Una investigación desarrollada en Londres, Reino Unido, y Cusco, Perú, desnuda las descabelladas exigencias de Pfizer a países sudamericanos para la venta de vacunas contra el covid-19. Poner los bienes soberanos como garantías en casos de negligencias y futuros pleitos legales es una de las condiciones.
El extenso material elaborado por el Buró del Periodismo de Investigación en Londres, con apoyo del Ojo Público del Perú, muestra las insufribles negociaciones entre Pfizer y países sudamericanos para la compra de vacunas. En el mejor de los casos se llegaba a un acuerdo luego de meses de tratativas, pero bajo condiciones “intimidantes” para los gobiernos. La investigación identifica a varios países, pero también mantiene en reserva a uno o dos de ellos, por acuerdo de confidencialidad firmado con las autoridades.
INDEMNIDAD ADICIONAL
En Argentina y en un país anónimo, los fabricantes de Pfizer exigieron una indemnidad adicional contra cualquier reclamo civil por cualquier efecto adverso que pudieran presentar los vacunados, un aspecto que un ministro siempre mencionó en sus conferencias de prensa al detallar las condiciones de las fabricantes en general, pero sin aclarar a qué marca se refería.
Otra insólita exigencia fue que los países pongan como garantías sus activos soberanos, como edificios de embajadas y bases militares, contra el costo de futuros pleitos legales. Como una “intimidación de alto nivel y un chantaje” describió uno de los funcionarios del país anónimo a las pretensiones del gigante farmacéutico para concretar la venta de vacunas.
EXIMIR DE RESPONSABILIDAD
Este ministro y un representante de la Argentina consideraron que las demandas de Pfizer iban mucho más allá que la de otras empresas, además de implicar cargas financieras adicionales al tener que aprobar nuevas legislaciones complejas para eximir a los fabricantes de responsabilidades. La cuestionada indemnidad, dejar libre de responsabilidad en caso de daños, incluye no solamente posibles efectos adversos de los inmunizados, sino también las posibilidades de que Pfizer haya enviado la vacuna incorrecta o cometido errores de fabricación.
PANAMÁ: IRREGULARIDADES EN VACUNACIÓN
El gobierno panameño cesó a un director regional de salud después de que varias personas recibieran presuntamente la vacuna contra el covid-19 antes de lo previsto por las autoridades. “Hemos tomado la decisión de relevar del cargo al director de la región de Veraguas”, Ovidio Mendoza, anunció el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.
La destitución se produjo después de que se inmunizara a “personal que estaba fuera del calendario de vacunas”, precisó el ministro. Los hechos tuvieron lugar en la ciudad de Santiago, capital de la provincia de Veraguas, 250 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá. Según las denuncias, el domingo fueron vacunadas en esa ciudad personas mayores de 60 años, pese a que no era su turno ni aparecían en los listados. La destitución se produce a pocas horas de que Panamá reciba un nuevo lote de 77.220 dosis de la vacuna del laboratorio estadounidense Pfizer.