El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de acuerdo al calendario previsto, realizará este miércoles 26 de junio la segunda emisión de bonos del Tesoro del año, a través del Banco Central del Paraguay (BCP), al mercado bursátil interno.

En esta oportunidad se emitirán nuevos títulos a 5, 8 y 10 años de plazo, con tasas de interés referenciales de 7,10 %, 7,45 % y 7,60 % respectivamente. Para mayores detalles, se puede acceder al pliego de bases y condiciones, disponible en la página web. Si los interesados precisan más datos e información, se pueden comunicar directamente con las casas de bolsas y/o el Banco Central.

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Los datos del MEF refieren que la colocación se hará en guaraníes como lo fue la primera subasta que se llevó a cabo el 26 de marzo pasado. En esa ocasión, la demanda de los bonos en moneda local ascendió a un total aproximado de G. 2,7 billones (USD 369,74 millones), triplicando el monto finalmente adjudicado. Esta emisión primaria se volvió a realizar a través del Banco Central del Paraguay, luego de 8 años, tomando en cuenta que la última emisión se realizó finales del año 2016.

Las fechas en las que se prevé realizar nuevamente emisiones son el 25 de septiembre y 10 de diciembre de 2024, respectivamente. Igualmente, aclaran que este calendario de subastas está sujeto a posibles modificaciones, ampliaciones y que los montos a licitar en cada subasta serán anunciados por el Ministerio de Economía.

Según datos de la Dirección General de Política de Endeudamiento del MEF, a abril de este año, el 77,23 % de los bonos emitidos en el mercado local se encuentra en manos de bancos, financieras y cooperativas. El 10,09 % está en manos del Fondo de Garantía de Depósitos, el 8,68 % lo tienen los inversores institucionales y el 0,37 % personas físicas. Actualmente, los Bonos Soberanos suman un total de USD 7.130,9 millones y representan el 45,5 % de la deuda pública de la Administración Central.

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El día de ayer jueves se desarrolló una audien­cia pública con estu­diantes universitarios y varias autoridades del Estado, espa­cio que sirvió para que se pue­dan evacuar dudas respecto al financiamiento del Aran­cel Cero. El viceministro de Educación Superior, Federico Mora, habló de la importancia de que quede claro que dicho programa no quedará desfi­nanciado, sino todo lo contra­rio, gana más peso al depender de los recursos del Tesoro.

“El programa Arancel Cero va a ir a un escenario seguro que lo convierte en una política de Estado y lo consolida”, ase­guró el viceministro, quien indicó que al hacer el cambio de fuente de financiamiento se logrará algo que hasta la fecha no se ha podido cum­plir, y es lograr la transferen­cia del 100 % de los recursos que se necesitan para solven­tar dicho programa.

El financiamiento del Aran­cel Cero provenía de los recur­sos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarro­llo (Fonacide), con la promul­gación de “Hambre cero”, el Fonacide queda sin efecto y el 80 % de esos recursos pasará a formar parte del Tesoro. De acuerdo a lo expuesto por Mora, este cambio de fuente solo da sostenibilidad a la vigencia de la conquista de los estudiantes, puesto que ahora se contempla el crecimiento de los beneficiados.

“Pasa a la fuente segura del Estado, que lo convierte en programa y al dar este paso gana estabilidad en el presu­puesto y ahí se consolida como política pública. Lo que se está haciendo con el Arancel Cero es elevarlo y graduarlo al nivel de política pública que es muy diferente a la fuente ocasio­nal que tenía; es más, porque era ocasional es que nunca se pudo transferir el 100 % de los recursos a las universida­des, que es lo que ahora se va a lograr”, afirmó a la 650 AM.

Asimismol, recalcó que la ley de “Hambre cero” no tiene incidencia en la vigencia del Arancel Cero y recordó que el articulado que contempla el blindaje para esta última ley fue llevada por él mismo junto con la rectora de la Univer­sidad Nacional de Asunción (UNA) y con siete presiden­tes de centros de estudian­tes, dado que la propuesta fue planteada por el mismo estudiantado.

El Arancel Cero en las universidades paraguayas ha sido sin dudas una de las grandes conquistas para el estamento terciario; se diría que es hasta una medida revolucionaria en el ámbito educativo de un país con claros déficits en ese segmento, un beneficio que no contaban generaciones de paraguayos anteriores. Su origen y fundamento entonces se remonta a la visión de un Paraguay que reconoce en la educación un pilar fundamental para el desarrollo social y económico. Se originó como respuesta a la necesidad de ampliar las oportunidades de formación académica de calidad para todos los paraguayos, sin importar su situación económica, aunque con énfasis en aquellos sectores más vulnerables.

“Hay un proyecto de ley para el cual fuimos convocados que habla del blindaje de algunos programas”.

