El presidente Joe Biden arremetió contra Meta por poner fin a la verificación de contenidos en Facebook e Instagram en Estados Unidos, calificando la medida de “realmente vergonzosa” después de que una red mundial advirtiera de los perjuicios de extender esa decisión a otros países.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, hizo saltar las alarmas el martes pasado al anunciar que abandonará su programa de fact-checking con verificadores independientes en el país, para transferir esa tarea a los usuarios de a pie con un modelo similar al de las notas comunitarias de la red X.

La decisión ha sido vista por analistas como un intento de apaciguar al presidente electo Donald Trump, cuya base de apoyo conservadora se ha quejado insistentemente de que la verificación en las plataformas tecnológicas es una forma de restringir la libertad de expresión y censurar.

“Creo que es realmente vergonzoso”, dijo Biden a los periodistas en la Casa Blanca cuando se le preguntó por el anuncio. “Decir la verdad importa”, consideró, al añadir que la medida es “completamente contraria a todo lo que es Estados Unidos”.

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La red internacional de verificadores de informaciones IFCN (International Fact-Checking Network) advirtió este viernes en una carta del impacto potencialmente devastador que tendría que el grupo de Zuckerberg pusiera fin a su programa en todo el mundo, presente en más de 100 países.

“Algunos de estos países son muy vulnerables a la desinformación, que estimula la inestabilidad política, la injerencia electoral, la violencia popular e incluso el genocidio”, declaró la alianza que agrupa 137 organizaciones, entre ellas la AFP.

Zuckerberg redobló su apuesta en una entrevista el viernes con el podcaster Joe Rogan, comparando el programa de fact-checking con “algo sacado de ‘1984′”, en referencia a la novela distópica de George Orwell. Añadió que esa iniciativa, que comenzó en 2016, estaba “destruyendo demasiada confianza, especialmente en Estados Unidos”.

Al anunciar su decisión, Zuckerberg ya había dicho que los verificadores “han estado demasiado politizados y contribuyeron a reducir la confianza más que a mejorarla”. “Es falso y queremos restablecer la verdad, tanto para el contexto actual como para la historia”, replicó la red de verificadores, insistiendo en que los colaboradores de Meta en la comprobación de hechos se sometían a una metodología “rigurosa” para cumplir sus estrictas normas de imparcialidad.

Lejos de cuestionar esas normas, añadió, Meta había “elogiado sistemáticamente su rigor y eficacia”. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, también insistió este viernes en que “autorizar los discursos de odio y los contenidos dañinos en internet tiene consecuencias en el mundo real” y que “reglamentar estos contenidos no es censura”.

Facebook paga actualmente a unas 80 organizaciones de todo el mundo para utilizar sus verificaciones en la plataforma, así como en WhatsApp e Instagram. La Agence France-Presse (AFP) trabaja con ese programa de verificación en 26 idiomas.

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Los temores sobre un posible aumento de la incitación al odio han aumentado cuando Meta también ha eliminado restricciones sobre temas como el género y la identidad sexual. La última versión de las directrices comunitarias de la compañía dice que sus plataformas permitirían ahora a los usuarios acusar a las personas de “enfermedad mental o anormalidad” por su género u orientación sexual, por ejemplo.

Esta revisión de políticas de Meta llega a menos de dos semanas de que Trump asuma nuevamente la presidencia el 20 de enero. En los últimos años, los republicanos, así como Elon Musk, dueño de la red X (antes Twitter) y muy cercano al magnate, se han quejado de los programas de verificación de información al considerarlos como una “censura”.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva dio 72 horas a Meta, a partir del viernes último, para explicar sus políticas sobre verificación de contenidos en Brasil y exigió que proteja los “derechos fundamentales” de los ciudadanos en sus plataformas. Ante la “ausencia de transparencia” de Meta, el ejecutivo fijó un plazo de “72 horas para informar al gobierno brasileño cuál es, de hecho, su política para” el país más poblado de Latinoamérica, dijo a periodistas Jorge Messias, encargado de la defensa legal del Estado.

