El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, manifestó que en el marco del proceso del nuevo modelo de gestión penitenciaria impulsado por el gobierno de Santiago Peña continua en marcha el plan para convertir la cárcel de Tacumbú en un Centro Nacional de Prevenidos. Agregó que este proceso será fundamental para aplicar los programas de reinserción social.

“Toda la parte frontal de la penitenciaría donde antes se tenían las habitaciones vip, los casinos y un galpón grande con un montón de gente acostada en el piso será rencausada. Estamos apuntando que en la cárcel de Tacumbú ya no se tenga mezclado a los reclusos procesados y condenados, solo tendremos a las personas procesadas”, indicó al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La intención ya había sido anunciada por Nicora en mayo pasado luego del exitoso operativo militar y policial denominado Veneratio, desarrollado el 18 de diciembre del 2023, que hizo frente a uno de los grupos criminales con mayor influencia en los penales, el clan Rotela.

Sin embargo, el ministro reiteró en la fecha que sigue firme la intención de concretar el ambicioso plan. “De esta forma Tacumbú solamente será para las personas procesadas de alto tránsito que tengan que ir al Poder Judicial para la revisión de sus audiencias, juicios orales, entrevistas con psicólogos, siquiatras. En la etapa del proceso abierto hay mucho más movimiento judicial justamente por las audiencias y las etapas previas a una sentencia”, explicó.

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El secretario de Estado argumentó que de concretarse la iniciativa no solo el Estado paraguayo optimizará recursos humanos y logística, sino que se dará cumplimiento “al gran precepto internacional en clasificar a las personas privadas de libertad en condenadas y procesadas”.

Por otra parte, Nicora sostuvo que el saneamiento que se encuentra impulsando su cartera en las diferentes cárceles del país es el éxito de una gran coordinación de las fuerzas públicas, esto en referencia al inicio del proceso de clasificación de los condenados de acuerdo a sus perfiles.

Ayer martes el Ministerio de Justicia impulsó un operativo de traslado de reos de alta peligrosidad que anteriormente se encontraban alojados en las penitenciarías de Ciudad de Este, Encarnación y Pedro Juan Caballero hasta el penal de máxima seguridad de Minga Guazú.

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El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, confirmó que ha iniciado un proceso para separar a las personas privadas de libertad que no cuentan con condena, de aquellos que aún están con procesos abiertos. Esto con el objetivo de que los programas de reinserción sean más efectivos y que el penal de Tacumbú deje de ser una “escuela del delito”.

“Es una deuda histórica que tiene la administración del Ministerio de Justicia con el sistema penitenciario que nos va a permitir tener mayor efectividad a la hora de aplicar estos programas. Ese es el problema que históricamente ha desencadenado otros problemas mayores”, expuso el titular de cartera ante la 650 AM.

Nicora indicó que el impacto social que ha generado que una persona que comete un hecho punible por primera vez e ingresa a un sistema en el que todos los reclusos están integrados, convirtieron a Tacumbú en un lugar donde las personas aprenden a delinquir, lo que origina un agravante al problema social antes que una solución.

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“Cuando hablamos de perfiles de personas que están mezcladas, tanto procesadas como condenadas y de diferentes hechos punibles, estos programas de reinserción no van a ser efectivos como sí lo son cuando ya están orientados a la clasificación y separación de estas personas”, añadió. Asimismo, indicó que este trabajo se viene planificando desde hace meses.

El jefe de cartera manifestó que no ha sido una tarea fácil porque Tacumbú siempre tuvo un hacinamiento importante, contando con unas 4.000 personas privadas de libertad. A partir de Veneratio, el operativo desarrollado en diciembre del 2023, se ha podido reducir considerablemente esta cifra y actualmente el penal alberga a 1.970 reclusos, de los cuales 1.114 están procesados y 856 tienen condena.

“Mirando los planos del centro penitenciario y buscando una reingeniería de lo que es hoy día Tacumbú, logramos consensuar con los arquitectos y con el equipo de obras del Ministerio de Justicia, la posibilidad de que los pabellones que se encuentran en la última parte del centro penitenciario, que son pabellones nuevos y donde antes estaban alojadas organizaciones criminales, puedan ser utilizados exclusivamente por personas con condena”, detalló.

De esta forma, se hizo una división de esa sección de la penitenciaría que cuenta incluso con un nuevo acceso. Por otro lugar, la parte de adelante alberga a los procesados, convirtiéndose en un “Centro Nacional de Prevenidos”, donde ratificó Nicora que únicamente pueden estar personas con procesos abiertos.

