Con el fin de introducir modificaciones al actual régimen de financiamiento de las campañas políticas, mejorar los mecanismos de control y simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos, un grupo de diputados presentó el proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Electoral.

Los diputados Raúl Latorre, Miguel Del Puerto, Rocío Abed, Daniel Centurión y Hugo Meza presentaron el proyecto “que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral’, modificado por las leyes Nros. 4743/2012 y 6167/2018”.

El documento argumenta que existe “una preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que han enfrentado las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente”.

Se menciona también que los controles establecidos en la ley actual, resultan excesivos, complejos o pocos accesibles para las agrupaciones políticas, principalmente en las elecciones.

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Entre las modificaciones planteadas se encuentra el reconocimiento anticipado de los movimientos políticos, ya que la ley actual no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas, y con el cambio se establece formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.

La digitalización de declaraciones propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten únicamente en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.

En otro punto se plantea la presentación individual por candidato, que a diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.

Igualmente, se incluye mayor transparencia y fiscalización, previendo la publicación obligatoria en un plazo de diez días hábiles de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

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En cuanto a las sanciones, se establece más severidad “en caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente”.

Son varias las modificaciones que plantea este documento que ya se encuentra en la Cámara de Diputados para ser analizado, primeramente por las comisiones asesoras y posteriormente ante el pleno.

• Carlos A. Primo Braga
• Profesor de la Fundación Dom Cabral, Brasil

El 2 de abril (denominado Liberation Day por el presidente Trump), el Gobierno de los Estados Unidos anunció la imposición de aranceles recíprocos que afectan a cerca de 185 países. A partir del 5 de abril, se sumaron aranceles del 10 % a los ya existentes, y desde el 9 de abril deberían imponerse aranceles adicionales a los países considerados como los peores infractores, con base en una “evaluación” sobre cómo sus políticas afectan las exportaciones estadounidenses.

Los mercados financieros en todo el mundo, y particularmente en EE. UU., reaccionaron de forma dramática en los días posteriores al anuncio. El índice NASDAQ, por ejemplo, que refleja el desempeño del sector tecnológico, cayó alrededor de un 9,8 % en los dos días siguientes, una corrección significativa en relación con su nivel máximo anterior.

Estos aranceles se suman a otros anunciados previamente por la administración Trump, dirigidos principalmente a China (incluyendo un arancel del 20 % como sanción por el comercio ilícito de fentanilo y aranceles del 25 % sobre automóviles, acero y aluminio). En síntesis, los productos chinos pasarán a enfrentar aranceles totales del 54 % (20 % vinculados al tema del fentanilo y 34 % por el cálculo de reciprocidad) y, en algunos casos, específicos (como los automóviles, considerados una amenaza a la seguridad nacional), los aranceles podrían alcanzar hasta un 79 %. China respondió con una tarifa adicional del 34 % sobre exportaciones estadounidenses. Posteriormente, el gobierno de Trump reaccionó a esta decisión imponiendo un arancel adicional del 50 % sobre productos chinos el 8 de abril.

El cálculo de los aranceles recíprocos por parte de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) fue recibido con escepticismo y críticas sobre la arbitrariedad del método utilizado. La fórmula adoptada se basa, esencialmente, en dividir el déficit comercial de EE. UU. en bienes con cada país entre el valor de las importaciones provenientes de dicho socio comercial, como una proxy de un arancel que equilibraría los flujos comerciales. La fórmula también incluye en el denominador una estimación de la elasticidad de las importaciones respecto a los precios y de los precios respecto a los aranceles; sin embargo, al haber asignado arbitrariamente los valores 4 y 0,25, el producto de dichas elasticidades es igual a 1. El valor resultante de esta división fue reducido a la mitad, según el presidente Trump, para reflejar la magnanimidad estadounidense. En el caso de países con superávit comercial con EE. UU. (como Brasil), así como en situaciones especiales (como Afganistán), se estableció un arancel recíproco del 10 %.

El 9 de abril, el presidente Trump anunció una pausa de 90 días en la implementación de estos aranceles para la mayoría de los países, con excepción de China. Para los países que no respondieron con represalias, solo se aplicará el arancel adicional del 10 % hasta junio. En el caso de China, sigue vigente un arancel acumulado del 145 %, mientras que para Canadá y México se aplicarán aranceles del 25 % sobre productos que no cumplan con las normas del acuerdo USMCA (que sustituyó al NAFTA). China respondió de inmediato, elevando sus tarifas a un 125 % sobre productos estadounidenses.

El arancel medio en EE. UU. se incrementará a aproximadamente un 22,5 %, con picos importantes para ciertos países (como China) y productos. Este nivel remite a lo ocurrido en la década de 1930 y sus consecuencias negativas para la economía global. Asimismo, la lógica de la fórmula (centrada únicamente en el comercio de bienes, ignorando los servicios donde EE. UU. suele registrar superávit), la elección arbitraria del año 2024 como base para los cálculos —a pesar de que los déficits comerciales varían con el tiempo—, el desconocimiento de las estructuras proteccionistas de los socios comerciales, y las causas macroeconómicas de los desequilibrios en la balanza de pagos (como el desajuste entre ahorro e inversión) han sido señalados como puntos críticos de esta metodología.

