Quito, Ecuador. AFP
Acorralado por el Congreso de Ecuador, el presidente Guillermo Lasso recurrió ayer a la “muerte cruzada”: disolvió el Legislativo, lo cual implica la celebración de elecciones generales anticipadas, y eludió ser destituido por la oposición mayoritaria en un juicio político.
El impopular mandatario, acusado por los congresistas de izquierda de presunta corrupción en contratos de transporte de petróleo, ordenó “disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna”, según el documento difundido por la presidencia.
En medio del alza de la violencia ligada al narcotráfico y del descontento por el costo de vida, la decisión puede implicar el fin del gobierno derechista y también una oportunidad a la izquierda para recuperar fuerzas. El líder de la oposición es el exmandatario Rafael Correa (2007-2017), prófugo en Europa y condenado en ausencia a ocho años de cárcel por corrupción.
La Constitución establece que en un plazo máximo de siete días tras la publicación del decreto de disolución, se convocará a elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de cuatro años, que comenzó en mayo de 2021.
“Es una decisión democrática no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano la posibilidad de decidir”, expresó Lasso en un mensaje por radio y televisión. La Constitución le permite postularse en los nuevos comicios.
La sede del Congreso amaneció bajo resguardo militar y policial, mientras que el palacio de gobierno en el centro histórico de Quito estaba custodiado por un puñado de uniformados, constataron periodistas de la AFP.
Las fuerzas militares y policiales de Ecuador manifestaron su respaldo al presidente, cuya decisión “está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada completamente por todos los ciudadanos”, según una declaración del general Nelson Proaño, jefe de las Fuerzas Armadas.
Esta es la primera vez que un mandatario aplica la denominada “muerte cruzada”, que puede ser ejercida una sola vez durante los tres primeros años del mandato.
Llamado a protestas
Rafael Correa, cuyo movimiento era la principal fuerza legislativa con 49 de los 137 curules, tildó de “ilegal” y de “golpe de Estado” la decisión de Lasso.
“Es obvio que no existe ningún estado de conmoción interna, sino un juicio político en aplicación de la Constitución. En todo caso, es la gran oportunidad para mandar a la casa a Lasso, su gobierno y sus legisladores de alquiler”, expresó en Twitter Correa, exiliado en Bélgica pero muy influyente en Ecuador.
El Frente Popular, una alianza de organizaciones de trabajadores, docentes, campesinos, estudiantes y mujeres, llamó a protestas: “Serán las calles el escenario en el cual defenderemos los derechos y libertades (...) que hoy estarían en juego producto de un dictadorzuelo”, aseguró su líder, Nelson Erazo, en referencia a Lasso.