas del Estado a su deber de investigar, las dilaciones injustificadas al proceso y, en general, la falta de esclarecimiento y la situación de impunidad, han provocado en los familiares de las víctimas sentimientos de angustia, tristeza y frustración”, señaló el tribunal.
La Corte ordenó a Argentina como principales medidas de reparación remover los “obstáculos de facto” que mantienen “en la impunidad total” el caso; reabrir las investigaciones para “individualizar, juzgar y sancionar” a los responsables; y establecer la verdad de lo ocurrido. “Es una decisión rara”, dijo Litvachky. “Todavía no tenemos todo perdido”, agregó Wassner.
Fuente: AFP
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Diego Moreno presentó su postulación para miembro de la Corte IDH
El doctor en Derecho Constitucional, Diego Moreno Rodríguez Alcalá, presentó este miércoles 29 de mayo, su postulación como candidato a integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), para el periodo 2025- 2030. La presentación se realizó durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En su exposición, el postulante paraguayo expresó su alegría de volver a la organización internacional, la cual considera como su segunda casa, ya que por más de 6 años se dedicó a consolidar sus valores de promoción y protección de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho en la región.
Moreno remarcó que es absolutamente consciente de la enorme trascendencia que tiene la Corte Interamericana para todas las personas de la región, en especial para las víctimas, sus familias y sus comunidades.
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“Mi compromiso en caso de ser electo, es de volcar todos mis conocimientos técnicos, experiencias y esfuerzos para seguir fortaleciendo la protección de los derechos a nivel regional. También buscar la mayor eficacia posible de la Convención y demás tratados del sistema, en el marco del respeto al pluralismo que caracteriza a nuestra región y con estricto apego al derecho internacional de los derechos humanos”, enfatizó.
Desafíos de la región
Moreno recordó que en el continente existen varios desafíos en materia de protección, como la desigualdad, la pobreza, y la exclusión; la violencia y la discriminación de las que son víctimas las mujeres, así como tanto grupos en situación de vulnerabilidad que han sido históricamente postergados.
Igualmente, resaltó que el cuidado del medio ambiente, así como los problemas generados por los flujos migratorios, la violación de derechos cometidos por actores no estatales; la erosión de la democracia en un contexto de crimen organizado, violencia y corrupción. Sumado a problemas emergentes de distinta índole, como los desafíos para los derechos humanos en la era digital, son algunos de los desafíos que la Corte IDH debe afrontar a diario.
“En mi visión, la Corte IDH es no solo la última esperanza de las víctimas, cuando nuestros Estados no han cumplido con su obligación de brindarles protección a nivel doméstico. Se trata además de un órgano que tiene la capacidad de ir construyendo en el marco del respeto a las diversidades jurídicas que hace rica a nuestra región; las bases para un derecho americano que permita a todas las personas desarrollar sus propios planes de vida en paz y en libertad”, expresó Moreno.
El doctor Moreno remarcó que conoce a la organización desde dentro, conoce su historia y las enormes posibilidades que su misión institucional ofrece a todos los países que la integran. Recordó su paso por la Secretaría de Asuntos Jurídicos, que trabajó en conjunto con el departamento de Derecho Internacional, trabajando en el proceso de elaboración de las dos convenciones interamericanas contra el racismo y discriminación; así como trabajó en una parte de la convención que declara los derechos de los pueblos indígenas.
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Hijo de Santiago Leguizamón reclama cumplimiento de sentencia de la CIDH al Congreso
Dante Leguizamón, hijo del asesinado periodista Santiago Leguizamón, hizo un fuerte reclamo por el incumplimiento de varios puntos de la sentencia en contra del Estado paraguayo en el caso del homicidio de su padre, ocurrido el 26 de abril de 1991, en la ciudad de Pedro Juan Caballero (Amambay).
Su alocución fue antes de la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, ocasión en que recordó que esos puntos caen en responsabilidad del Congreso, para que se pueda avanzar en el cumplimiento de la sentencia.
Tanto la esposa del periodista fallecido, doña Ana María Morra viuda de Leguizamón, como sus hijos fueron invitados por la Cámara de Senadores para rendirles un homenaje este miércoles.
Se procedió a la entrega de una placa y copia de la Declaración por la cual la Honorable Cámara de Senadores reconoce la relevante trayectoria de la familia Leguizamón Morra, por su inclaudicable lucha por la justicia y en contra de la impunidad.
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Al término del homenaje, Leguizamón habló con los periodistas y señaló que se sienten muy honrados por el reconocimiento, pero a la vez, esperan que el Congreso pueda avanzar efectivamente en el cumplimiento de la sentencia.
La resolución tiene puntos específicos que caen en la responsabilidad del Parlamento. “Esperamos que el Congreso pueda avanzar en el cumplimiento de la sentencia, que es lo que efectivamente va a honrar la memoria de Santiago”, indicó cuando fue abordado por los periodistas que cubren el Congreso.
Dante Leguizamón explicó que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) definió al Estado paraguayo como “responsable” por el homicidio del periodista Santiago Leguizamón, hecho ocurrido a la salida de la Radio Mburucuyá.
La resolución de CIDH se dio a conocer en diciembre del 2022 y tiene muchas aristas, de las cuales se han avanzado en algunas partes en su cumplimiento, pero otras no.
“Pero la parte más importante, que es la parte estructural, lo que tiene que ver con las políticas públicas, como la protección de los periodistas, tanto en la vida como en la integridad física. Son aspectos que todavía no se han avanzado y es la discusión que estamos queriendo, efectivamente”, mencionó.
Recordó que justamente en el Día del Periodista, el 26 de abril del año pasado, se presentó un proyecto de Ley Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Sin embargo, hasta la fecha no se ha logrado avanzar en la discusión de la propuesta legislativa, justamente en la Cámara de Senadores, donde se había presentado. Sin su análisis en Senadores no se puede proseguir su estudio en la Cámara de Diputados.
Lamentó, asimismo, que el periodismo hoy en día siga sin las herramientas necesarias para ejercer con seguridad la profesión, ante las amenazas y la violencia que sufren a diario.
“Los últimos hechos son sumamente graves, sobre todo viniendo de autoridades. Los ejercicios de violencia no son tolerables de parte de ningún tipo de autoridad, para ningún tipo de persona y sobre todo contra el periodismo. Lastimosamente, el periodista sigue sin herramientas efectivas para poder protegerse y poder accionar efectivamente y evitar este tipo de acciones”, señaló.