Penas de 30 años de cárcel por delitos políticos, inhabilitaciones perpetuas para ejercer cargos públicos y juicios en ausencia: nuevas leyes que blindan al presidente Nicolás Maduro se complementan ahora con su propuesta de reformar la Constitución, avivando el temor de activistas de una “nicaragüización” de Venezuela.

“Una gran reforma” para “embellecer” la Constitución fue la bandera de Maduro al juramentarse el viernes para un tercer mandato (2025-2031), cuestionado por la oposición, que denuncia un fraude en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio y reivindica una victoria del exiliado Edmundo González Urrutia.

“Maduro quiso hacer unas elecciones al estilo Hugo Chávez, en las que se daba un baño de pueblo” y “como no le resultó la fórmula de Hugo Chávez, optó por el modelo de Daniel Ortega, que es robarse una elección y perseguir a todos los opositores”, dijo a la AFP Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la OEA.

Ortega y su esposa Rosario Murillo, su “copresidenta”, impulsaron en 2024 una reforma constitucional que les dio control absoluto de los poderes del Estado en Nicaragua, donde cientos de opositores han sido arrestados y forzados al exilio, en tanto a muchos, incluso, se les quitó la nacionalidad, como el caso de McFields. “¡Aquí está el héroe, aquí está el revolucionario Nicolás Maduro Moros, y aquí está Chávez, y aquí está Bolívar”, exclamó Ortega desde una tarima donde acompañó al mandatario venezolano a celebrar su juramentación.

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Aunque no se sabe qué artículos de la Constitución planteará cambiar la reforma de Maduro, el mandatario izquierdista ha adelantado que el objetivo es reforzar el poder de las comunas, organizaciones civiles creadas por el chavismo encargadas de tareas como la distribución de alimentos subsidiados y la captación de votantes. Lleva meses aprobando recursos directos para la ejecución de proyectos de las comunas, lo que la oposición ve como una forma de restar poder a funcionarios electos como gobernadores y alcaldes.

El Parlamento, controlado por el partido de gobierno, ha aprobado leyes que activistas consideran que violan derechos fundamentales. “Lamentablemente estamos aquí pavimentando el camino para una nicaragüización de Venezuela”, comentó Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, en un encuentro con corresponsales internacionales.

Ya el gobierno de Maduro ha sido acusado de graves violaciones de derechos humanos: la Corte Penal Internacional (CPI) lo investiga por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, Daniels sostiene que el nuevo paquete de leyes impuestas en Venezuela “agravará aún más” la situación para opositores y cerrará los espacios que mantiene a duras penas la sociedad civil.

El paquete de leyes vino después de que estallaran protestas contra su reelección, que dejaron 28 muertos, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos. Maduro responsabilizó a la oposición por los fallecidos y denunció un complot liderado por Estados Unidos, que ha impuesto sanciones contra su gobierno.

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La unicameral Asamblea Nacional aprobó en noviembre una ley que castiga con pena de 25 a 30 años de prisión a “toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde o participe” en la adopción de sanciones internacionales.

La legislación contempla juicios en ausencia, lo que Daniels destaca que está prohibido por la Constitución, y establece inhabilitaciones. “Es muy clara y contundente sobre las sanciones, no hay ninguna duda, pero es muy vaga para definir qué es lo que va a castigar”, sostiene Daniels al cuestionar la ambigüedad de la ley.

“Por ejemplo, considera sancionable la participación indirecta en medidas coercitivas, pero ¿qué es la participación indirecta? No lo define (...). Se da al sistema un enorme poder discrecional. Un funcionario te puede aplastar con un dedo”, subraya. El espacio para la discrecionalidad es una crítica habitual en otras legislaciones promovidas por el chavismo.

En agosto, el Parlamento aprobó una ley para fiscalizar a las Organizaciones No Gubernamentales, que las obliga a declarar fuentes de financiamiento, en especial si vienen del extranjero. “Formaliza la persecución a organizaciones de la sociedad civil”, criticó Oscar Murillo, coordinador de la ONG de derechos humanos PROVEA.

