De regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump apuntó a los vehículos eléctricos cuyo desarrollo estaba en el centro de la estrategia de lucha contra el cambio climático de su predecesor, el demócrata Joe Biden. Un decreto presidencial firmado el lunes tras su investidura busca volver al primer plano los motores a combustión y suspender las subvenciones federales para instalar estaciones de recarga de vehículos eléctricos en Estados Unidos.

Otras medidas podrían seguir, como la supresión de un crédito federal sobre impuestos para quienes compren un vehículo eléctrico, o la anulación de una excepción que permite al estado de California tener criterios más estrictos que el resto del país en materia automotriz. Trump afirmó al asumir que tiene intención de terminar con el “Green New Deal”, una iniciativa que incluye las ayudas promovidas por Biden para estimular las ventas de vehículos eléctricos.

Acciones de fabricantes de autos eléctricos como Rivian o fabricantes de equipos de recarga como EVgo cayeron en la bolsa. Tesla, del millonario Elon Musk, un muy cercano aliado de Trump, también cedió terreno. Para Kathy Harris, directora de la oenegé NRDC -que se ocupa de vehículos con motores de energía limpia-, Trump busca satisfacer a “los grandes jefes de la industria petrolera”.

Harris insiste en que los vehículos eléctricos son mejores para el medioambiente y permiten ahorrar carburante. El decreto presidencial sobre los vehículos a electricidad, al igual que otros firmados desde el lunes, podría llevar a que se interpongan recursos judiciales.

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“No es el final de esta historia”, advirtió Harris. “Si el gobierno trata de esquivar o ignorar la ley, irá a los tribunales”, añadió. La Alianza para la Innovación Automotriz, que pretendía que no hubiera cambios a la legislación actual para el sector, reiteró sus críticas en particular sobre el caso de California, pero no se expidió sobre el decreto presidencial.

“El país debería tener un estándar único, nacional, para reducir emisiones de gases de efecto invernadero en los transportes”, comentó John Bozzella, presidente de la Alianza, en un comunicado. Los fabricantes revisaron a la baja, en algunos casos desde fines de 2023, sus proyectos para vehículos eléctricos debido a la debilidad de la demanda en un mercado que alcanzó, de todos modos, niveles récord en Estados Unidos.

Las ventas de EV, como se denomina a los vehículos eléctricos en inglés, subieron 7,3 % en un año hasta 1,3 millones de unidades en 2024, según la firma especializada en el sector automotor Kelley Blue Book. Los progresos de ventas se dieron en todos los segmentos de precios.

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Durante su última campaña electoral, Donald Trump afirmó que su adversaria demócrata, Kamala Harris, quería forzar a los estadounidenses a pasarse a los autos eléctricos. La exvicepresidenta señaló que prefería dejar la elección a los consumidores. La ley IRA (Inflation Reduction Act) del gobierno de Biden y otros textos aprobados durante su administración, instauraron ventajas financieras, como créditos fiscales, para impulsar las ventas de vehículos eléctricos.

El decreto presidencial firmado el lunes exige una investigación, durante 90 días, para garantizar que las ayudas no favorezcan de forma desequilibrada a los vehículos eléctricos “haciendo más caros otros tipos” de coches. Casi la mitad de los 5.000 millones de dólares destinados a instalar nuevas estaciones de recarga ya se vio afectada, según un documento de la NRDC.

En noviembre, el Departamento de Energía apoyó proyectos que preveían un crédito federal de 6.600 millones de dólares a Rivia para construir una usina en Georgia y de 7.500 millones a StarPlus Energy para una fábrica de baterías en Indiana, en el marco de una empresa conjunta con Stellantis y Samsung. Rivian, que no respondió a las consultas de la AFP, indicó que la construcción de su nueva planta debía comenzar en 2026.

Fuente: AFP.

Himno gay cuando salió en 1978, el exitoso disco “Y.M.C.A.” es ahora inseparable de la elección de Donald Trump, quien lo recuperó con el aval del grupo Village People, que actuó el domingo 19 de enero al lado del presidente electo. El baile de Trump al son de esta canción archipopular, agitando los brazos de manera sincopada, fue una de las imágenes de la campaña electoral.

El 47º presidente de los Estados Unidos esbozó nuevamente algunos pasos de baile en el escenario, rodeado del grupo disco estadounidense estrella de los años 1970. La canción, compuesta por el líder del grupo, Victor Willis, así como Jacques Morali y el productor Henri Belolo, ambos franceses, encarnaba sin embargo originalmente un himno de la comunidad homosexual masculina, con códigos gays, empezando por los disfraces estereotipados.

