Fuente: Agencia AFP
Uno de los testigos en la investigación por el asesinato de un exmilitar y disidente venezolano el año pasado en Santiago aseguró que el crimen fue perpetrado por orden del ministro y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, reveló este jueves la Fiscalía chilena.
El exteniente Ronald Ojeda, de 32 años, fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 por hombres que se hicieron pasar por policías y lo sacaron de su apartamento en ropa interior. Su cuerpo fue hallado nueve días después dentro de una maleta enterrada en una barriada de Santiago.
“Hay tres personas que declaran en la investigación que atribuyen el encargo a autoridades del gobierno venezolano, y al menos uno, que está con identidad reservada, manifestaría que el encargo había venido del señor Diosdado Cabello”, aseguró el fiscal Ángel Valencia, en entrevista con T13 Radio.
En 2023, el gobierno de Gabriel Boric le había concedido refugio a Ojeda después de que el exoficial escapara de una cárcel venezolana donde había sido recluido bajo cargos de conspiración. En sus redes sociales, el exteniente se describía como “preso político”.
Cuando se conoció el secuestro de Ojeda, Cabello rechazó, en su programa de televisión, cualquier relación del gobierno de Nicolás Maduro con el hecho. “Nada tenemos que ver, la sola duda ofende”, dijo el hoy ministro venezolano de Interior.
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El “fraude horroroso” del que habla Maduro fue en Venezuela
- Por Juan Carlos Dos Santos G.
- juancarlos.dossantos@nacionmedia.com
La denuncia de fraude electoral realizada por Luisa González tras su derrota en la segunda vuelta de las elecciones generales en Ecuador el pasado 13 de abril rápidamente encontró eco entre sus aliados ideológicos, como los presidentes Gustavo Petro, de Colombia; Claudia Sheinbaum, de México y, por supuesto, el presidente de facto de Venezuela, Nicolás Maduro.
Es evidente el respaldo del sector progresista a la “delfina” del expresidente Rafael Correa, condenado en ausencia a ocho años de prisión por la Justicia ecuatoriana.
Que alguien como Nicolás Maduro haya calificado de “fraude horroroso” los comicios en Ecuador resulta totalmente sorprendente, considerando lo ocurrido en las elecciones de julio de 2024 en Venezuela, donde organismos internacionales fueron impedidos de participar como observadores, por decisión del régimen chavista.
Solo enviados del Centro Carter lograron ingresar al país con el objetivo de supervisar al menos parcialmente el proceso. Primó la expectativa de Maduro de encontrar afinidad ideológica en esa institución estadounidense, considerada cercana al progresismo. Sin embargo, fue el propio Centro Carter quien confirmó lo que muchos ya intuían: el verdadero vencedor de los comicios venezolanos fue Edmundo González, con una abrumadora mayoría de votos, constatada en gran parte del territorio nacional.
Pero Maduro no estaba dispuesto a ceder el poder ni a respetar las reglas del juego democrático, el mismo que en su momento permitió a Hugo Chávez llegar al Gobierno, para luego adaptar las normas a su medida con el fin de perpetuarse. Esa lógica continúa vigente bajo Maduro.
El único organismo internacional que pudo certificar objetivamente las elecciones venezolanas fue categórico: Maduro fue derrotado.
En Ecuador, el 13 de abril, Daniel Noboa se impuso en segunda vuelta con el 55,83 % de los votos válidos, frente al 44,17 % obtenidos por la progresista Luisa González.
Curiosamente, ambos apellidados González vivieron realidades muy distintas: uno fue elegido legítimamente por su pueblo, pero le fue negado el derecho a gobernar por una dictadura; la otra simplemente perdió en las urnas.
En el caso ecuatoriano, tanto la Unión Europea como la Organización de Estados Americanos (OEA), junto a diversos observadores internacionales, avalaron la transparencia del proceso electoral que dio el triunfo a Noboa.
Que Nicolás Maduro tache de “fraude horroroso” unas elecciones limpias y verificadas en Ecuador forma parte de la estrategia de la izquierda internacional: acusar a sus oponentes de los vicios que ellos mismos practican.
Este patrón se repite a nivel global en escenarios de fuerte polarización ideológica. El modus operandi es siempre el mismo: proyectar sus propias faltas en sus adversarios. Lo vemos en Europa y, de forma aún más evidente, en el conflicto de Medio Oriente entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Y ahora, este discurso se afianza en América Latina, donde varios líderes progresistas no solo son populistas, sino que además llegan al poder con escasa preparación, con la excepción –vale reconocerlo– de la presidenta de México.
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Paran deportación de venezolanos
La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió ayer sábado la deportación de varios supuestos pandilleros venezolanos desde Texas a una prisión salvadoreña, decretada en virtud de una ley del siglo XVIII.
El presidente estadounidense, el republicano Donald Trump, invocó el mes pasado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para arrestar a supuestos miembros de la banda Tren de Aragua y deportarlos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Hasta ahora, la ley se había usado solamente durante la guerra de 1812 contra el Imperio británico y sus colonias canadienses, así como en las dos guerras mundiales del siglo XX.
