El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que la exmandataria chilena y ex alta comisionada de la ONU sobre derechos humanos, Michelle Bachelet, defiende “criminales”, y rechazó las críticas contra su política antipandillas. Bachelet afirmó el jueves en un foro en Antigua Guatemala, al suroeste de la capital guatemalteca, que los derechos humanos “se han violado” en la “guerra” contra las pandillas en El Salvador.
“Es interesante darse cuenta de que estos organismos de ‘derechos humanos’ en realidad solo existen para defender los derechos de los criminales”, dijo el gobernante centroamericano en su cuenta de X, en alusión al cargo en la ONU que ejerció la expresidenta chilena (2006-2010 y 2014-2018). Bukele recordó que Bachelet cuando “fue presidenta de Chile, llegó a El Salvador en 2015 (el año en que nos convertimos en el país más peligroso del mundo) y se deshizo en elogios para el gobierno de ese entonces”.
“Ahora critica a El Salvador, cuando somos el país más seguro del hemisferio occidental”, afirmó el gobernante. Bachelet en su discurso consideró que “cuando uno no respeta [el debido proceso], es autoritario, mete a 50.000 jóvenes a la cárcel... claro, la gente dice ‘¡Oh!, qué eficiente’, que es el caso de El Salvador”.
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“Pero la verdad es que allí [en El Salvador] se han violado [los] derechos humanos. No ha habido debido proceso, la gente está aglomerada en las cárceles con condiciones infrahumanas”, fustigó en el evento organizado por el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional).
Bukele libra una “guerra” contra las pandillas bajo un régimen de excepción vigente en el país desde marzo de 2022 que permite arrestos sin orden judicial. Unos 82.000 pandilleros han sido arrestados bajo esa herramienta criticada por grupos de derechos humanos, que denuncian abusos y detención de personas inocentes.
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Fuente: AFP.
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El Salvador: familiares de presos claman por una “prueba de vida”
Jonathan Santos se entretenía con un videojuego cuando lo detuvieron en su casa durante una operación antipandillas cerca de San Salvador. Dos años después, su padre ruega que le dejen verlo “aunque sea un minuto” para saber que está vivo.
En su modesta casa en Soyapango, una localidad a 12 km de la capital que estuvo controlada por la temida Mara Salvatrucha, Reynaldo Santos muestra a la AFP fotos de su hijo de 22 años y un fajo de documentos sobre su caso. “Aquí no me da la suficiente certeza de que pueda estar vivo”, dice este panadero de 57 años, señalando papeles donde las autoridades le informaban en marzo y octubre que su hijo tenía “gastritis”.
El joven fue apresado en diciembre de 2022 cuando soldados y policías cercaron Soyapango en la “guerra” contra las pandillas que inició ese año el presidente Nayib Bukele, quien goza de enorme popularidad y un poder estatal casi absoluto.
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Según la oenegé Socorro Jurídico Humanitario, hay unos 30.000 inocentes entre 83.000 personas detenidas, sin orden judicial y acusadas de ser miembros o cómplices de las pandillas, bajo un régimen de excepción que rige en el país desde marzo de 2022.
De visita en Costa Rica, Bukele dijo este martes que esas cifras de inocentes son “inventadas” por oenegés “de izquierda”, pero admitió: “Ya hemos liberado 8.000 personas (...) No hay ninguna policía del mundo que sea perfecta”, expresó.
Las visitas carcelarias están prohibidas, los presos incomunicados y muchas familias no saben dónde o cómo se encuentran. Santos lleva cada mes comida o ropa al penal La Esperanza, en San Salvador, sin estar seguro de que llegará a su destino.
“Vivo o muerto”
Su congoja, y la de otros cientos de parientes de detenidos, crece ante denuncias de Amnistía Internacional, Socorro Jurídico y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) sobre más de 300 muertos en prisión desde 2022. A 100 km de San Salvador, en una comunidad agrícola de Jiquilisco (sureste), pobladores cuentan a la AFP que la policía se llevó a 21 jóvenes en un año. Uno de ellos, Emilio Villalta, regresó en un ataúd.
