• Caracas, Venezuela. AFP.

El ‘dólar negro’ se dispara en Venezuela y con ello se reavivan los temores de un repunte de la inflación y el recuerdo de los peores años de la crisis económica que forzó a migrar a millones de venezolanos. Mientras reina la incertidumbre por el recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, la cotización del dólar rompió esta semana la barrera de los 100 bolívares en el mercado paralelo que nació a la sombra de un férreo control cambiario que estuvo vigente por 15 años.

La tasa oficial, en contraste, es de 69,5 bolívares por dólar. La brecha entre ambas cotizaciones, que bordea el 50 %, genera presión sobre los precios, mientras las autoridades obligan a los comercios a regirse por el cambio oficial bajo amenazas de cierres y multas.

Ya había comenzado a abrirse en el segundo semestre de 2024, rondando 20 %, pero el fenómeno se agravó tras la decisión de la administración de Donald Trump de suprimir la licencia a la petrolera estadounidense Chevron para operar en Venezuela pese a las sanciones, coinciden expertos. La compañía energética tiene plazo hasta el 27 de mayo para permanecer en el país caribeño.

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“El anuncio” de la salida de Chevron “generó de inmediato una inquietud muy grande”, dice a la AFP César Aristimuño, director de la consultora Aristimuño Herrera & Asociados. Ello derivó en un aumento de la demanda de dólares, con los venezolanos buscando cubrirse las espaldas, en un momento en el que la oferta en el mercado formal ha disminuido. “Hoy tenemos una demanda que excede muchísimo la oferta”, apunta Aristimuño.

“Nos está afectando”, lamenta Darwin Contreras, de 40 años, vendedor en una tienda de ropa en Caracas. “Aumenta la comida, aumenta todo”. “Es algo insoportable”, añade este hombre, que rememora la grave crisis vivida durante los ocho años de recesión que encadenó este país entre 2013 y 2020, en los que la economía se redujo 80 % y los venezolanos remaban contra la hiperinflación, que llegó a 130.000 % en 2018, y una aguda escasez de alimentos y medicinas.

Con el fin de dar estabilidad a la tasa oficial, el gobierno inyecta periódicamente dólares en el mercado cambiario. Solo en 2024 fueron colocados 5.000 millones de dólares, según datos de Aristimuño Herrera & Asociados. Las llamadas “intervenciones cambiarias”, sin embargo, han caído para ubicarse de acuerdo con esta firma en 634 millones de dólares en 2025 frente a los 934 millones que sumaban a estas alturas en el año anterior.

En ese contexto, llegó el anuncio del fin de la licencia a Chevron, así como la amenaza de Washington de imponer aranceles a los compradores de crudo venezolano. Aristimuño cree que la violenta alza del dólar paralelo es “coyuntural”, producto de lo que denomina “efecto Chevron”.

“Chevron es uno de los proveedores importantes de divisas (...), que fortalecía y complementaba de una u otra manera las divisas que viene dando el Banco Central de Venezuela (BCV) vía intervención cambiaria”, explica. Un 25 % de la producción petrolera venezolana, actualmente alrededor de los 900.000 barriles diarios, proviene de las operaciones de Chevron, según estimaciones privadas.

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Maduro, en el pico de la crisis hace unos años, sostenía que Venezuela era víctima de “una guerra económica”, en la que enmarcó las sanciones estadounidenses para presionar, sin éxito, por su salida del poder. El gobernante izquierdista, cuya reelección en 2024 es desconocida por Trump entre denuncias de fraude de la oposición, retomó ese discurso este viernes al referirse al aumento del dólar paralelo y reconocer que la demanda de divisas en el mercado formal aumentó 40 % en las últimas semanas.

“El dólar de guerra” es “un viejo enemigo de la economía venezolana”, dijo en un acto transmitido en cadena de radio y televisión. “Tenemos que hacer todo lo que haya que hacer para superar la perturbación que ha creado los dos anuncios de guerra económica del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela”, lanzó el mandatario. La inflación venía cayendo. Cerró en 48 % el año pasado, según Maduro, después de ubicarse en 189,8 % en 2023, 234 % en 2022 y 686,4 % en 2021 de acuerdo con el BCV, que dejó de publicar reportes sobre este indicador en octubre.

• Caracas, Venezuela. AFP.

El gobierno de Venezuela anunció ayer domingo la reducción de la jornada laboral en la administración pública debido a la “emergencia climática” reflejada en el descenso de los embalses, vitales en la producción de energía eléctrica en el país. La medida, que comenzará el lunes 24 de marzo, recuerda a las aplicadas durante los años 2016 y 2018 por el presidente Nicolás Maduro, que alertó entonces sobre la reducción del caudal en la hidroeléctica Guri, que genera 80% de la energía al país, por la sequía.

