La Casa Blanca pidió a todas las secretarías de Estado y agencias federales que congelen una parte de los gastos de “asistencia” para revisarlos y asegurarse de que estén conformes con las “prioridades del Presidente”, una decisión que pone en riesgo el acceso a la cobertura médica de muchos estadounidenses de bajos ingresos.

En principio se trataba de gastos vinculados a programas de asistencia y actividades de apoyo desde el Estado, para las cuales cada agencia debe realizar un “análisis completo”, según un documento al que accedió la AFP.

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“Esta pausa temporal dará tiempo a la administración para revisar programas y determinar el mejor uso de fondos para las iniciativas que sean consistentes con la ley y las prioridades del Presidente”, señala el documento.

Se trata de “una medida muy responsable”, sostuvo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a reporteros en Washington.

La orden de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, una semana después de la asunción de Trump, amenaza con frenar el desembolso de cientos de miles de millones de dólares en fondos para gobiernos locales, entidades educativas o pequeños préstamos para empresas.

Están afectados los programas vinculados a la transición energética y los previstos para zonas afectadas por catástrofes naturales. La decisión sigue a una similar que también congeló partidas de ayuda exterior.

Esta medida no afecta los fondos que llegan a los estadounidenses a través del sistema de seguro médico para los jubilados Medicare, por ejemplo.

Sin embargo, los portales en línea utilizados para acceder al programa de seguro médico Medicaid, destinado a familias de bajos ingresos, han sido bloqueados, denunció en X el senador por Oregon, Ron Wyden.

“Mi personal ha confirmado (...) que los portales de Medicaid están inactivos en los 50 estados después del congelamiento de fondos federales de anoche”, afirmó. “Este es un intento flagrante de quitarle el seguro médico a millones de estadounidenses de la noche a la mañana y provocará la muerte de personas”, añadió.

La Casa Blanca aseguró minutos después que el acceso a este seguro para personas de bajos ingresos se restablecerá “pronto”.

La fiscal general del Estado de Michigan, Dana Nessel, abrió una investigación para “proteger estos programas y reactivar servicios vitales”, anunció en X.

Varias ONG y grupos empresariales presentaron una querella el martes contra la Oficina de Presupuesto del gobierno para intentar bloquear la orden de Trump.

Trump ganó las elecciones con promesas de desmantelar amplios sectores del gobierno con el fin de recortar gasto público. Dejó claro que pretende revisar todos los programas federales en función de sus objetivos políticos.

El memo publicado la noche del lunes señala la voluntad del gobierno de “eliminar el peso financiero de la inflación sobre los ciudadanos, terminar con las políticas ‘woke’ (progresistas) y la instrumentalización del Estado”.

“El pueblo estadounidense eligió a Donald Trump y le dio un mandato para aumentar el impacto de cada dólar de gasto federal. En 2024, sobre un total de casi 10 billones de dólares de gastos federales, 3 billones estaban ligados a asistencia financiera, préstamos y donaciones”, insiste en el documento el director interino de la Oficina de Presupuesto (OMB), Matthew Vaeth, autor del documento.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), un órgano no partidario, estimó en 6,75 billones de dólares el presupuesto del Estado federal en 2024.

No está claro si el presidente tiene la autoridad de detener gastos aprobados por el Congreso que, según la Constitución, tiene poder sobre el presupuesto.

Los demócratas acusaron inmediatamente a Trump de “desobedecer abiertamente la ley” al retener fondos que sostienen programas de asistencia en todo el país.

El jefe de los demócratas del Senado, Chuck Schumer, dijo que el Congreso votó estos gastos y “no son una opción” sino que su ejecución es una obligación legal.

Schumer declaró a reporteros que la decisión de Trump es una “puñalada al corazón de las familias estadounidenses” y que además es “ilegal” e “inconstitucional”. “El presidente no tiene la autoridad para ignorar la ley y vamos a luchar contra esto de todas las formas posibles”, remató.

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El congelamiento de ayuda exterior, en tanto, golpeó por ejemplo a Ucrania, donde el presidente Volodimir Zelenski afirmó el martes que deberán determinar qué proyectos “son críticos y necesitan soluciones ahora” para solventarlos con las “finanzas públicas”.