Entre esos detenidos está Eduardo, un exsoldado treintañero. Su padre, Pablo Rivera, agricultor de 54 años, ha hecho de todo para que le dejen verlo: “Lo que quisiera saber es si mi hijo está vivo o muerto”. Bajo el nombre “prueba de vida”, varias ONG lanzaron en octubre una campaña para exigir certificados de exámenes médicos de los reclusos y visitas en las prisiones.
“Es inhumano, totalmente desesperante la situación en la que están miles de personas”, comentó a AFP Mirna Perla, exmagistrada de la Corte Suprema. A las críticas, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, responde que las autoridades actúan “responsablemente” y “velan por que no haya abusos”, al tiempo que acusa a las ONG de servir a los “criminales”.
Al hijo de Santos, obrero de maquila y sin antecedentes penales, lo acusaron, como a la mayoría, de integrar “agrupaciones ilícitas”. Un policía dijo que el videojuego que tenía era “juego de mareros”, cuenta el padre. “Creí que (el régimen de excepción) era para pandilleros, no para inocentes”, expresó Santos, quien tiene colgado en una pared el retrato de su hijo, de chaqueta y corbata, en su graduación en 2019.
Cartas de “libertad”
Entre gallinas, en su casa en Jiquilisco, Jesús Alvarado, una mujer de 52 años que lava ropa ajena, relata que su hijo José, un conductor de tractores de 27 años, sigue preso pese a tener dos órdenes judiciales de “inmediata libertad” emitidas en 2022 y 2023. Para esta madre de seis hijos fue “muy duro”, dice entre sollozos, saber que lo llevaron al CECOT, una megacárcel donde están recluidos quienes las autoridades consideran pandilleros de mayor peligrosidad.
“No sé por qué no me lo han entregado. Le pido al presidente que me deje ver a mi hijo... o una llamada. Son tres años ya que no lo veo”, lamentó. La abogada Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico, dijo a la AFP tener informes de “cientos que ya tienen órdenes de libertad”, pero las autoridades penitenciarias no las acatan.
En un hecho insólito, un tribunal llegó a dictar 24 “cartas de libertad” a favor del joven empresario Melvin Ortiz, pero fue excarcelado apenas en octubre, luego de que esa ONG denunció el caso en instancias de la ONU. Santos no aspira aún a tanto. Solo pide “un minuto” con su hijo para decirle que está dando “la lucha” por él.
Fuente: AFP
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Cierra inscripción de festival teatral sobre derechos humanos
Hasta este viernes 1 de noviembre, a las 23:59, se encuentra disponible la convocatoria a postular obras de teatro estrenadas en el 2024 e inéditas para estrenar en la programación de la segunda edición del Festival Teatro x Derechos Humanos. Las obras deberán estar vinculadas en sus argumentos a los Derechos Humanos; los resultados se anunciarán el 9 de noviembre, para la muestra prevista del 4 al 10 de diciembre.
“El Festival Teatro x Derechos Humanos es un llamado a la acción, a la reflexión y a la transformación. A través del arte, buscamos construir una sociedad más inclusiva, libre de violencia y discriminación, donde los derechos humanos sean respetados y celebrados por toda la comunidad paraguaya”, expresaron los organizadores en un comunicado de prensa.
La primera edición del Festival Teatro por Derechos Humanos, en su convocatoria del 2023 se mantuvo 13 días, del 28 de noviembre al 10 de diciembre con obras de Paraguay y Argentina, entre ellas, del grupo Javorai Teatro, coorganizador con Kamanga PRO, en la sala Federico García Lorca de la Manzana de la Rivera, en Asunción, con acceso libre y gratuito a todas las funciones.
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Criterios de selección:
Se seleccionarán obras inéditas por artistas emergentes: hasta tres obras teatrales paraguayas inéditas de diferentes proponentes. Duración máxima: 30 minutos. Deben estar preparados para espacios alternativos y/o teatro callejero. El texto dramatúrgico debe ser inédito. La obra teatral debe estrenarse en el festival. El elenco debe estar conformado por artistas emergentes de entre 1 y 5 años de carrera profesional.