Está en agenda aprobar una ‘ley contra el fascismo’, término que el chavismo usa para referirse a opositores, que propone la ilegalización de partidos políticos que promuevan “actividades fascistas”. “Todos estamos en contra del fascismo, el problema es que el gobierno suele calificar de ‘fascista’ cualquier acto de la oposición”, alerta Daniels.

Fuente: AFP.

El excanciller paraguayo Eladio Loizaga dijo ayer que la crisis política de Venezuela solo podrá ser solucionada por el mismo pueblo. Indicó que una revolución puede darse de manera interna.

“Por la experiencia que me tocó vivir como can­ciller, puedo decir que el objetivo de Maduro siem­pre fue ganar tiempo. Esa es su técnica y táctica”, agregó a 1020AM. Loizaga indicó que “es un tema que los venezolanos deben resolver”. El exministro de Relaciones Exteriores señaló que una interven­ción extranjera en Vene­zuela sería un retroceso para la región.

El presidente del Par­tido Tekojoja, exsenador Sixto Pereira, dijo ayer desde Venezuela que en el gobierno de Nicolás Maduro no existe dicta­dura. “Esto no es un régi­men dictatorial. No es una dictadura. Si era una dictadura no iba a haber prensa opositora, y acá lo hay”, aseguró el diri­gente izquierdista. Señaló que en estos momen­tos en Venezuela se vive un ambiente tranquilo. “Hay retén por el tema de seguridad, pero no como se dice que está militari­zado y a cara de guerra”, indicó.

• Bogotá, Colombia. AFP.

El expresidente Álvaro Uribe, uno de los políticos más popu­lares de Colombia, pidió una intervención militar inter­nacional en Venezuela “que desaloje” del poder a Nico­lás Maduro luego de su cues­tionada asunción el viernes para un tercer mandato con­secutivo.

“Que ese timador sepa que lo que nosotros propugnamos es una intervención militar internacional con el ejército de Venezuela que desaloje a la dictadura”, dijo el expre­sidente de derecha desde el lado colombiano de la fron­tera, en Cúcuta.

Frente a decenas de perso­nas en las calles de la ciudad, Uribe lideró su anunciado “plantón para la libertad de Colombia y Venezuela”, en apoyo a Edmundo Gonzá­lez Urrutia y María Corina Machado, los líderes de la oposición venezolana.

“Nosotros pedimos una intervención internacional, preferiblemente avalada por las Naciones Unidas, que des­aloje a esos tiranos del poder y convoque de inmediato a unas elecciones libres”, insis­tió en medio de aplausos.

Maduro, en la presidencia desde 2013, tomó juramento en una ceremonia cuestio­nada por Estados Unidos, la Unión Europea y varios paí­ses latinoamericanos.

El candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, asegura que ganó las eleccio­nes presidenciales del 28 de julio y calificó de “golpe de Estado” el acto de investi­dura.

El Gobierno de Colombia, hasta hace un tiempo uno de los principales aliados de Maduro en la región, ha ido endureciendo su discurso contra el “acoso sistemático” a opositores en Venezuela.

¿Cuáles son los cuatro pilares insustituibles de una demo­cracia en la doctrina clásica de las ciencias políticas? A saber: libertad de expresión, elecciones libres, universales y transparentes, Estado de dere­cho y respeto irrestricto a los derechos huma­nos. En los últimos años se incorporó un nuevo elemento imprescindible para la democracia de estos tiempos: debe ser sustantiva, superando lo meramente procedimental. Por tanto, no basta con una eventual legitimidad de origen, si no es capaz de sostener determinados valores socia­les, de construcción colectiva, como el orden justo, la justicia social y el bienestar ciudadano, sin excepciones ni privilegios. Mirando estas descripciones bien detalladas, que no admi­ten sentidos equívocos, queda demostrado que Venezuela tiene un régimen autoritario, donde el disenso está penado, donde los referentes de la oposición pueden ser apresados sin órdenes judi­ciales y donde los medios críticos al Gobierno fueron clausurados o confiscados. Ha dilapi­dado su mayor riqueza natural –el petróleo– y el pueblo sufre las penurias de la pobreza, la falta de alimentos básicos y el temor constante de la represión. Mientras, las autoridades viven una vida suntuosa proveída por una corrup­ción galvanizada por la impunidad, puesto que los encargados de vigilar el cumplimiento de las leyes y el uso correcto de los recursos públicos son los mismos que las pervierten y roban des­controladamente.