El estribillo es evocador, nadie ignora su significado: “Es divertido hospedarse en el Y.M.C.A./ Tienen todo para que los jóvenes se diviertan/ Puedes pasar tiempo con todos los chicos”. Lejos de las posiciones conservadoras del futuro inquilino de la Casa Blanca, que preocupan a la comunidad LGBT+.

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Pero “Y.M.C.A.” (acrónimo de “Young Men’s Christian Association”, una asociación de jóvenes cristianos) no es un himno gay, reiteró su letrista Victor Willis, quien anunció en diciembre que planeaba demandar a todos aquellos que dieran ese significado a la canción.

“Demos una oportunidad al presidente Trump, independientemente de lo que hayan pensado de él en el pasado. Veamos lo que hará en el futuro y, si toma medidas para restringir los derechos de los LGBTQ, los Village People serán los primeros en expresarse”, escribió el viernes en Facebook.

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El éxito ya había sido utilizado durante los mítines republicanos en 2020, lo cual no agradó a su coautor, tradicionalmente disfrazado de policía. Después de su cambio de posición y su respuesta favorable a la invitación de Donald Trump de participar en su investidura, llovieron críticas.

“Village People actuará tanto para los demócratas como para los republicanos. No somos un grupo político. Nunca lo hemos sido y nunca lo seremos, aunque algunos de ustedes intenten hacernos parecer así”, respondió Willis el domingo en Facebook. Mientras tanto, “Y.M.C.A.” se ha beneficiado de este golpe de publicidad: más de cuarenta años después de su lanzamiento, llegó a la cima de las listas, convirtiéndose nuevamente en un éxito comercial.

Fuente: AFP.

La subsidiaria de la empresa china Hutchison Holdings, que opera dos puertos en las entradas del canal de Panamá, negó impagos al Estado, en medio de una auditoría de las autoridades panameñas por el contrato de concesión. En los últimos tres años Hutchison Holdings ha pagado a Panamá “la suma de 59 millones (de dólares) que incluye pagos por dividendos adelantados, totalizando 658 millones durante la concesión”, indicó en un comunicado la compañía, con sede en Hong Kong.

La empresa respondió así a las afirmaciones del contralor panameño, Anel Flores, quien aseguró que Panama Ports Company, la subsidiaria de Hutchison Holdings, no había pagado “ni un centavo” al Estado en los últimos tres años. La empresa, que está siendo auditada desde el lunes, está también en el centro de una polémica entre Panamá y Estados Unidos, pues el presidente Donald Trump asegura que buscará “retomar” el canal de Panamá porque China lo está operando.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, sostiene que esos puertos podría usarlos Pekín para bloquear el comercio por el canal, en caso de un conflicto con Washington. Desde 1997, Panama Ports Company opera, pero no toma decisiones sobre el canal, los puertos de Balboa y San Cristóbal, en las entradas de la vía por el Pacífico y el Atlántico, bajo una concesión que fue prorrogada en 2021 por 25 años.

Según la firma, sus aportes al Estado panameño superan “con creces las contribuciones de cualquier otra empresa portuaria en Panamá” y dice haber invertido 1.695 millones de dólares en infraestructura y equipos. La Contraloría investiga si la empresa cumple el contrato y verifica si reporta “adecuadamente sus ingresos, pagos y aportes al Estado”. El canal de Panamá, construido por Estados Unidos e inaugurado en 1914, tiene a este país norteamericano y a China como sus dos mayores usuarios y es administrado por una entidad autónoma panameña, sin ninguna interferencia extrajera, asegura el gobierno.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió en su investidura retomar el control del canal de Panamá, lo que fue rechazado de plano por el gobierno panameño. En el centro de la polémica está China. Trump incluso no ha descartado la fuerza militar para “recuperar” esta ruta de 80 km que, construida por Estados Unidos e inaugurada en 1914, lleva 25 años administrada por Panamá.

“China está operando el canal de Panamá... y lo vamos a recuperar”, dijo Trump el lunes. El mandatario panameño, José Raúl Mulino, reiteró este miércoles en el Foro de Davos que el canal “es y seguirá siendo” de Panamá y que “no fue una concesión ni una dádiva” de Estados Unidos.

Por su parte, China insistió en que “nunca ha interferido” en el canal y que no participa ni en la gestión ni operación. Que Trump incluyera la amenaza en su discurso inaugural “hace más probable que sea un intento serio, aunque todavía parece inverosímil”, dijo a la AFP Benjamin Gedan, director del programa para América Latina del Wilson Center, con sede en Washington.

En el ojo del huracán, la empresa china Hutchison Ports, con sede en Hong Kong, opera bajo concesión desde 1997 los puertos de Balboa y Cristóbal, a cada entrada del canal, que conecta los océanos Pacífico y Atlántico. En un “momento de conflicto” esos puertos podría usarlos Pekín “como un cuello de botella que impida el comercio” internacional por el canal, alertó el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, poco antes de asumir el cargo.