El viceministro de Eco­nomía y Finanzas, Óscar Lovera, participó este jue­ves de la audiencia pública para tratar el proyecto de ley “que garantiza la con­tinuidad, financiamiento y ejecución de programas estratégicos vinculados a la salud, educación, investi­gación, primera infancia y establece obligaciones para el Ministerio de Economía y Finanzas”.

La normativa pretende dar un “reblindaje” a los pro­gramas financiados por el Fondo Nacional de Inver­sión Pública y Desarrollo (Fonacide).

“Sé que hay varias iniciati­vas, hay un proyecto de ley para el cual fuimos convo­cados que habla del blindaje de algunos programas den­tro del presupuesto que hoy está, muchos de ellos que tienen financiamiento dife­rente a lo que es el finan­ciamiento que está a través del Fonacide”, expresó en primer término el vicemi­nistro.

Lovera aseguró que todos los programas, incluyendo Arancel Cero, que actual­mente están financiados con el Fonacide, y que con la ley Hambre Cero pasan a otras fuentes de financia­ción, están garantizados desde el Ministerio de Eco­nomía y Finanzas (MEF).

El ministro remarcó que los recursos se encuentran totalmente asegurados, hasta tanto los proyectos se lleven adelante, como sí está previsto.

En la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados se desa­rrolló la audiencia pública convocada para escuchar las exigencias de estudian­tes universitarios que solici­tan mayores garantías sobre la Ley del Arancel Cero. “Hay una intención de conversa­ción y diálogo. Están dadas las condiciones para seguir traba­jando en equipo”, expresó al respecto el ministro de Educa­ción y Ciencias, Luis Ramírez.

“Fueron cinco horas de tra­bajo intenso, con un diálogo muy importante e intere­sante, escuchando todas las versiones y las propuestas. Este es el proceso que segui­mos para poder integrar las visiones y lograr así la tran­quilidad de los estudiantes porque el arancel cero no se va a tocar, ni se utilizará de otra manera que no sea la prevista ya en la ley”, expresó en el pro­grama “Tarde de perros”, por Universo 970 AM/Nación Media.

El ministro remarcó que los recursos se encuentran total­mente asegurados, hasta tanto los proyectos se lleven adelante, como sí está previsto. El proceso restante actual­mente es seguir asegurando cada uno de los parámetros de la ley, hasta reposicionarlo y convergerlo como el pro­grama integral que se busca establecer sobre el mismo.

Desde el Banco Central del Paraguay (BCP) destacaron la exitosa colocación de bonos del Tesoro Público con una importante demanda que contribuyó a asegurar tasas competiti­vas. En esta ocasión, el monto total adjudicado supera los G. 885.081 millones a plazos que van de 5 a 15 años.

Desde el BCP indicaron que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) vuelve a subastar sus títulos a través de la matriz bancaria y rea­liza la colocación de bonos siguiendo las prácticas utili­zadas en los mercados inter­nacionales con la participa­ción de bancos, financieras y casas de bolsa.

Informaron que los bonos serán custodiados en la Depositaria de Valores y podrán ser negociados en el mercado secundario a través de la Bolsa de Valores. La demanda de los bonos en moneda local ascendió a un total aproximado de G. 2,7 billones, triplicando el monto finalmente adjudicado.

Esta fuerte demanda que se está volviendo común en las subastas de bonos del Tesoro contribuyó a asegu­rar una tasa del 7,05 %, para el plazo residual de 1.415 días, 7,45 % para el plazo residual de 2146 días y 7,95 % para el plazo residual de 4.354 días Mencionaron que las tasas de adjudicación son favorables y más competitivas en rela­ción con las tasas vigentes en el mercado y con la participa­ción de inversores no residen­tes, ratificando la confianza de los mercados en la plaza local y en concordancia con la última mejora en la califi­cación crediticia otorgada por Standard and Poor’s.

Es importante señalar que esta emisión primaria se vuelve a realizar a través del BCP, luego de 8 años, tomando en cuenta que la última emi­sión se realizó a finales del año 2016. Los montos adjudicados en los diferentes plazos fue­ron de G. 29.480 millones a un plazo de 5 años con una tasa de 7,05 %; G. 294.801 millones a tasa del 7,45 % en un plazo de 7 años y, por último, G. 560.600 millones a 15 años con una tasa del 7,95 %.

El titular del MEF señaló en su cuenta de X que continúa el fuerte interés del mercado en los bonos paraguayos, lo cual se refleja en la colocación rea­lizada hoy martes en el mer­cado local donde se tuvo una demanda récord equivalente a casi USD 370 millones. “Los plazos y las tasas de interés fueron sumamente favora­bles”, acotó.