“Producto de la emergencia climática que ha conllevado al aumento de temperaturas a escala mundial, estamos haciendo frente a un evento climatológico que afecta el nivel de agua de los embalses que generan la energía eléctrica en la región andina”, indicó el gobierno en un comunicado.

Por ello, “se ajustará el horario laboral desde las 8:00 am hasta las 12:30 pm durante las próximas seis semanas”. Además, “se declara el 1×1, que consiste en un día laborable por un día no laborable”. De esta forma, la atención en las oficinas públicas se reducirá a tres días a la semana con jornadas de cuatro horas y media. Los organismos a cargo de servicios esenciales quedan exceptuados.

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El gobierno llamó a la población a acompañar estas acciones con medidas como el “ajuste de la temperatura de los aires acondicionados a 23°C, el aprovechamiento de la luz natural y la desconexión de aparatos electrónicos” cuando no se estén utilizando.

En 2019, luego de un apagón masivo, también se redujo la jornada laboral y se suspendieron las clases. Los racionamientos eléctricos son habituales desde hace más de 15 años en los estados del interior. Entre 2019 y 2024 el país ha quedado a oscuras por días debido a apagones que expertos atribuyen a falta de mantenimiento y el gobierno achaca a sabotajes.

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• Montevideo, Uruguay. AFP.

El nuevo gobierno de Uruguay justificó el pasado miércoles su cambio de postura sobre la situación en Venezuela, donde dejó de reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo, pero tampoco valida a Nicolás Maduro como mandatario reelecto.

La administración del izquierdista Yamandú Orsi, que acaba de iniciar un periodo de cinco años, difiere así de la anterior, encabezada por el centroderechista Luis Lacalle Pou, quien recibió en Montevideo a González Urrutia días antes de que Maduro asumiera en enero un tercer mandato hasta 2031.

Según el canciller de Orsi, Mario Lubetkin, esto no significa “lavarse las manos” sobre el resultado de los comicios de julio. Entonces, Maduro se proclamó ganador sin divulgar detalles del escrutinio, mientras que la oposición publicó copias de actas electorales con las que reclama la victoria de González Urrutia, exiliado en España desde septiembre.

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“Estamos de acuerdo en que (esa elección) no se puede reconocer. Ahora, tampoco nosotros podemos ser la corte electoral de Venezuela”, declaró Lubetkin a radio Sarandí. El canciller dijo que el nuevo gobierno no es “insensible” a lo que ocurre en ese país y a su impacto en la región. Según la ONU, más de 7 millones de venezolanos abandonaron su país en la última década, la mayoría a países latinoamericanos.

“Nosotros tenemos que ayudar a que esos escenarios de inestabilidad de alguna manera se transformen en escenarios de estabilidad”, apuntó Lubetkin, y estimó que “un camino” puede ser realizar nuevas elecciones.

Para el gobierno de Orsi, Venezuela no es una “prioridad”, añadió, pero sí le preocupa proteger a los uruguayos que están en Venezuela y a los venezolanos que están en Uruguay, que estimó en unas 50.000 personas.

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“Si hay un objetivo 2025 en el tema de Venezuela, es ese”, afirmó. “Para eso hay dos aspectos fundamentales: tener diálogo con el gobierno venezolano y tener diálogo con la oposición venezolana. Lo tenemos con ambos”.

Desde fines de julio, ni Uruguay ni Venezuela tienen personal diplomático en sus embajadas respectivas, luego de que el gobierno de Maduro expulsara a los representantes uruguayos de Caracas y exigiera el regreso de los delegados venezolanos en Montevideo.

La última funcionaria administrativa uruguaya que estaba en la misión diplomática en Caracas, que oficiaba de enlace con el gobierno de Maduro, debió abandonar Venezuela en noviembre. La embajada uruguaya sigue abierta con personal local, pero con actividad restringida.

• Fuente: AFP

Una corte de Chile impuso condenas que suman casi 560 años de cárcel a 31 venezolanos y tres chilenos que integraban el Tren de Aragua, la banda de origen venezolano que Estados Unidos incluyó en su lista de organizaciones terroristas, informó la fiscalía este jueves.

“En el marco de un histórico juicio oral en el país contra el crimen organizado transnacional, la Fiscalía de Arica obtuvo distintas penas que suman cerca de 560 años de presidio efectivo”, señaló el organismo en un comunicado.

Los 34 sentenciados, uno de ellos a cadena perpetua, formaban parte de Los Gallegos, “el brazo armado” del Tren de Aragua en Chile, de acuerdo con la fiscalía. La justicia los envió a prisión por tráfico de armas, secuestro, homicidio y asociación ilícita.

La sentencia fue leída en una audiencia sin acceso a la prensa y bajo fuertes medidas de seguridad, que se llevó a cabo en la ciudad de Arica, ubicada unos 2.000 km al norte de Santiago, donde operaba la organización, que empezó a ser desarticulada en 2022.

“Este es un fuerte golpe al crimen organizado”, afirmó el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, en un encuentro con los periodistas en Santiago.

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