La Suprema Corte de México rechazó invalidar la elección popular de jueces, que el gobierno de izquierda defiende para enfrentar la corrupción, pero que según sus críticos afectará la independencia de los magistrados y los dejará a merced de criminales. Tras cinco horas de debate, el tribunal resolvió desestimar las impugnaciones presentadas por dos partidos opositores, al no existir los votos necesarios para invalidar una reforma constitucional aprobada por el Congreso de mayoría oficialista, cuyo corazón es la elección de jueces.
Esta inédita controversia amenazaba con desatar una crisis institucional pues la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, había advertido que las votaciones previstas para 2025 y 2027 no tenían marcha atrás. “Sería responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo (Constitución), con otra insensatez equivalente”, dijo el ministro Alberto Pérez Dayán, crítico de la enmienda, al anunciar sorpresivamente que votaría contra la anulación parcial propuesta por su colega Juan Luis González.
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Pérez Dayán rompió así la mayoría de ocho votos -de un total de 11 ministros- necesaria para aprobar el proyecto de sentencia. La reforma a la justicia, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en medio de un enfrentamiento con la Suprema Corte, convirtió a México en el primer país que elegirá a todos sus jueces en las urnas.
El proyecto de fallo planteaba dejar en pie la elección popular de los miembros del Supremo, pero no así la de jueces de tribunales inferiores, ya que, afirmaba, la carrera judicial garantiza la independencia de las cortes. Se trataba de un acto de “autocontención” para resolver la disputa, según su autor, pero Sheinbaum fue tajante en que no había nada que negociar. “Celebro que la razón, la decencia y la legalidad se hayan impuesto”, declaró a la prensa Gerardo Fernández Noroña, líder del Senado.
Protesta
Previo al debate de este martes, Sheinbaum fue enfática en que el alto tribunal carecía de facultades para anular la enmienda y acusó a sus integrantes de violar la Carta Magna. Los ocho jueces contrarios a la reforma renunciaron el pasado miércoles, como estableció la enmienda para quienes declinaran participar en las elecciones, aunque sus dimisiones se harán efectivas en agosto de 2025.
La controversia había subido de tono además cuando México enfrenta la incertidumbre de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, su principal socio económico. Decenas de funcionarios judiciales se concentraron este martes frente a la Corte, en el centro capitalino, para respaldar el proyecto de González.
“La reforma debe caer (...) porque México se va a hundir más en el narcotráfico, en la pobreza, en la corrupción de jueces puestos por Morena (partido de gobierno)”, había dicho más temprano a la AFP María Ortiz, de 54 años, secretaria del tribunal. Los propios expertos estaban divididos. “El contenido de una reforma constitucional no es impugnable”, advirtió Diego Valadés, exministro de la Corte. Pero el constitucionalista Francisco Burgoa alertaba que México enfrentaría una “grave crisis sin precedentes” si Sheinbaum desacataba un fallo adverso.
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Choque de poderes
La pugna entre López Obrador y la Corte creció a medida que el tribunal le echó abajo leyes como una que autorizaba la participación militar en la seguridad ciudadana y otra que reforzaba el papel del Estado en el sector eléctrico. Para López Obrador y Sheinbaum, el poder judicial está sumido en la corrupción, una impunidad casi total y el nepotismo.
Pero los críticos sostienen que esa situación no se remedia únicamente cambiando a los jueces, sino mejorando las capacidades de investigación de las fiscalías. Analistas como Kimberley Sperrfechter, de la firma británica Capital Economics, habían advertido que un choque institucional no hubiera sido “una buena noticia” para la economía, si bien “el impacto de la reforma ya está descontado por los mercados financieros mexicanos”.
La inversión extranjera directa en México alcanzó 36.058 millones de dólares en 2023, mientras el país espera beneficiarse de la relocalización de empresas en sus zonas fronterizas con Estados Unidos. Tras la decisión de este martes, la Suprema Corte aún debe resolver otro recurso de inconstitucionalidad, mientras en juzgados hay numerosas impugnaciones de integrantes del poder judicial contra de la reforma, aunque expertos estiman que difícilmente podrían prosperar. El Congreso modificó el pasado jueves un artículo constitucional para impedir que la Suprema Corte pueda revisar los cambios de la Carta Política.
Fuente: AFP.