El embajador del Ecuador en Paraguay, Santiago Apunte Franco remitió una carta al director del Diario La Nación, José María Agüero, en la que expone los recientes acontecimientos en su país que derivaron en la derogación de un decreto presidencial para desactivar una protesta indígena que provocó momentos de conmoción y puso en jaque al gobierno de Lenín Moreno. A continuación se transcribe la misiva.
Estimado Director: Por instrucción del Gobierno Nacional de la República del Ecuador me permito presentar algunos elementos factuales en relación a los recientes hechos acaecidos en mi país y que son de amplio conocimiento. Al respecto, en contraposición a los llamados de diálogo y búsqueda de acuerdos efectuados por el Gobierno Nacional del Ecuador desde el pasado 2 de octubre de 2019, los organismos de seguridad del Estado detectaron información fiable sobre la intención de grupos violentos de propiciar de manera coordinada un golpe de Estado a través del incremento del nivel de confrontación con la Fuerza Pública.
El Estado ecuatoriano salió y continuará saliendo al paso de los intentos golpistas y de desestabilización a la democracia ecuatoriana, en el marco de la Constitución y de las leyes nacionales del Ecuador.
Como es de su conocimiento y frente a la grave situación interna que se experimentó fue necesario establecer “el estado de excepción” decretado por el Presidente de la República del Ecuador, Licenciado Lenín Moreno, el 3 de octubre de 2019. La Fuerza Pública ecuatoriana actuó en consonancia con las disposiciones constitucionales y legales que regulan dicho mecanismo, y continuará procediendo de esa misma manera frente a cualquier tentativa de quebrantamiento del orden democrático del país.
Bajo ese contexto, el presidente Lenín Moreno, dentro de las facultades que le otorga la Constitución de la República del Ecuador y al amparo del “estado de excepción” decidió trasladar la sede de gobierno a Guayaquil. El Presidente tomó la decisión frente a coordinados actos de protesta, violencia y vandalismo, ampliamente reportados por medios, y para evitar que Quito se convierta en centro de enfrentamientos. El Presidente Moreno buscó también con esta decisión evitar roces entre civiles. Sectores de Quito, la capital política y sede de gobierno de la República del Ecuador expresaron su disposición a salir al paso de los manifestantes.
Adicionalmente, en atención a la situación descrita el presidente Lenín Moreno, de acuerdo con sus atribuciones constitucionales y legales, y a fin de asegurar la preservación de la paz y armonía en el país, a través del Decreto Ejecutivo Nro. 888, en los momentos más álgidos de conmoción, declaró toque de queda parcial en zonas y áreas determinadas de algunas ciudades del Ecuador. Instrumento de por medio del que también se reiteró en que la fuerza pública debía y estaba obligada a extremar su comportamiento y cuidado para el control de las manifestaciones públicas que devengan en violencia o actos contra la propiedad privada y pública. Se reconoció el derecho a la manifestación pacífica y se efectuó un llamado al diálogo.
En seguimiento a lo anterior se anota que el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Licenciado Lenín Moreno, frente a los actos vandálicos desatados de manera coordinada en la ciudad de Quito el pasado sábado 12 de octubre, luego de diez días de manifestaciones, y en el marco de la Constitución del Ecuador y las leyes, tuvo que decretar la total prohibición de circulación y tránsito en la ciudad de Quito, capital del Ecuador, y los valles aledaños, que incluyen al aeropuerto internacional Mariscal Antonio José de Sucre. En función de ello no se permitió transitar a automotores o personas por vías públicas de Quito y de sus alrededores, a excepción de vehículos y personal de la Policía Nacional o las Fuerza Armadas del Ecuador. La coordinación en tiempos y ejecución de las acciones violentas por parte de grupos de individuos desconocidos y generalmente encapuchados, no vinculados al movimiento indígena, claramente sugieren la implementación de un plan para desestabilizar al Gobierno Nacional y al orden democrático vigente en la República del Ecuador.
Los actos de extrema violencia registrados el día sábado 12 de octubre en la capital política de la República del Ecuador incluyeron el incendio del edificio de la Contraloría General del Estado del Ecuador, el ataque e incendio de parte de la sede de la televisora Teleamazonas, el asalto al diario El Comercio y a Ecuador TV, el saqueo a decenas de comercios y el bloqueo coordinado de puntos neurálgicos de la ciudad de Quito tales como los accesos de ingreso y salida vehicular de la ciudad, reservorios de agua potable, infraestructura de comunicación, a más del bloqueo de los accesos desde los valles de Tumbaco y Los Chillos que circundan a la ciudad de Quito.
Esta información se puede constatar en redes sociales y en sitios web de medios de comunicación ecuatorianos e internacionales. Al respecto el movimiento indígena agrupado en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) manifestó públicamente su repudio a tales hechos de violencia y se deslindó de los mismos y de los grupos que participaron en ellos.
La Oficina de la ONU en Quito manifestó el 12 de octubre en horas de la noche que en vista de la aceptación pública de la Conaie a negociar con el Gobierno Nacional liderado por el Presidente de la República del Ecuador, Licenciado Lenín Moreno, se iniciaría “de inmediato el contacto directo con dirigentes del movimiento indígena y otros actores sociales para concretar próximos pasos y evitar la escalada de violencia” (mensaje de tuit de 12 de octubre, de ONU Ecuador). En ese contexto, el Gobierno del Ecuador reiteró con ocasión de ello su permanente disposición y plena apertura al diálogo.
Posteriormente, el 13 de octubre de 2013, aún en una situación compleja y delicada debido a la continuación, aunque ya con menos intensidad, de las manifestaciones y cierto vandalismo en la ciudad de Quito, la Conaie con la intermediación de la conferencia episcopal ecuatoriana y de la representación de las Naciones Unidas en el Ecuador, aceptó mantener el diálogo franco y directo ofrecido por el Presidente de la República del Ecuador y, sobre esa base, en horas de la noche de ese día domingo 13 de octubre, las dos partes, el Gobierno y el movimiento indígena, con el objetivo de consolidar la paz y la estabilidad en el Ecuador, acordaron la derogación del Decreto Ejecutivo Nro. 883, por el que se suprimía el subsidio a los combustibles, restableciendo dichos subsidios.
Mediante el Decreto Ejecutivo Nro. 894, de 14 de octubre de 2019, se dejó sin efecto el Decreto Ejecutivo Nro. 883, de 1 de octubre de 2019, y se ordenó la elaboración de un nuevo decreto ejecutivo que facilite una política de subsidios a los combustibles, con un enfoque integral, con criterios de racionalización, focalización y sectorialización, que precautele que estos no se destinen al beneficio de personas de mayores recursos económicos, ni a contrabandistas de combustibles.
Para el gobierno nacional del Ecuador, nada justifica la violencia generalizada en contra de Quito, capital del Ecuador y sus habitantes. La Fuerza Pública ecuatoriana ha actuado y continuará actuando dentro del marco de la ley a fin de restablecer la paz en la ciudad de Quito y detener a los delincuentes y grupos de vándalos que han provocado destrozos a bienes públicos y privados, agredido a miembros de la Fuerza Pública y a personas indefensas, asaltos a locales privados y provocando una alarma social sin precedente.
Señor Director mucho apreciaré su gentil consideración de los elementos arriba expuestos en la valoración que el digno diario bajo su dirección haga de los altamente sensibles acontecimientos presentados en Ecuador.
Le reitero mis seguridades de la más alta y distinguida consideración.
Santiago Apunte Franco
Embajador del Ecuador en Paraguay