- Lima, Perú. AFP.
El Congreso del Perú aprobó un proyecto de ley que refuerza el control de las autoridades sobre las oenegés que operan en el país, prohibiéndoles notoriamente defender casos de derechos humanos ante los tribunales. La propuesta legislativa, que causó rechazo entre las ONG, fue aprobada el miércoles y enviada este jueves al Ejecutivo, que dispone de hasta 15 días para pronunciarse a favor y promulgarla o devolverla al parlamento para sugerir cambios.
La norma impulsada por las bancadas derechistas que controlan el Congreso busca “reforzar la fiscalización” de los fondos que las ONG reciben de fundaciones privadas extranjeras. Perú ya cuenta desde hace años con una agencia estatal encargada de supervisar la actuación de las ONG y la transparencia con la que administran sus recursos.
Lea más: El oro superó los 3.000 dólares por primera vez en la historia
“Es importante que los recursos económicos que llegan al país desde la cooperación internacional sean destinados a los beneficiarios”, destacó el jueves a periodistas el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, al justificar la norma. La propuesta fue calificada como “una ley anti ONG” e inconstitucional por diversos grupos de la sociedad civil.
Según la propuesta de ley, las ONG incurren en “falta grave” si buscan “asesorar, asistir o financiar” acciones judiciales contra el Estado Peruano. “La Ley Anti-ONG es un golpe más a la democracia y los derechos humanos en el Perú (...) rechazamos esta norma que obstaculiza el acceso a la justicia y perpetúa la impunidad”, señaló Promsex una ONG que defiende derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
Lea también: Falla la nave para el rescate de astronautas varados desde junio
El Instituto Prensa y Sociedad, una ONG de periodistas, advirtió que “el intrusismo que la norma plantea se emparenta con legislaciones aprobadas por regímenes autoritarios de América Latina que combaten la libertad de asociación para mantener su control sobre la sociedad”. Señalaron que es inconstitucional porque exige pedir autorización al gobierno para sus actividades, lo que de facto otorga un poder de veto al funcionamiento de una asociación civil.
La propuesta del Congreso sintoniza con el discurso del gobierno conservador de la presidenta Dina Boluarte, quien carece de bancada y partido político. Las autoridades peruanas culpan a las ONG de ser responsables de las denuncias que existen ante tribunales supranacionales de casos de abusos a los derechos humanos perpetrados por las fuerzas del Estado.