“Se ordena al gobierno no expulsar de Estados Unidos a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos hasta nueva orden de esta corte”, decretó el máximo tribunal. La decisión responde a la apelación de emergencia presentada por abogados de derechos humanos para frenar la deportación de migrantes actualmente retenidos en un centro del estado de Texas (sur).
En el recurso presentado el viernes por la noche, la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, por sus siglas en inglés) argumentó que se había comunicado al grupo de venezolanos retenidos en Texas que “iban a ser expulsados inminentemente” en virtud de esa ley.
“Estos hombres estaban en peligro inminente de pasar sus vidas en una horrorosa prisión extranjera sin haber tenido nunca la oportunidad de ir a un tribunal”, afirmó el abogado de la ACLU, Lee Gelernt.
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Condenan a expresidente Humala a 15 años de prisión en Perú por caso Odebrecht
- Fuente: AFP
La justicia peruana condenó este martes a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala tras hallarlo culpable de lavado de activos por recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno de Venezuela para sus campañas de 2011 y 2006, respectivamente.
Humala, de 62 años, fue detenido en la sala de audiencias al término de la lectura de su sentencia. Es el segundo exgobernante condenado por la justicia de su país de un total de cuatro expresidentes salpicados por la trama de corrupción de Odebrecht en Perú.
“Se impone al señor Ollanta Humala 15 años de pena privativa de libertad efectiva”, dijo la jueza Nayko Coronado del Tercer Juzgado de la Corte Superior, al leer el fallo de primera instancia que será apelado por la defensa del expresidente.
Odebrecht, cuyo escándalo de sobornos y corrupción salpicó a varios países de América Latina, reconoció en 2016 haber repartido decenas de millones de dólares en coimas y donaciones electorales ilegales en Perú desde inicios del siglo XXI.
El fallo puso fin a más de tres años de audiencias contra este exteniente coronel de centroizquierda que gobernó Perú entre 2011 y 2016. Según la fiscalía, el escándalo implicó también a Alan García (2006-2011), quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), aún investigado; y Alejandro Toledo (2001-2006).
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Toledo fue condenado en 2024 a más de 20 años de prisión por recibir millonarios sobornos a cambio de obras en su gobierno.
Dictan prisión para su esposa
La esposa de Humala, Nadine Heredia, también fue condenada a 15 años de cárcel por lavado de activos. La jueza ordenó su captura ya que no asistió a la lectura de la sentencia.
La fiscalía los acusó de lavado de activos por supuestamente ocultar que recibieron 3 millones de dólares de Odebrecht para la campaña de 2011 que lo llevó a la presidencia, según declaró a fiscales peruanos el ex número uno de la empresa brasileña, Marcelo Odebrecht.
Según la acusación, en su fallida campaña de 2006 la pareja habría desviado también unos 200.000 dólares enviados por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a través de una empresa de ese país.
La fiscalía había pedido 20 años de prisión para Humala y 26 años para Heredia, a quien acusaba además de ocultamiento de fondos por “compras de bienes inmuebles con dinero de Odebrecht”. La pareja siempre negó durante el juicio haber recibido dinero de Chávez o de alguna empresa brasileña.
El fiscal Germán Juárez aseguró en el juicio que el dinero enviado por Odebrecht desde Brasil “era un pedido del Partido de los Trabajadores, porque existía una ideología afín entre Lula da Silva y Ollanta Humala”.
En el caso de Venezuela, la tesis fiscal es que el dinero lo envió “el ya fallecido expresidente Hugo Chávez a través de transferencias bancarias con la empresa de inversiones Kayzamak”.
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Derrumbe: Fiscalía no avanza pesquisa
Al cumplirse una semana del fatídico derrumbe de un edificio en construcción en la ciudad de Encarnación, la Fiscalía aún no presenta avances en la investigación penal.
El agente fiscal Francisco Martínez, principal responsable de la investigación por el derrumbe ocurrido la semana pasada en Encarnación, confirmó que aún continúan con la recolección de evidencias de esta causa. “El equipo de fiscales todavía está trabajando intensamente, a los efectos de poder obtener la mayor cantidad de información”, afirmó en entrevista con Nación Media.
El Ministerio Público se encuentra a la espera de obtener un resultado técnico para así poder adoptar una determinación, lo cual a su vez tendría como consecuencia alguna eventual imputación, de ser necesario. “Estamos obteniendo todas las documentales de las partes involucradas. Una vez tengamos todas las informaciones, se va a llevar adelante un peritaje bien exhaustivo, con todas las reglas procesales”, sostuvo.
Todas las personas involucradas en lo concerniente a la construcción de este edificio son convocadas a declarar, indicó Martínez. Esto va desde los mismos albañiles que trabajaron en la obra hasta los responsables de la firma, así como también autoridades municipales.