Brasilia, Brasil | AFP
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, puso ayer manos a la obra para implementar su programa conservador y de realineamiento con Estados Unidos, en una alianza de dos de los principales exponentes de la ola nacional-populista mundial.
En el plano interno, el nuevo gobierno decidió entregar la demarcación de las tierras indígenas al Ministerio de Agricultura, representante de los intereses del pujante sector del agronegocio, uno de los principales aliados del presidente de ultraderecha.
El cambio, que deja sin la atribución a la FUNAI (Fundación Nacional del Indio), desató las críticas de los opositores del ex militar –conocido por sus enfrentamientos con el sector ambientalista o de trabajadores sin tierra– y era uno de los asuntos más comentados en el Twitter brasileño.
“Teníamos en nuestro plan de gobierno colocar dentro de la cartera de Agricultura todo lo que, de una u otra manera, gira en torno al agronegocio, que es el gran punto de sustento de la economía brasileña”, afirmó el ministro jefe de la Casa Civil (jefe de Gobierno), Onyx Lorenzoni.
Tono mesiánico
Bolsonaro despejó cualquier posible duda sobre su voluntad de cumplir con sus promesas de campaña, recordando en Twitter el rumbo que pretende dar a un mandato que debe extenderse hasta el 31 de diciembre del 2022.
“Nuestro discurso de asunción, que es nuestro eje de gobierno”, escribió en la mañana del miércoles, junto a un video de su intervención la víspera frente al Palacio de Planalto, donde dijo que el 1 de enero del 2019 sería recordado como “el día en que el pueblo empezó a liberarse del socialismo, de la inversión de valores, del gigantismo estatal y de lo políticamente correcto”.
En su primera medida como presidente, Bolsonaro decretó el martes subir el salario mínimo a 998 reales (262 dólares), levemente por debajo de los 1.006 reales proyectados por el gobierno del presidente saliente Michel Temer.
Una agenda de acción divulgada la semana pasada por Lorenzoni fija cuatro etapas a 10, 30, 60 y 90 días para la identificación y el encaminamiento de propuestas prioritarias, así como para la eventual revocación de decretos y leyes existentes.