La vía, de la que Estados Unidos y China son sus mayores usuarios, está administrada por la Autoridad del Canal de Panamá (entidad autónoma). Sin ninguna interferencia extranjera, afirma Mulino. “Aunque parece una pelea arbitraria, hay preocupaciones razonables relacionadas con la presencia de una empresa china (...). El canal tiene un valor enorme para Estados Unidos, tanto comercial como estratégico, y no sería difícil para Pekín interrumpir sus operaciones”, opina Gedan.

La subsidiaria de Hutchison Ports, a la que la contraloría panameña abrió el lunes una auditoría, opera los puertos, pero no toma ninguna decisión sobre la vía. Para Rebecca Bill Chavez, presidenta de Diálogo Interamericano, con sede en Washington, Panamá ha “respetado” la neutralidad de la vía y mantenido “la eficiencia de las operaciones”.

Trump, que ya había dicho en 2011 que Estados Unidos entregó “estúpidamente” el canal, afirma también que las tasas que pagan los buques estadounidenses por cruzar la vía son una “completa estafa”. “Es un argumento fatuo que encubre la intención de que Panamá reduzca a su mínima expresión las relaciones con China”, afirmó a AFP el catedrático panameño en Relaciones Internacionales, Euclides Tapia.

Desde que Panamá rompió con Taiwán y estableció relaciones con Pekín en 2017, la actividad china ha crecido en el país, aunque el principal socio político y comercial sigue siendo Estados Unidos. En menos de siete años, empresas chinas abrieron filiales, construyeron un puerto para cruceros por 206 millones de dólares en la entrada del canal por el Pacífico, y actualmente levantan por 1.400 millones de dólares un puente sobre la ruta interoceánica.

Trump “cree que necesita ser duro con China”, así que si “existe una oportunidad de contrarrestar la influencia” china en la región y en el canal “es algo de lo que le gusta hablar”, opinó la politóloga de la Universidad de Essex, Natasha Lindstaedt. En 2018, el presidente chino Xi Jinping visitó Panamá. China propuso otros proyectos millonarios, incluso trató de instalar su embajada a la entrada del canal, pero no se concretó por presuntas presiones de Washington.

Como parte de los tratados de 1977, por los que Estados Unidos entregó el canal a Panamá en 1999, los panameños se comprometieron a garantizar que la vía, por la que pasa el 5 % del comercio marítimo mundial, esté abierta permanentemente a todos los países. “Ninguno de sus principios menciona, y menos autoriza, a Estados Unidos para reclamar el canal”, dice a AFP Julio Yao, quien integró el equipo panameño que negoció los tratados.

Pero hay enmiendas introducidas por Estados Unidos sobre la posibilidad de que Washington use la fuerza militar unilateralmente para “defender el canal contra cualquier amenaza” de cierre, según Tapia. “Solo fabricando una operación de bandera falsa, a través de una operación encubierta, Trump podría justificar el uso de la fuerza militar en Panamá y eso exclusivamente para mantener abierto el canal, no para tomárselo y usufructuarlo económicamente”, comentó.

Gedan ve “una intervención militar poco probable”, pero señala que Trump podría presionar a Panamá, por ejemplo, con aranceles. “Está tratando de asustar a Panamá lo más posible (...) Es una herramienta de negociación o una distracción, o ambas”, afirma Lindstaedt.

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Autoridades panameñas iniciaron una auditoría a la subsidiaria de la empresa china Hutchison Holdings, que opera dos puertos en el canal de Panamá, informaron este martes fuentes oficiales, en momentos en que el presidente estadounidense Donald Trump amenaza con retomar el control de la vía marítima. El director de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Max Florez, dijo a la AFP que funcionarios de esta entidad se reunieron el lunes con el contralor general, Anel Flores, para tratar sobre la auditoría a Panama Ports Company.

Esa empresa es subsidiaria de Hutchison Holdings, basada en Hong Kong, y opera los puertos de Balboa y San Cristóbal, en la entrada del canal por el Pacífico y el Atlántico, respectivamente. “Por parte de la AMP ya hicimos la notificación a la administración de Panama Ports Company (...), que el contralor iniciaría la auditoría”, indicó Florez.

Auditores llegaron a Panama Ports Company para dar inicio “a una exhaustiva auditoría que tiene como objetivo garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos”, anunció la Contraloría en la red social X. La Contraloría busca “determinar si se cumplen (...) los acuerdos de concesión pactados entre Panama Ports Company y el Estado panameño, verificando que la empresa esté reportando adecuadamente sus ingresos, pagos y aportes al Estado”, señaló.

