La batalla por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) tiene como protagonista a la industria brasileña de carne vacuna, un activo para Sudamérica, pero también un motivo de polémica por su papel en la deforestación, sobre todo de la Amazonía.

Los miembros fundadores del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- y la UE negocian desde hace años un acuerdo de libre comercio. Un posible anuncio en ese sentido es la principal cuestión en juego en la cumbre del bloque sudamericano jueves y viernes en Montevideo.

Brasil, gigante agrícola, es el segundo productor y primer exportador mundial de carne vacuna. Como peso pesado sudamericano, está especialmente en la mira de los detractores europeos de un acuerdo de libre comercio con el Mercosur. Aunque Brasil dice suministrar productos de calidad y respetuosos con el medio ambiente, las deficiencias en la trazabilidad de su ganado y los vínculos de esta industria con la deforestación son un ángulo de ataque para sus críticos, que denuncian competencia desleal.

Los cuestionamientos provienen sobre todo de Francia, donde los ganaderos se han alzado contra el acuerdo. La polémica desatada recientemente por el director general de la cadena francesa Carrefour puso las tensiones de manifiesto. Alexandre Bompard anunció que sus tiendas en Francia dejarían de vender carne procedente del Mercosur, señalada por no cumplir los “requisitos” del mercado francés. Sin embargo, ante el revuelo causado en Brasil, Carrefour dio marcha atrás.

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Brasil no cuenta con un sistema nacional de trazabilidad individual completa para su ganado, que alcanzó la cifra récord de 238,6 millones de cabezas en 2023. El único sistema individual existente, que es opcional excepto para el acceso a ciertos mercados, incluido el europeo, no se remonta necesariamente hasta el nacimiento del animal y se centra en las normas sanitarias, sin incorporar la variable medioambiental.

Esto es especialmente problemático en la Amazonía, donde se cría casi la mitad del ganado vacuno y donde la ganadería extensiva es la principal causa de la deforestación: entre 1985 y 2022 el 77% de las tierras deforestadas se convirtieron en pasturas, según la organización MapBiomas.

Los esfuerzos del actual gobierno brasileño del presidente Luiz Inacio Lula da Silva han logrado una fuerte caída de la deforestación en la mayor selva tropical del mundo, clave en la lucha contra el calentamiento global. Pero los usurpadores de tierras y los ganaderos siguen abriendo nuevas parcelas de forma ilegal, avanzando sobre la densa vegetación de las reservas naturales y los pueblos indígenas.

La ley europea que prohíbe la importación de productos derivados de la deforestación, que entrará en vigencia en enero de 2026, y el deseo declarado de China de disponer pronto de una trazabilidad completa de la carne vacuna brasileña, de la que es el principal comprador, están obligando a Brasil a acelerar sus esfuerzos.

En mayo, el Ministerio de Agricultura anunció la creación de un grupo de trabajo con empresas del sector para desarrollar un sistema capaz de verificar el origen exacto de cada animal y controlar toda la cadena de suministro. Prometido para 2027, debería estar plenamente operativo en 2032.

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Presionadas por la sociedad civil y los tribunales, las principales empresas agroalimentarias brasileñas se comprometieron en 2009 a dejar de comprar ganado procedente de la deforestación amazónica. Aunque ahora los proveedores directos están vigilados por “prácticamente todas las grandes empresas envasadoras”, antes de ellas “hay otros dos o tres eslabones en la cadena, con terneros que se venden a granjas de cría y luego de engorde”, explicó a la AFP André Guimaraes, director del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (Ipam).

Esta dispersión dificulta el control y favorece el “blanqueo” del ganado: personas que pastorean sus rebaños en parcelas ilegales los trasladan luego a explotaciones legales donde se mezclan con otras reses, para disimular su origen.

Los gigantes brasileños de la alimentación defienden sus avances, aunque admiten que deben hacer frente al “desafío” de los proveedores indirectos. Contactadas por la AFP, JBS, Minerva Foods y FriGol afirmaron que pusieron en marcha herramientas tecnológicas con este objetivo, y que se unieron a iniciativas para identificar a los animales con dispositivos electrónicos en sus orejas. Pero según Cristiane Mazzetti, portavoz de Greenpeace Brasil, “el sector está atrasado”, ya que, si bien “las herramientas” estaban allí, “faltó voluntad política e inversión”.

Fuente: AFP.