Es tan delirantemente absurdo que algu­nos políticos y líderes sociales de nuestro país pretendan defender la dictadura de Nicolás Maduro. Sobre todo, cuando se trata de figuras que han enjuiciado severamente –y con justi­ficada razón– el sistema despótico de Alfredo Stroessner. Pero ahora tratan de establecer una diferencia que no existe. Al contrario, son cal­cados ambos métodos de violación de los dere­chos humanos, de persecución a las cabezas de la oposición (y de cualquier ciudadano común que exprese su descontento) y del anticipado fraude electoral mediante un aparato disfrazado de legalidad, que responde a las órdenes de un presidente impuesto a la fuerza por los poderes fácticos que dominan el país caribeño. Proba­blemente el presidente más bruto –intelectual y moralmente– que haya sufrido la nación her­mana. Con cada declaración pública se vuelve el hazmerreír del continente. Y, también, más allá de los mares.

La soledad internacional de Nicolás Maduro –acertado título de un diario colega– quedó patentizada con la ausencia total de los presiden­tes de Sudamérica. Le hicieron el vacío incluso aquellos que en el pasado tuvieron alguna afi­nidad ideológica con su antecesor, Hugo Rafael Chávez Frías, como el caso particular de Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, o los nuevos, como Gustavo Petro, de Colombia, y Gabriel Boric, de Chile. Solamente asistieron dos expo­nentes de gobiernos autócratas: Daniel Ortega, de Nicaragua, y Miguel Díaz-Canel, de Cuba. Desde Europa llegaron declaraciones de repu­dio a este nuevo juramento, considerado ilegal por la mayoría de las naciones democráticas del mundo. Estados Unidos de América, toda­vía bajo la administración de Joe Biden, endu­reció sus políticas de presión sobre el régimen ofreciendo una recompensa de 25 millones de dólares por la captura de Maduro, acusado de diversos crímenes internacionales, entre ellos, distribución de cocaína, narcotráfico y corrup­ción. Mismo monto y con el mismo propósito para Diosdado Cabello, actual ministro del Inte­rior, considerado el monje negro y el poder en la sombra en Venezuela. Por el brazo militar que mantiene a Maduro en la presidencia de la Repú­blica, el general y ministro de Defensa, Vladimir Padrillo López, ofrece 15 millones de dólares.

A los enceguecidos y obtusos seguidores de Maduro en nuestro país es bueno recordarles que la trilogía de la “unidad granítica”, parti­do-Gobierno y Fuerzas Armadas, de la dictadura de Stroessner se replica con absoluta puntuali­dad en Venezuela. En este caso tenemos el Par­tido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el gobierno secuestrado por Maduro-Cabello-Pa­drillo y los militares responsables de uno de los mayores fraudes electorales presenciado en el mundo. El Consejo Nacional Electoral está abso­lutamente sometido al régimen. Aun así, tardó en dar los resultados ante la abrumadora derrota del oficialismo. A tal punto que precisó de varios días para maquillar los guarismos a favor de Maduro, aunque nunca exhibió las actas electo­rales. Solo la irracionalidad que nace de los ideo­logismos fanáticos y decadentes puede justificar tamaña barbarie, creando falsas ideas y juicios para intentar ocultar una penosa cuan contun­dente realidad: una dictadura sin atenuantes.

Nuestro país tomó la sabia decisión de romper relaciones con Venezuela, reconociendo como legítimo presidente al señor Edmundo Gonzá­lez. Maduro está cada vez más solo. Lastimosa­mente, en pleno siglo XXI, algunas dictaduras todavía tardan en retroceder. Nosotros somos los mejores testigos de que la democracia, aun­que a veces tarda, siempre llega.