El Congreso de Chile somete este miércoles a última votación la reforma del sistema privado de pensiones -impuesto por la dictadura (1973-1990)- que propuso el presidente Gabriel Boric, ante el clamor de la mayoría de los chilenos. La Cámara de Diputados, que controla la oposición de derecha, definirá la suerte de la iniciativa tras la aprobación del Senado el lunes.

En su último año de mandato, el gobierno cree tener el respaldo, incluso de sus adversarios, para sacar adelante el proyecto que impulsa desde 2022 y que apoya un 60 % de los chilenos, según la más reciente encuesta de la consultora Cadem. De recibir el visto bueno, el proyecto revolucionará el modelo instaurado en 1981 por Augusto Pinochet, y en el que el trabajador financia su pensión sin contribuciones de su empleador, incluido el Estado.

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Aunque el ahorro de los trabajadores “siga siendo su componente principal, el nuevo sistema será estructuralmente distinto del creado en 1981″, comentó a la AFP, Marco Morales, profesor del Departamento de Economía de la Universidad Diego Portales. En el sistema actual, el empleado aporta el 10 % de su sueldo a las privadas administradoras de fondos de pensiones (AFP), que a su vez invierten los recursos en sus portafolios de negocios.

Cuando los hombres se jubilan a los 65 años, y las mujeres a los 60, reciben una pensión conforme al rendimiento de sus aportes. En proyecto de Boric prevé, en lo esencial, que las empresas aporten el 8,5 % y los trabajadores sigan cotizando el 10 %. Asimismo, las siete AFP que actualmente operan en Chile tendrán que competir con nuevos inversores de pensiones.

Durante años, los chilenos se han volcado a las calles para exigir la reforma de un sistema que apenas si garantizaba un mínimo de pensión. El actual “modelo está en crisis, y eso nadie lo pone en duda. Las pensiones de hoy no alcanzan para que nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, sostengan una vida digna en su vejez”, dijo Boric al presentar la reforma en 2022.

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De los 600.000 jubilados en Chile, la mitad recibe unos 350 dólares al mes, por debajo del salario mínimo de 500 dólares, de acuerdo con cifras oficiales. Con la reforma en discusión, las pensiones subirán entre un 14 y 35%, según la estimación del gobierno. La iniciativa también reajusta un bono estatal para los jubilados más pobres, de 215 a 250 dólares al mes.

Fuente: AFP