En un comunicado, Hutchison Ports dijo que “ha mantenido y continuará manteniendo una relación transparente y colaborativa” con las autoridades panameñas. “Seguimos firmes en nuestro compromiso de cumplir con todas las leyes y regulaciones, ejerciendo plenamente nuestras responsabilidades contractuales”, apuntó la firma.

“Nuestros resultados financieros, auditados por un auditor externo independiente, han sido compartidos anualmente con nuestro socio, el Estado de Panamá, asegurando la confianza y la claridad en nuestra gestión”, agregó. Durante su discurso de investidura el lunes, Trump reiteró su intención, expresada varias veces antes de asumir el poder, de tomar el control de la vía interoceánica, incluso por la fuerza, argumentando que “China está operando el canal de Panamá”.

Poco después, el presidente panameño, José Raúl Mulino, respondió señalando que el canal “es y seguirá siendo de Panamá” y negó que haya interferencia extranjera en la administración de la vía. De su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China insistió que el país asiático “no participa en la gestión y la operación del canal y nunca ha interferido en los asuntos del canal”, dijo su portavoz Mao Ning.

“La soberanía y la independencia de Panamá no están sujetas a negociación y el canal no debe estar sometido a ningún control directo o indirecto de grandes potencias”, agregó. Desde enero de 1997, Panama Ports Company ha operado bajo un contrato de concesión, que le fue prorrogado en 2021 por 25 años, pese a las críticas generadas en su momento por el supuesto poco aporte de la compañía al tesoro panameño.

“Creo que los panameños nos merecemos un poquito más de respeto y un poquito más de recursos”, señaló el contralor Flores, al referirse a Panama Ports Company durante su toma de posesión a principios de año. El canal de Panamá, construido por Estados Unidos e inaugurado en 1914, tiene a este país norteamericano y a China como sus dos mayores usuarios.

Fuente: AFP.

Un juez federal de Seattle suspendió temporalmente ayer jueves la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump que restringe el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. “Esta es una orden flagrantemente inconstitucional”, dijo el juez John Coughenour, de acuerdo con el diario Seattle Times, durante una audiencia en respuesta a una demanda presentada por cuatro estados.

Al regresar a la Casa Blanca el lunes, Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas destinadas a remodelar el sistema migratorio de Estados Unidos, entre ellas una destinada a poner trabas al derecho de suelo contemplado en la Constitución. De aplicarse, la orden impediría la emisión de pasaportes, certificados de nacimiento u otros documentos a los niños cuyas madres están en el país de forma ilegal o temporal, y cuyo padre no sea un ciudadano estadounidense o tenga residencia permanente.

En consecuencia, 22 estados de tendencia demócrata presentaron dos demandas ante la justicia para bloquear la acción, al igual que una coalición de activistas a favor de los derechos de los inmigrantes que también entró con una tercera querella en otro estado. El juez Coughenour escuchó a ambas partes en una audiencia este jueves en Seattle para atender la demanda suscrita por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón.

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“Llevo en el banquillo más de cuatro décadas y no recuerdo otro caso en el que la cuestión planteada sea tan clara como en éste”, dijo Coughenour, de acuerdo con Seattle Times. “Me cuesta entender cómo un miembro de la abogacía puede afirmar inequívocamente que es una orden constitucional”, dijo el juez al abogado de la administración Trump, según otros medios locales. “Me deja perplejo”.

Su fallo es el primero en abordar la orden que ha desatado críticas en el país. En conversación con periodistas en la Casa Blanca, Trump dijo que “obviamente” apelará la decisión. En tanto, el Departamento de Justicia anunció que “defenderá vigorosamente la orden ejecutiva del presidente Trump”. Por su parte, los estados que impulsaron la demanda aplaudieron el pronunciamiento judicial.

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“La ciudadanía por derecho de nacimiento deja claro que la ciudadanía no puede estar condicionada por la raza, la etnia o el lugar de procedencia de sus padres”, reaccionó en un comunicado el fiscal general de Washington, Nick Brown. “Ningún presidente puede cambiar la constitución en un impulso y la decisión de hoy afirma esto”, dijo por su parte la fiscal general de Arizona, Kris Mayes.

La 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense fue adoptada en la segunda mitad del S.XIX como resultado de la Guerra Civil, en un esfuerzo de garantizar los derechos de los antiguos esclavos y sus hijos. “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”, reza.

Trump afirma erróneamente que Estados Unidos es el único país del mundo que reconoce el derecho de suelo. Decenas de países conceden ciudadanía automática a los niños que nacen en su territorio, incluyendo sus vecinos Canadá y México.

Fuente: AFP.