Los servicios de inmigración de Estados Unidos llevarán a cabo arrestos masivos de migrantes indocumentados en todo el país a partir del martes, dijo el responsable de políticas migratorias de la nueva administración de Donald Trump. La medida sería una de las primeras de Trump, que asumirá la presidencia de Estados Unidos el lunes, y cumpliría así su promesa de campaña de deportar a millones de migrantes indocumentados.

“Va a haber una gran redada en todo el país. Chicago es solo uno de muchos lugares”, dijo ayer viernes a Fox News Tom Homan, apodado el “zar de la frontera” y que será encargado de supervisar las políticas migratorias y de seguridad fronteriza.

Respondía así a la información del Wall Street Journal y otros medios afirmando que la nueva administración planea llevar a cabo una “redada” en Chicago a partir del martes. Homan fue director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y durante la primera administración Trump supervisó la política que separaba a padres e hijos migrantes en la frontera.

“El martes, el ICE finalmente hará su trabajo. Vamos a quitarle las esposas al ICE y dejarles que arresten a extranjeros criminales”, dijo a Fox News. Según el Wall Street Journal, la “redada migratoria a gran escala” en Chicago comenzará el martes, un día después de la toma de posesión de Trump, y durará toda la semana, con la participación de entre 100 y 200 funcionarios de ICE.

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Jefes diplomáticos de diez países de América Latina y el Caribe expresaron su “grave preocupación” por el anuncio de una deportación masiva de personas migrantes, una medida que consideran incompatible con los derechos humanos, según una declaración conjunta publicada ayer viernes.

El pronunciamiento, que no atribuye esta medida a ningún país, alude al anuncio del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha prometido ordenar el mayor operativo de deportación de extranjeros en la historia de esa nación, apenas asuma el cargo el próximo lunes.

“Son motivo de grave preocupación los anuncios de deportación masiva, sobre todo por su incompatibilidad con los principios fundamentales de los derechos humanos y por no abordar de modo eficaz las causas estructurales de la migración”, señala la declaración, divulgada por la Cancillería de México.

Realiza además un llamado a todos los países del hemisferio a conducirse con apego al derecho internacional, a los derechos humanos y a las legislaciones internas para gestionar la migración “con un enfoque humanista, particularmente ante la amenaza de deportaciones masivas”.

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“Reafirmamos que todas las personas migrantes, independientemente de su situación migratoria, tienen derechos fundamentales e inalienables, y que todos los Estados están obligados a respetarlos, protegerlos y a procurar adoptar medidas para su plena realización”, añade la declaración, que consta de 14 puntos.

Los países firmantes, Brasil, Belice, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México y Venezuela (casi todos emisores de migrantes), se comprometen además a “defender los derechos humanos de todas las personas migrantes”. Esto incluye “rechazar su criminalización en todas las etapas del ciclo migratorio” y “protegerlas prioritariamente de la delincuencia transnacional organizada que se lucra de la migración”, añade el documento.

La declaración conjunta también sugiere reactivar las reuniones sobre migración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) con el fin de tener “un espacio amplio de discusión de propuestas” para atender esta problemática.

La reunión regional sobre “Movilidad Humana en la Ruta Norte del Continente” fue convocada por México atendiendo una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su par hondureña Xiomara Castro, informó la cancillería mexicana en un comunicado.

Agentes estadounidenses colocaron ayer viernes alambres de púas en cruces fronterizos con la mexicana Ciudad Juárez (norte) y realizaron ejercicios de seguridad previo a la investidura presidencial de Donald Trump el próximo lunes. El despliegue de uniformados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) se concentró en el puente internacional Paso del Norte/Santa Fe, que comunica con El Paso, Texas, observó una periodista de la AFP.

El cruce de vehículos en esta transitada frontera estuvo detenido por unos 40 minutos, mientras los funcionarios colocaron bloques de concreto y alambradas. Ciudad Juárez es una de las principales puertas de entrada a Estados Unidos para migrantes que huyen de la pobreza, la violencia o la inestabilidad política en sus países.

Según la oficina del CBP en El Paso, estos ejercicios iniciaron en 2019 y buscan que los agentes estén “preparados en caso de que haya un incidente que requiera respuesta y acción”. Pero según comerciantes de la zona, estas maniobras se han multiplicado a medida que se acerca el inicio del gobierno de Trump, quien ha amenazado con la mayor deportación de migrantes indocumentados en la historia de Estados Unidos.

“Es el segundo cierre que me toca esta semana”, dijo a la AFP Yadira Martínez, usuaria del cruce internacional. Esta localidad es también uno de los puntos habilitados por Estados Unidos para que migrantes que soliciten asilo obtengan una cita a través de la aplicación móvil CBP One, lo que les permite ingresar legalmente y contar con permisos de residencia y trabajo mientras reciben respuesta.

Este mecanismo, que Trump promete eliminar, ha contribuido a reducir los cruces clandestinos, según el gobierno del mandatario saliente Joe Biden. Ante la posibilidad de una deportación masiva, las autoridades mexicanas instalarán a finales de enero albergues temporales para recibir a sus ciudadanos.

En Tijuana (noroeste), fronteriza con San Diego, la alcaldía declaró esta semana una “emergencia” para liberar fondos que permitan atender la eventual llegada de expulsados. El gobierno de la presidenta izquierdista Claudia Sheinbaum ha advertido que recibirá solamente a deportados mexicanos, aunque el grueso de los migrantes son venezolanos y centroamericanos.

Durante el primer gobierno de Trump (2017-2021), México aceptó recibir a deportados de otras nacionalidades y darles opciones de permanecer en el país a cambio de que Estados Unidos no impusiera aranceles a sus exportaciones. Según analistas, Sheinbaum podría acordar algo semejante con Trump para desactivar los renovados amagos del magnate de gravar productos mexicanos.

Fuente: AFP.