Un centenar de familiares de los 160 niños que fueron rescatados de una secta judía ultraortodoxa en Guatemala acudieron ayer domingo a un refugio en la capital donde fueron llevados sus hijos y exigieron a las autoridades que se los devuelvan. Los familiares, pertenecientes a la secta, se apostaron en una calle frente a la sede del Centro de Atención Especial para Niños Alida España, a donde fueron llevados los menores.

“Queremos que los dejen salir de aquí” a los niños, dijo a la AFP un representante de los familiares, Uriel Goldman, mientras observaba a varios policías que vigilaban cerca del lugar. Según la Procuraduría General de la Nación (PGN) los miembros de la secta “irrumpieron” en el centro donde se encuentran los menores, “sustrayendo” a varios de ellos, pero con ayuda de la policía se “logró localizar y resguardar nuevamente a todos”.

No obstante, personas que se encontraban cerca del resguardo apoyaron a miembros de la secta, y trataron en vano de impedir que los menores fueran resguardados, lo que generó unos forcejeos, según un fotógrafo de AFP. La noche de este domingo, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia a cargo del lugar de resguardo, en un comunicado indicó, sin precisar un número, que habría niños que “abandonaron las instalaciones” cuando ocurrió la irrupción y ahora son buscados.

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“Con ello, evadieron el proceso de abrigo temporal y excepcional con el que estaban siendo beneficiarios”, dijo esa secretaría que añadió que se activó una “alerta” utilizada en la búsqueda de menores desaparecidos. Las autoridades de Guatemala rescataron el viernes a los 160 niños en una finca de la secta Lev Tahor, que era investigada por presuntos abusos sexuales de menores.

La propiedad de la secta, que fue allanada, se ubica en el municipio de Oratorio, a unos 60 km al suroeste de la capital. Según la Fiscalía, el allanamiento durante el cual fueron rescatados los niños se efectuó por la “sospecha” de delitos de trata de personas “en la modalidad de embarazo forzado, maltrato contra personas menores de edad y violación”.

En el allanamiento se encontró la presunta osamenta de un menor, según la fiscalía. Goldman calificó de “mentiras” los señalamientos en contra de la secta judía ultraortodoxa. “Las autoridades cumplieron una investigación muy grande aquí en Guatemala, con reportes, dicen mentiras con denuncias falsas”, señaló Goldman.

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La secta Lev Tahor estaba en la mira de las autoridades por denuncias de abusos de niños, matrimonios forzados y embarazos de adolescentes. La secta, que se instaló en Oratorio en 2016 tras ser expulsada de un pueblo maya en 2014 por conflictos con los lugareños, ha calificado las investigaciones como “persecución religiosa”.

“Hay presión de afuera (para) destruir a la comunidad, pedimos apoyo del mundo”, sostuvo el representante de las familias. Lev Tahor fue formada en los años 1980 y sus miembros, que visten túnicas oscuras y practican una versión ultraortodoxa del judaísmo, se establecieron en Guatemala en 2013. Las autoridades estiman que el grupo está conformado por 50 familias, principalmente, de Guatemala, Estados Unidos y Canadá.

Fuente: AFP.

• Por Felipe Goroso S.
• Columnista político

En las últimas semanas el foco del debate público se ha visto marcado por la permanencia o el retiro de la DEA del Paraguay. Ese es el enfoque que le interesa a los agentes del imperio, a los grupos corporativos de medios de comunicación y a sectores minoritarios de la oposición. Y es el que se impuso. En gran medida también colaboró la falta de tino de algunos de los que se creería deberían de jugar en equipo dejando de lado las agendas propias.

Poco o nada se habló del documento que es el marco legal en el cual se rige el Programa de la Unidad Investigativa Sensitiva (SIU) de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), que es el memorándum de entendimiento firmado en 2022 por el gobierno de Mario Abdo Benítez y gente como Zully Rolón que en ese momento estaba al frente de la Senad. A estas alturas huelga decir lo nefasta que fue esa administración en todo sentido, con énfasis en lo que hace a la lucha contra el narcotráfico y que durante su periodo nuestro país se convirtió en el portaviones donde aterrizaban y despegaban cientas de miles de toneladas de cocaína de las cuales apenas unas cuantas nos enterábamos cuando caían en los puertos europeos.

Ahora veamos apenas algunos puntos del mencionado memorándum. En la página 4, en el punto f, se menciona que todo el equipamiento, del cual por cierto no se tiene conocimiento oficial de que está compuesto, debe ser utilizado única y exclusivamente a los efectos del alcance del convenio. Es más, si la DEA determina que los equipos han sido utilizados por fuera del memorándum, se reserva el derecho de terminar el mismo. En el punto siguiente, el g, el memorándum menciona que el mismo no es un acuerdo internacional y no da lugar a derechos u obligaciones bajo la ley internacional. En la página 5, en el punto C, al respecto de las instalaciones el MDE determina que las mismas son lugares separados y aseguradas, con acceso restringido en todo momento a personal de la SIU y de la DEA.