Añadió que con el resultado de esta colocación se dinamiza el mercado doméstico, se mejora el perfil de la deuda en cuanto a los plazos, se continúa con el proceso de desdola­rización del pasivo público y se mejora significativa­mente el costo de endeu­damiento con respecto a emisiones anteriores.­

El gobierno de Colombia anunció que en abril comenzará la extracción de objetos de “valor incalculable” que forman parte del tesoro del galeón español San José, sumergido desde hace tres siglos en el mar Caribe. A siete años del histórico hallazgo de la nave hundida frente a Cartagena, las autoridades empezarán a recuperar las piezas bajo el agua, dijo el ministro de las Culturas, Juan David Correa, a la AFP.

El tesoro, cuyo valor se estima en miles de millones de dólares, está allí desde junio de 1708, cuando el barco de vela fue emboscado y derribado por un escuadrón inglés. Entre abril y mayo se hará una “exploración de algunos materiales que están superficialmente en el lecho” del galeón para ver cómo reaccionan al salir del agua y preparar la recuperación del resto de los bienes, explicó Correa.

Las labores costarán más de 4,5 millones de dólares y se harán con un robot que desciende hasta los 600 metros de profundidad, donde está la nave. Así “se extraen sin modificar y sin agredir el pecio, algunas cosas que están allí”, como cerámicas, conchas y trozos de madera, agregó el ministro en una entrevista con la AFP a bordo del buque ARC Caribe.

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Los especialistas trabajarán desde ese barco colosal de la Armada en un punto de altamar que aún es secreto, con el fin de no alertar a cazatesoros y piratas de la ubicación del hallazgo arqueológico, considerado uno de los mayores de la historia colombiana. El San José naufragó en las aguas cercanas a esta turística ciudad caribeña y punto clave del comercio entre América y España durante la época de la colonización. Había zarpado de Portobelo, en Panamá, repleto de vasijas, joyas, piedras preciosas, oro, plata y cañones.

Correa no especificó si los metales más valiosos del tesoro, de “valor incalculable” y que “excede cualquier precio monetario”, serán extraídos en la primera fase. “La mayoría” de los elementos sumergidos han sufrido una “alteración física y química”, por lo que posiblemente se deshagan al salir del agua, explicó la capitana Alexandra Chadid, investigadora de la Armada.

Desde que fue localizado en 2015, el galeón ha sido objeto de disputas debido al alto valor de su carga de cientos de toneladas. España reclamaba el cargamento con base en una convención de la Unesco de la que no forma parte Colombia. También indígenas bolivianos del pueblo Qhara Qhara aseguraban que las riquezas fueron sacadas de su tierra.

El gobierno del izquierdista Gustavo Petro, en el poder desde 2022, busca sacar del océano el pecio con recursos propios para aportar a la ciencia y la cultura, al margen de controversias relacionadas con el reparto de la riqueza. La intención es “dejar de considerar que estamos frente a un tesoro que tenemos que pelearnos como si estuviéramos en la época colonial, de los piratas que se disputaban estos territorios”, añadió Correa.

El embajador español en Bogotá, Joaquín de Arístegui, aseguró que tiene instrucciones de ofrecer a Colombia un “acuerdo bilateral” que conduzca a un “nuevo paradigma” entre ambos países en pos de la “protección” del galeón. Representantes indígenas bolivianos en Cartagena manifestaron su respaldo al proyecto de Petro. Ahora propondrán el regreso a su nación de algunas piezas, “no solamente por el tema simbólico sino más por el tema espiritual”, dijo a la AFP el líder nativo Samuel Flores. “Solamente queremos que nuestros ancestros estén en paz”, apuntó.

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Aunque aún no está definido, el gobierno colombiano proyecta que el San José sea accesible al público mediante una exposición virtual con inteligencia artificial y que el lugar donde se hundió se torne un destino para investigaciones científicas. “El mundo puede aprender muchísimo (...) el galeón es muy interesante desde el punto de vista de las ideas, de la tecnología, del proceso naval y desde el punto de visto humano porque era habitado por 600 hombres”, aseguró el arqueólogo portugués Filipe Castro, de la Universidad de Coímbra.

La mayor aproximación a la apariencia del galeón fue una serie de videos revelados oficialmente a mediados de 2022, tomados por un vehículo teledirigido y equipos de grabación de alta tecnología que permitieron ver en la oscuridad del fondo del mar. El anuncio del gobierno sobre el comienzo de la extracción coincide con una nueva controversia: un litigio entre el Estado colombiano y la empresa estadounidense Sea Search Armada ante la Corte Permanente de Arbitraje.

La compañía asegura que encontró el galeón antes, por lo que reclama derechos sobre el 50 % del tesoro, cuyo valor está estimado en hasta 20.000 millones de dólares, según la demanda. Paula Robledo, directora de la Agencia Jurídica del Estado colombiano, calificó ese reclamo de “grotesco” y “frívolo”, y anunció acciones de defensa legal.

Fuente: AFP.