Fuente: AFP

El Ministerio de Exteriores de Brasil ha convocado ayer lunes al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Brasilia, Gabriel Escobar, para pedir explicaciones sobre el trato a los 88 migrantes deportados durante el fin de semana, después de que la Policía brasileña anunciara que está investigando posibles malos tratos de las autoridades estadounidenses.

Según ha podido saber la Agencia Brasil, la secretaria de Comunidades Brasileñas en el Exterior y Asuntos Consulares y Jurídicos, Márcia Loureiro, es la persona que ha recibido a Escobar, actualmente el representante de la diplomacia estadounidense tras la salida de la embajadora Elizabeth Bagley, nombrada por el Gobierno de Joe Biden, si bien ya ha dejado su cargo.

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Los ciudadanos brasileños fueron detenidos en Estados Unidos por no contar con la documentación requerida y alegaron que durante el viaje permanecieron esposados, fueron agredidos y privados de alimentos y de acceso al servicio. Brasilia y Washington tienen un acuerdo de deportación vigente que exige un trato digno.

El sábado, un vuelo procedente de Estados Unidos aterrizó con estos deportados en la región de Amazonas. Al ver esta situación, las autoridades brasileñas no autorizaron que el vuelo continuara hasta Minas Gerais, como estaba previsto. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó quitarles las esposas y les brindó ayuda humanitaria.

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Fuente: Europa Press

Estados Unidos dio marcha atrás ayer domingo a una serie de sanciones que planeaba imponer a Colombia por la negativa de su gobierno a permitir el ingreso de vuelos militares con migrantes deportados, luego de que el país sudamericano aceptara los términos de esta política del presidente Donald Trump.

La Casa Blanca dijo el domingo por la noche que suspendía las medidas anunciadas por Trump contra Colombia y funcionarios del gobierno del izquierdista Gustavo Petro, quien bloqueó el ingreso a Bogotá de las aeronaves con repatriados alegando que sus connacionales estaban recibiendo malos tratos.

El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, confirmó minutos después en una rueda de prensa el anuncio y aseguró que su país dio por “superado el impasse” con Estados Unidos y acepta los términos de la política de repatriación de Trump. El país “seguirá recibiendo a los colombianas y colombianas que retornen en condición de deportados”, señaló Murillo.

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La controversia subió de tono durante el domingo. Tras la negativa del mandatario colombiano de permitir el aterrizaje de aviones estadounidenses con deportados, Trump anunció aranceles a las importaciones procedentes de Colombia y otras medidas contra el oficialismo como restricciones de viajes y revocatoria “inmediata” de visas.

Petro respondió ordenando a la cartera de Comercio Exterior que también imponga un arancel a los productos procedentes de EE. UU. e instó a su gobierno a “dirigir” las exportaciones hacia otros países. Hasta el momento, el gobierno colombiano no ha expresado que haya retirado esa medida.

El canciller Murillo agregó que Colombia “tiene dispuesto” el avión presidencial para viajar a Estados Unidos y transportar a los migrantes que Trump pretendía deportar. Se desconoce el número de ocupantes de esos vuelos.

El incidente es el primer choque de Petro con Trump, quien asumió la presidencia el 20 de enero con promesas de mano dura contra la migración irregular. El líder colombiano justificó su decisión de impedir el ingreso de las aeronaves en X: “Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece. Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos”.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que Petro había autorizado los vuelos “y luego canceló su autorización cuando los aviones iban en el aire”. Horas más tarde, Estados Unidos suspendió la expedición de visas en su embajada en Bogotá. “Las medidas continuarán hasta que Colombia cumpla las obligaciones de aceptar el retorno de sus propios ciudadanos”, había advertido Rubio en un comunicado.

El jefe de la diplomacia estadounidense viajará próximamente a Latinoamérica, aunque Colombia no está en la agenda. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia y sus fuerzas militares han cooperado desde hace décadas en la lucha contra las guerrillas y los cárteles del narcotráfico.