En la misma página, en el punto e que habla del liderazgo del grupo, la asigna a un agente de la DEA la categoría de mentor y coordinador. El acuerdo también es específico al respecto de que el proceso investigativo y ni qué decir del resultado de las mismas solo podrán ser compartidos con los de más alto rango del lado paraguayo. También podrían ser cuestionables la página 9, punto d 1, al respecto de la asignación inicial del personal y la extensión. La página 11, recursos del programa en sus puntos b y c. La página 12, en el punto b, de la confidencialidad de la información. Al igual que la página 13 en los puntos a, b y c. En conclusión, son 14 páginas del documento más cipayo y entreguista del que se haya tenido conocimiento. Tal vez solo comparable con el acta secreta de Itaipú que casi le costó la salida por juicio político al gobierno anterior que hizo del cipayismo una religión.

Ahí radica la explicación del porqué este asunto hizo que Mario Abdo salga del freezer de oro en el que se encuentra, o que alguno de sus voceros diga que prefiere que las escuchas la hagan agentes extranjeros.

La política, esa mala palabra que empieza con p y termina con a, nos llama a hacer el esfuerzo de deponer agendas propias, de conducción, construcción y coordinación de equipos. Es la base fundamental para articular respuestas oportunas y convenientes y no dejarse arrastrar por la oleada de los medios de comunicación que buscan desgastar al gobierno actual.

Este domingo 22 de diciembre se cumplen 32 años del hallazgo histórico del “Archivo del Terror”, una increíble colección de documentos de alto valor político y social, no solo para Paraguay, sino para toda América Latina y el mundo; ya que testimoniaban las atrocidades de una de las dictaduras más extensas del continente y sus tentáculos regionales a través del perverso Plan Cóndor.

Paraguay vivía los primeros años de transición democrática tras el régimen del general Alfredo Stroessner, que cayó por un golpe militar entre el 2 y 3 de febrero de 1989, tras estar en el poder desde 1954. Transcurrieron pocos meses desde la promulgación de la nueva Constitución Nacional, el 20 de junio de 1992, que recuperaba herramientas de justicia y derechos largamente esperados por el pueblo, como el habeas corpus, una garantía que permitiría, finalmente, exigir respuestas del Estado.

En medio de esa coyuntura, se erigía la figura de un hombre que llevaba años de búsqueda incansable detrás de los documentos de la dictadura: quien en vida fuera Martín Almada (1937-2024). Educador, abogado y defensor de los derechos humanos, luchó incansablemente por la reivindicación de las víctimas del totalitarismo militar y político.

Si bien su objetivo era personal, este trascendía su propia historia puesto que quería saber qué había ocurrido con su esposa Celestina Pérez, quien murió en circunstancias no esclarecidas durante el gobierno de Stroessner; el 5 de diciembre de 1974, a los 33 años, en el local del Instituto Juan Bautista Alberdi, en San Lorenzo. La mujer sufrió un infarto luego de decirle que su marido había muerto, tras varias llamadas en que le hicieron escuchar las sesiones de tortura, y no recibió atención médica por temor a represalias de los doctores para acercarse al instituto.

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Martín Almada Inició su búsqueda para descubrir qué datos había y dónde los tenía el gobierno derrocado. Comenzó una investigación solitaria que, a base de paciencia, persistencia, resistencia y recortes de periódicos, desembocaría en uno de los hallazgos más impactantes de la historia.

Las pistas más concretas llegaron de forma hasta inesperada. El propio Almada relató, años más tarde, que mientras se encontraba gestionando su pedido judicial para acceder a documentos policiales, una mujer se le acercó, le entregó un plano y le aseguró que lo que buscaba no estaba en Asunción, sino en un depósito fuera de la capital.

Con esta información clave, Almada recurrió directamente al Poder Judicial. Los jueces José Agustín Fernández, actual camarista, junto al magistrado Luis María Benítez Riera, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, encabezaron el operativo.

El martes 22 de diciembre de 1992, a las 11:00, el equipo se dirigió a la sede del Departamento de Producción de la Policía Nación, en la ciudad de Lambaré. Nadie esperaba encontrarse con tamaña situación, que en definitiva superó ampliamente cualquier expectativa. Intentaron allanar la comisaría, pero primero hubo una negativa por parte de un agente policial, pero a esas alturas ya asomaba el inevitable hallazgo y, amparados en la ley, los jueces ingresaron al lugar.

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Lo que se encontraron era estremecedor e impactante: montañas de documentos, fichas, fotografías y archivos, amontonados y olvidados en una habitación de unos cinco por cinco metros, con pilas de papeles que alcanzaban los dos metros de altura. En el patio, parte de la documentación había sido enterrada raudamente.