Obras estrenadas en 2024 por artistas profesionales: hasta cuatro obras teatrales paraguayas estrenadas en 2024, de diferentes proponentes. Duración máxima: 60 minutos. Los miembros del elenco deben tener una trayectoria profesional de más 5 años.
Los participantes tienen total libertad creativa en cuanto a: género de la obra, título, creación de personajes, conceptualización de la puesta en escena. La selección de las propuestas: será realizada por un jurado experto en teatro y defensa de los derechos humanos designado por la organización del festival.
Un miembro del elenco deberá actuar como el representante de la obra. Esta persona será la responsable de postular la obra y de mantener contacto con la organización. Deberá rellenar el formulario y anexar los documentos pertinentes para su postulación. Estar en conocimiento y aceptar las bases y condiciones del concurso.
Criterios de descalificación
Durante la postulación y elección serán motivo de descalificación las siguientes circunstancias: cuando el proyecto seleccionado sea sustancialmente modificado en cuanto a su dramaturgia original enviada al correo oficial del Festival festivalddhh@gmail.com. Cuando no se respeten los derechos de propiedad intelectual en cualquier material que componga la obra. Cuando no se respeten los plazos de ejecución establecidos dentro del Festival.
Cuando no se consigne en la impresión, publicidad y difusión de la obra los logos de la organización del festival. Cuando la propuesta sea presentada fuera del plazo establecido dentro de la convocatoria. Cuando no remitan todos los documentos adjuntos solicitados en el formulario de postulación al festival.
Compromisos de la producción
El Festival se llevará del 4 al 10 del mes de diciembre del 2024. La fecha de presentación de cada obra será comunicada por la organización al representante de cada elenco. Esta fecha no se podrá modificar. Tanto el montaje como la realización de la obra será en un solo día. El día que corresponda dentro del calendario a la fecha de función.
La organización proveerá equipos de sonido, planta básica de luces y lugar físico para la realización de las obras. La utilería, escenografía, vestuario, músicas o materiales audiovisuales y otros elementos que no estén contenidos en el detalle de lo que “la producción” ofrece, quedan a cargo de cada elenco en su construcción y montaje. El festival no cubre alimentación, alojamiento o transporte de personales o escenografías ni utilerías de la obra teatral.
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Compensaciones y aspectos legales
Las entradas para las obras serán libres y gratuitas todos los días del en todas las funciones oficiales del Festival. El Festival cubrirá el pago del caché artístico por la representación de la obra. El festival cubrirá el pago de los alquileres para una planta de luces básica, un equipo de sonido y alquiler de sala.
La gestión de los derechos de autor de la obra y de los materiales contenidos en ella es exclusiva responsabilidad de cada postulante que deberá adjuntar en el caso de que no sea propia con una carta de autorización por parte del autor/autora. La comunicación oficial en el material de difusión exportado contendrá el logotipo del Festival y de la Productora Kamanga Pro, con los respectivos financiadores de la actividad que deberán ser compartidos desde los medios oficiales del Festival por las obras electas.
Los artistas se comprometen a apoyar la promoción del Festival en coordinación con la productora Kamanga Pro, utilizando únicamente el material digital proveído por la producción. La organización se reserva el derecho de utilizar las imágenes de las obras para promoción y difusión del evento, así como la imagen de los actores y sinopsis proveída por los autores.
Los representantes de las obras seleccionadas serán notificados por correo electrónico y dispondrán de cinco días hábiles para confirmar su participación. Si no tuviera lugar dentro del plazo esta comunicación será descartada la propuesta. La musicalización de la obra deberá ser original, teniendo en cuenta que la organización del festival no cuenta con recursos para el pago a APA o SGP. La participación en el concurso implica la aceptación de todas las bases y condiciones establecidas.
Para consultas y más información los interesados pueden contactar al: 0972 664-447 o al correo festivalteatroddhh@gmail.com. En Instagram @festivalderechoshumanos. Postula en https://forms.gle/1hg9C3tD6wcXYw5FA. Consulta las bases y condiciones en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1ZTZWRiTGHk1GyCKSNqdrhAWmN3LXCo61/view?usp=sharing.