En medio del ida y vuelta de acusaciones, Petro recordó que más de 15.600 estadounidenses que viven sin la documentación requerida en Colombia “deben” acercarse a la autoridad migratoria para “regularizar su situación”. Desde la investidura de Trump, EEUU ha deportado a migrantes irregulares a Guatemala y a Brasil.

Las amenazas de Trump de deportar a millones de inmigrantes lo enfrentan con los gobiernos de América Latina, de donde se estima provienen la mayoría de los 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro se solidarizó el domingo con el gobierno de Colombia, en su cuenta de Telegram. “Colombia y Venezuela (...) sabremos superar las dificultades (...) construyamos la prosperidad de nuestros pueblos”, escribió.

Brasil expresó el sábado su indignación por el trato dado por la administración Trump a decenas de inmigrantes brasileños deportados a su país el viernes. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, tildó de “inaceptable la deportación violenta, indiscriminada y violando los más elementales #DDHH de migrantes ilegales en EEUU”.

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Los ciudadanos brasileños fueron esposados en el vuelo de regreso, en lo que Brasil llamó “flagrante desprecio” por sus derechos fundamentales. Varios países de América Latina han prometido darles la bienvenida a sus nacionales, muchos de ellos viviendo y trabajando en Estados Unidos por años.

El gobierno mexicano dijo que planeaba abrir nueve refugios para sus ciudadanos y tres más para extranjeros deportados bajo un esquema denominado “México te abraza”. Honduras dijo que lanzaría un programa para los deportados llamado “Hermano ven a casa”, que incluye ayudas solidarias en dinero, comida y acceso a oportunidades de empleo.

Fuente: AFP

Un total de 265 personas fueron deportadas ayer viernes desde Estados Unidos a Guatemala en tres vuelos -dos operados en aviones militares y uno chárter- tras el anuncio del gobierno de Donald Trump del comienzo de una operación de expulsión de migrantes, informaron autoridades locales.

Un total de 80 guatemaltecos (31 mujeres, 48 hombres y un adolescente) llegaron al país centroamericano en un primer vuelo, señaló en un balance actualizado el Instituto Guatemalteco de Migración. En una segunda aeronave, fueron embarcados igual número de personas (63 mujeres y 17 hombres).

En un informe anterior, Migración no había informado la deportación del adolescente, quien fue remitido a la Procuraduría General de la Nación (abogado del Estado) para su resguardo. Adicionalmente, llegó un tercer vuelo de tipo privado con 105 personas a bordo (11 mujeres, 89 hombres y cinco menores de edad).

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En total, fueron deportados 265 guatemaltecos, según las autoridades. “Podemos confirmar que durante la noche, dos aviones del Departamento de Defensa realizaron vuelos de repatriación desde Estados Unidos a Guatemala”, confirmó, por su parte, el Pentágono. Ni el gobierno de Estados Unidos ni el de Guatemala han precisado si en el grupo hay algunos de los 538 “inmigrantes ilegales” cuyo arresto fue anunciado el jueves por la noche por la Casa Blanca.

Los deportados fueron llevados al Centro de Recepción de Retornados, ubicado en la fuerza aérea, junto al aeropuerto internacional de Ciudad de Guatemala, donde los visitó la vicepresidenta Karin Herrera, sin acceso a la prensa.

Trump prometió actuar contra la inmigración irregular durante su campaña y, tras asumir la presidencia a inicios de semana, declaró el estado de emergencia nacional en la frontera con México y firmó una salva de decretos migratorios.

El mandatario republicano demonizó durante su campaña a los migrantes, describiéndolos como “salvajes”, “animales” o “criminales”, y prometió la mayor campaña de deportación de la historia de Estados Unidos, un país donde se estima que viven cerca de 11 millones de personas en situación irregular. Cada año, decenas de miles de centroamericanos, sobre todo guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, abandonan su país rumbo a Estados Unidos huyendo de la pobreza y la violencia.

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Una deportación masiva preocupa a los gobiernos de Centroamérica. Las remesas que envían los migrantes representan alrededor de un 25% del Producto Interno Bruto (PIB) en Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, según los bancos centrales. El gobierno de Guatemala anunció que preparó un plan para recibir a los deportados, con la habilitación de albergues y programas de reinserción laboral, entre otras acciones.

Fuente: AFP