Para los países del Mercosur, hay tanto buenas como malas noticias. Es cierto que los miembros del bloque fueron “beneficiados” con un arancel recíproco mínimo del 10 %, muy por debajo del promedio general y de los valores máximos aplicados a otros países. Sin embargo, el impacto puede ser perjudicial, no solo por los efectos sobre los flujos globales de comercio (la Organización Mundial del Comercio —OMC— estima que estos aranceles podrían generar una contracción del 1 % en el volumen del comercio mundial en 2025), sino también por los desvíos comerciales que pueden surgir (como la redirección de exportaciones chinas hacia la región). No obstante, el “superarancel” y sus externalidades (como la adopción de medidas de represalia por varios países, especialmente China) pueden generar oportunidades para el agronegocio del Mercosur, como ocurrió durante el primer mandato de Trump.

Desde una perspectiva estratégica, la política comercial de EE. UU. crea incentivos para una postura más favorable en relación con la implementación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Cabe destacar, sin embargo, que Argentina y Brasil mantienen visiones divergentes sobre el impacto de estas medidas. El presidente Milei, por ejemplo, ha expresado interés en ajustar la política comercial argentina y eventualmente negociar un acuerdo bilateral con EE. UU.

En resumen, las medidas adoptadas por EE. UU. pueden interpretarse como una decisión de facto de abandonar las normas de la OMC. Esto incrementará los niveles de incertidumbre en la economía global. El Programa “Parceiros para Excelência” PAEX de la Fundación Dom Cabral puede asistir a sus clientes en la navegación de este escenario incierto.

El proyecto de ley que declara en situación de emergencia a los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, cuenta con el dictamen a favor de su aprobación de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros de la Cámara de Diputados. Además de la declaración de emergencia, también se amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2025, a fin de dar la asistencia correspondiente a las comunidades del Chaco afectadas por las lluvias.

Esta iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, el pasado jueves se incluyó en el orden del día de Diputados, fue debatido y tuvo una mayoría a favor, sin embargo, al momento de la votación la sesión extraordinaria quedó sin quórum por lo que el proyecto no pudo ser sancionado.

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El documento podrá ser analizado recién después de la Semana Santa, ya que en estas fechas no se realizará la sesión ordinaria de los días martes, y se aguarda que al momento de ser tratado ya quede sancionado y pase al Poder Ejecutivo.

“Estos eventos climatológicos han causado daños económicos y sociales significativos; y han impactado severamente en las familias y comunidades indígenas, especialmente, según refieren los impulsores de la normativa. Entre los principales aspectos impactados se menciona la infraestructura vial; el comercio; la agricultura; la ganadería; así como otros rubros productivos”, refiere la mención de la Cámara Baja.

De sancionarse la declaración de emergencia, con el respaldo de ambas Cámaras del Congreso Nacional, dentro del marco de la Ley N° 2.615/2005, se podrá coordinar de manera eficiente y rápida las acciones necesarias para mitigar la situación descrita, según informó el organismo asesor.

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Actualmente, la balanza comercial entre Paraguay y Francia ronda los USD 150 millones y existe un gran potencial entre ambos países para que esta relación siga creciendo, dijo a La Nación/Nación Media, Benoit Libourel, presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo-Francesa.

“Paraguay tiene todo para ganar más mercados. Muchas veces falta interesarse más y tratar de hacer los nexos correctos. Este país tiene todos los condimentos y condiciones necesarias para ser un país exitoso”, manifestó a LN el presidente de la cámara.

El empresario francés afirmó que nuestro país tiene una gran necesidad de apostar por la industrialización como una estrategia de desarrollo. “Creo que hoy la emancipación de Paraguay se da mucho en el sector agrícola, financiero y servicios, para atraer más inversiones, se debe generar más mano de obra capacitada, exportar productos elaborados y no solo materia prima”, manifestó.

Acerca de los principales productos que el país europeo importa del nuestro, mencionó que son las materias primas necesarias para la cosmetología, pero también medicamentos y automóviles. Uno de esos productos es el petit grain, una esencia fundamental para la elaboración de los conocidos perfumes franceses.

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“El petit grain tiene a Paraguay como el productor del 40 % del volumen global. Mucho de eso se exporta a Francia para la elaboración de perfumes. Dentro de las mejores marcas de perfumes que se traen acá, una de las materias primas justamente se fabrica en este país”, expresó.

Por otro lado, Benoit Libourel dijo que actualmente el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) está haciendo un gran esfuerzo en encontrar nexos comerciales para seguir vendiendo productos nacionales. Reconoció el trabajo de los viceministros, Marco Riquelme, Javier Viveros y Rodrigo Maluff.

Finalmente dijo que el gobierno debe seguir esforzándose por mantener la estabilidad macro que tanto le caracteriza, ya que son condiciones indispensables para cualquier inversor, sea nacional o extranjero, porque le permite proyectarse a futuro e invertir a largo plazo.

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