Argentina. AFP.
El juicio a la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, por supuesta corrupción cuando fue mandataria (2007-2015), abrió ayer la etapa de alegatos en un caso que, de ser condenada, podría inhabilitarla.
El Ministerio Público Fiscal “tiene por acreditado que existió entre el 2003 y el 2015 una asociación ilícita que tuvo en la cúspide de su funcionamiento a quienes fueron jefes de Estado”, dijo el fiscal Diego Luciani, al considerar que los presuntos ilícitos comenzaron en el anterior gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), marido de la ex presidenta y fallecido en el 2010.
En este caso, en el que hay otros 12 involucrados, se investiga si hubo un direccionamiento en la adjudicación de obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz, cuna política de los Kirchner, concedidas al empresario Lázaro Báez, y también si hubo sobreprecios.
Según el fiscal, “hubo un acuerdo para mantener una puesta en escena entre todos los involucrados” para la realización de las obras que, aseguró, generaron “inconmensurables pérdidas para el Estado” y “siguen sin terminarse”.
Sin embargo, una auditoría realizada a pedido de la justicia por Vialidad Nacional, una entidad adscrita al ministerio de Obras Públicas, determinó que los trabajos fueron finalizados.
La fiscalía expondrá los alegatos en nueve audiencias programadas para las próximas tres semanas y luego será el turno de la defensa.
El juicio se inició el 21 de mayo del 2019, contó con más de un centenar de testigos y debió ser suspendido temporalmente en el 2020 por la pandemia de covid-19.