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Nayib Bukele habilita mercado de abasto para contrarrestar aumento de precios
Un mercado de abasto de alimentos fue habilitado ayer miércoles por el presidente Nayib Bukele para tratar de contener las alzas en los precios en El Salvador.
La flamante Central de Abastos “sale al paso del alza inmoderada de precios, porque rompe con la distorsión y especulación en el mercado mayorista de productos alimenticios”, declaró el titular de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar.
El mercado de frutas, verduras y otros productos fue instalado en el distrito de Soyapango, en la periferia de San Salvador, y se suma a 50 pequeños agromercados que operan desde julio para contener las alzas inéditas en los precios en este país con economía dolarizada, que importa muchos alimentos de países vecinos.
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Tras apaciguar El Salvador con una “guerra” contra las pandillas criminales, Bukele prometió mejorar la economía al iniciar su segundo mandato de cinco años el 1 de junio, pero los aumentos de precios han generado inquietud entre la población.
El viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez, declaró con el nuevo mercado se beneficiarán “pequeños comercios” con insumos a “buen precio”. “La Central de Abastos conectará directamente a productores e importadores con los comerciantes permitiendo que los salvadoreños accedan a alimentos de mejor calidad y a mejor precio”, afirmó Bukele en la red social X.
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Fuente: AFP
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Red interinstitucional establece prioridades para vigencia de derechos humanos
En una reunión de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, realizada este martes, se establecieron los objetivos, prioridades, y cronograma de trabajo para la protección, promoción y vigencia de los derechos humanos en Paraguay, informaron desde el Ministerio de Justicia.
Destacan que el proyecto tiene la colaboración de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU), y según las autoridades de esta cartera de Estado, estiman que el nuevo plan estará listo antes de fin de año.
Indicaron que en proyección al 2028, representantes de las instituciones que componen esta Red de DDHH obtuvieron los detalles de los avances de la formulación del IV Plan de Acción de la Red.
Al respecto, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, destacó el trabajo conjunto de todas las instituciones que componen la Red, al tiempo de agradecer la colaboración internacional mediante las Naciones Unidas.
“Nuestro compromiso es claro, seguir trabajando de manera conjunta con dedicación y responsabilidad, para avanzar en la implementación de políticas públicas que garanticen la protección de los derechos humanos, de acuerdo con nuestras obligaciones internacionales y la realidad de nuestro país. Creemos firmemente que el IV Plan de Acción marcará un nuevo hito en esta labor, consolidando los avances realizados y abriendo nuevas oportunidades de crecimiento”, expresó Nicora.
Objetivos del Plan de Acción
Mencionó que el objetivo general es desarrollar acciones que favorezcan mejorar los mecanismos de defensa, protección y promoción de los derechos humanos a través de la articulación y coordinación de las políticas, planes y programas de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), que integran la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo.
En ese sentido, precisaron que se proyecta conformar mesas temáticas, que estudien caso por caso las situaciones que se presenten en materia de DDHH, con especial prioridad para aquellas circunstancias que surjan desde grupos en situación de vulnerabilidad.
Autoridades del Ministerio de Justicia, estiman que antes de fin de año se tendrá lista la redacción final del plan, que extendería su vigencia hasta el año 2028, con rigurosas exigencias en el cumplimiento de los preceptos en cuanto a DDHH.
Acompañaron al ministro Nicora, el viceministro de Justicia, Rafael Caballero; la directora General de DDHH de la Vicepresidencia de la República y coordinadora de la Comisión Interinstitucional para el cumplimiento de las Sentencias internacionales, María Peralta; el asesor de la Oficina del Alto Comisionado de las NNUU para los DDHH, José Galeano; la consultora de las NNUU, Nora Lezcano; el director general de Derechos Humanos, Rafael Escobar; la directora de Políticas Públicas en DDHH, Araceli Vargas; y funcionarios de las instituciones involucradas.
Con esta reunión, se dio un paso importante hacia la aprobación final del IV Plan de Acción de la Red de Derechos Humanos, que marcará un nuevo hito en la gestión pública en materia de derechos humanos en Paraguay. El plan será un referente en la región y abrirá nuevas oportunidades para la protección y promoción de los derechos fundamentales en el país.