Las primeras revisiones de aquello que nadie se imaginaba que podría existir, al menos no en esa envergadura, revelaron el alcance del descubrimiento. Se trataban nada más y nada menos que de 300 metros lineales de documentación, producida entre 1930 y 1992, en su mayoría correspondiente a los 35 años de la dictadura estronista (1954-1989).

Entre los documentos figuraban: fichas prontuariales con datos de opositores políticos, fotografías de detenidos al momento de su captura, algunas en evidente contradicción con las versiones oficiales de resistencia violenta, declaraciones obtenidas bajo tortura, grabaciones de conversaciones telefónicas “pinchadas”, materiales incautados en allanamientos domiciliarios, información de inteligencia sobre organizaciones políticas, culturales y sociales, etcétera.

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Tamaño acervo documental servía de radiografía de la brutalidad del régimen, pero también evidenció la coordinación represiva a nivel continental: la famosa operación Cóndor. Los documentos confirmaron la existencia de una red clandestina que operaba entre Paraguay, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, de manera conjunta y sistemática, para el secuestro, tortura, intercambio y desaparición de presos políticos. Con el tiempo, el “Archivo del Terror” se convirtió en un testimonio clave para la justicia, reivindicación y fortalecimiento del “nunca más”.

En 1993 se creó el Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, con apoyo de la Unesco, que años más tarde digitalizó los archivos y facilitó su acceso al público. En 2009, el “Archivo del Terror” fue inscrito en el Registro Internacional de la Memoria del Mundo de la Unesco y, en 2011, en el Registro Regional para América Latina y el Caribe.

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El hallazgo del “Archivo del Terror” no fue solo el resultado de una búsqueda personal de Martín Almada, sino que fue un acto de justicia, memoria y verdad. Estos documentos, preservados actualmente en el Museo de la Justicia y Centro de Documentación y Archivo en el Poder Judicial de Asunción, constituyen un legado invaluable. Estos documentos son una advertencia de lo que puede suceder cuando el poder absoluto no encuentra límites y un recordatorio para las nuevas generaciones sobre la necesidad de defender siempre la democracia, la libertad y los derechos humanos.

El ahora miembro de un Tribunal de Apelación Penal, José Agustín Fernández, explicó que el hecho tuvo una significación para procesos de violación de derechos humanos en Paraguay, para el uso del habeas data, para las indemnizaciones y, fundamentalmente, para procesos vinculados con la operación Cóndor. “Hoy lo que hacemos es reivindicar el derecho a la verdad, la verdad que es una tarea, un trabajo que hay que hacer para resignificar el presente”, señaló el magistrado, reconociendo que el propio Estado es lento y “poco generoso” para la reivindicación de las víctimas del régimen.

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, Nelson Mora, cuestionó la intensa campaña de ciertos grupos empresariales y medios de comunicación en contra de la subasta de las tierras de la Costanera Norte, que se desarrolló ayer y fue declarada desierta. Señaló que con esto cayó por tierra las afirmaciones de que este proyecto ya estaba con un resultado direccionado y cantado.

“Al final se les cayó la careta a todas estas empresas, porque finalmente son eso, donde sus intereses que juegan tienen un peso importante, y que todo es manipulación y mentira por parte de ellos. La facilidad que tienen en poner exactamente lo que se les cante en su titular creo que tiene que ir preocupando ya a la ciudadanía, porque finalmente son ellos los perjudicados”, criticó en conversación con el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Cuestionó además que todo el proceso fue viciado por la manipulación y mentiras de un sector periodístico, y que esto finalmente lo que hace es perjudicar al ciudadano asunceno. “Todo un proceso fue prácticamente viciado por una manipulación mediática, ayer cayó la mentira, sin embargo, los asuncenos salen perdiendo, salen perdiendo porque retrasaron un proceso que para nosotros es muy interesante, para la ciudadanía es vital”, apuntó.

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Mora aseguró que este proceso continuará y desde la Municipalidad de Asunción se replanteará una nueva estrategia para avanzar en el proyecto de desarrollo de la Costanera Norte. “No vamos a parar, vamos a reformularnos y más pronto que tarde saldremos con una nueva alternativa para este proceso”, aseveró.

Agregó que desde ayer tras la subasta que no se llegó a concretar, inmediatamente ya se realizó una reunión para analizar todas las posibilidades, y en estos días se irá trazando un nuevo camino para llevar adelante este proyecto.

“Ahora lo que nos queda es qué incentivo generar nuevamente para que podamos tener una subasta ya fuera de toda la mentira, ya fuera de todo el barro, pero sí que genere un interés nacional y extranjero y que puedan venir a apostar, eso es lo que estamos buscando ahora”, sentenció.

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