Messias advirtió que su oficina adoptará “medidas legales y jurídicas” si la empresa de Mark Zuckerberg no responde a tiempo a la notificación extrajudicial enviada este viernes, sin precisar cuáles serían las consecuencias de un eventual desacato.

Zuckerberg, fundador y director de Meta, sacudió el mundo de las comunicaciones al anunciar el martes que cesará su programa de fact-checking (verificación digital) en Estados Unidos, un giro radical en sus políticas de verificación de contenido que se alinea con las prioridades del próximo presidente estadounidense, Donald Trump.

La medida generó preocupación en varios países, incluido Brasil, donde las autoridades libran una batalla contra la desinformación en línea. La fiscalía brasileña ya había fijado el miércoles un plazo de 30 días para que Meta informe si planea implementar los cambios de fact-checking en el país.

La oficina de Lula reveló que la sorprendente decisión del gigante tecnológico estadounidense fue discutida en una llamada telefónica entre el presidente y su par francés, Emmanuel Macron, el viernes. Los mandatarios coincidieron en que “la libertad de expresión no significa libertad de difundir mentiras, prejuicios y ofensas”, según un comunicado. Messias resaltó la “enorme preocupación del gobierno brasileño” al señalar que Meta parece una “veleta, que cambia de posición todo el tiempo según los vientos”.

Brasil pidió a Meta “aclaraciones” por el cierre de su programa de verificación de informaciones, “entre otros cambios a los lineamientos de la empresa que pueden afectar la promoción y protección de los derechos fundamentales”. En particular, interroga qué medidas serán tomadas para prevenir la violencia de género, maltrato infantil, racismo, homofobia, discursos de odio y otros temas de derechos humanos.

“La información falsa, la desinformación y los discursos de odio debilitan la confianza en las instituciones democráticas” y “perjudican la participación eficaz de los ciudadanos en los asuntos públicos”, señaló la agencia estatal en el texto. El gigante informático, que abarca las plataformas Facebook, Instagram y WhatsApp, publicó el jueves en portugués sus nuevas directrices, incluidas las referidas a género e identidad sexual.

Según la notificación extrajudicial, los usuarios podrán asociar a las personas de la comunidad LGBTI con “trastornos mentales” y se permitirá la “defensa de limitaciones profesionales basadas en género”. “No vamos a permitir de ninguna forma que esas redes transformen el ambiente en una masacre o barbarie digital”, dijo Messias. Brasil también exige saber el nivel de “transparencia” y “diversidad” que se implementará en el nuevo programa de verificaciones hechas por los propios usuarios anunciado por Zuckerberg, siguiendo el ejemplo de las notas comunitarias de X.

“El gobierno no va a quedarse de brazos cruzados, como están viendo”, dijo Messias. Las medidas con respecto a Meta fueron tomadas después de una reunión de Lula con su gabinete para evaluar las implicaciones en Brasil. “Todas las empresas que actúan en el país necesitan respetar la legislación y la jurisdicción brasileñas”, dijo luego el mandatario en X.

Horas después, se sumó a una campaña para ayudar a pagar una deuda millonaria del club de fútbol Corinthians, del que es hincha, a través de un sistema de micropagos electrónicos instantáneos. Lo hizo para desvirtuar una “mentira” divulgada en redes recientemente, según la cual su gobierno busca gravar esa herramienta financiera, muy utilizada por los brasileños.

Brasil ganó protagonismo mundial en torno a la cuestión de las plataformas digitales en agosto, cuando la red X fue bloqueada durante 40 días en todo el país por orden de la corte suprema por desobedecer órdenes judiciales relacionadas al combate de la desinformación.

El juez que ordenó el bloqueo, Alexandre de Moraes, advirtió el miércoles que las redes sociales “solo continuarán funcionando si respetan la legislación brasileña, independientemente de bravuconadas de dirigentes irresponsables de las Big Techs”.

La Agence France-Presse (AFP) trabaja con el programa de verificación de contenidos de Facebook en 26 idiomas. Facebook paga para usar las verificaciones de unas 80 organizaciones a nivel global en su plataforma, así como en WhatsApp e Instagram.

Fuente: AFP.