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Por Karina Ríos (karina.rios@nacionmedia.com)

Hoy se conmemora dos décadas del secuestro de Cecilia Mariana Cubas Gusinky, hija mayor del expresidente Raúl Cubas y la exsenadora Mirta Gusinky. Cecilia era una persona alegre y con muchas ganas de vivir, cuya vida fue truncada por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Con solo 31 años, Cecilia fue tomada de rehén por el grupo criminal que tres meses después decidió acabar con su vida. Su familia aún se pregunta por qué la mataron y acompaña en el dolor a cada uno de los secuestrados en Paraguay.

El 21 de setiembre del 2004 Cecilia estaba por llegar a su casa cuando fue interceptada por el EPP, que en medio de disparos y mucha violencia la secuestró. “Hasta ahora nos preguntamos ¿por qué ella? ¿por qué le hicieron esto? ¿por qué le mataron? Son preguntas que nunca van a tener respuesta porque no hay forma de justificar lo que le hicieron”, expresó su hermana, Silvia Cubas, en entrevista con La Nación/Nación media.

Resaltó que recuerda todo como si fuese ayer y que los cuatro meses que Cecilia estuvo secuestrada fueron de esperanza, de que pudiera volver con vida de aquella terrible pesadilla.

“Nadie está preparado para atravesar una situación como la que nos tocó vivir a nosotros y les toca vivir a otras familias acá, en Paraguay, pero llega un momento en el que te das cuenta de que lo que te mantiene en pie durante un secuestro es la esperanza de que tu familiar, en este caso mi hermana, sea liberado y pueda volver sano y salvo”, subrayó Silvia.

La familia Cubas Gusinky quedó destrozada tras la terrible noticia de que su querida hija Cecilia fue hallada muerta en una casa de la ciudad de Ñemby, pero entregarse al dolor no era una opción por lo que se propusieron a buscar justicia. Durante estos 20 años hubo logros importantes, fueron condenadas varias personas, pero aún hay prófugos.

“Cuando esa esperanza se termina, lo único que uno piensa es ¿qué vamos a hacer ahora? En nuestro caso, como familia, decidimos que no íbamos a entregarnos al dolor que nos produjo lo que le hicieron a Ceci. Sobre todo mi mamá, Mirta Gusinky, que dedicó su vida a pelear por una justicia verdadera para mi hermana”, relató.

Silvia profundizó que aprendió a convivir con lo que vivieron como familia, “uno no se olvida, no es que pasa, es una marca, una herida que uno lleva de por vida” y para la que nadie está preparado, “que le pongan precio a la vida de un familiar y que decidan matarlo porque no cumpliste con las expectativas o simplemente porque era el plan que tenían diseñado”, lamentó.

Cecilia Cubas es la primera víctima fatal de secuestro del EPP, su trágico desenlace conmocionó a la sociedad y marcó la historia del país.

“Fue la primera víctima mortal del EPP y es impresionante cómo el país sufrió con lo que le pasó. Creo que, a través de nuestras palabras, es como que toda la gente la pudo conocer y hasta quererle. Entonces, es como que esto fue un golpe realmente para todos los paraguayos, no solo para la familia y los amigos de Cecilia”, indicó Silvia a LN.

Recordó a su hermana mayor como una persona alegre, auténtica, cariñosa, generosa y muy inocente, que nunca veía malicia en las demás personas. Explicó que Cecilia pensaba que todas las personas eran como ella, buenas, jamás hubiera imaginado que unos criminales iban a acabar con su vida.

“Era una luz, brillaba siempre y no necesitaba decir ni hacer nada, transmitía muchísima alegría donde quiera que vaya. Era una persona súper sensible y las situaciones dolorosas le afectaban muchísimo. Era mi hermana mayor, pero a la vez era como la más chica de la casa, siempre la cuidamos y protegimos más, porque no veía malicia en nadie”, afirmó.

Tras el fatal desenlace, el Ministerio Público inició las investigaciones logrando condenar a 11 personas por el secuestro y muerte de Cecilia. Entre ellos Osmar Martínez, Anastasio Mieres Burgos, Francisca Andino, Vaciano Acosta, Pedro Chamorro, José Domingo Hidalgo, Manuel Portillo, Roberto Otazú, Rosalba Jara Drackeford, Lidia Samudio y Aldo Meza.

“En el caso de Cecilia todos los detenidos ya fueron juzgados y están cumpliendo su pena o siguen siendo juzgados. Podemos decir que la Justicia hizo su parte, pero nos queda mucho por delante y aún quedan muchos prófugos. Nuestra batalla está lejos de terminar, pero claramente tengo que decir que nos gustaría que el EPP desapareciese”, acotó Silvia.

En la familia no pierden la esperanza y creen que hay instituciones que se están formando correctamente y que están trabajando bien. “En algún momento va a dar resultado visible todo el trabajo que se está haciendo. Hay que tener en cuenta también que muchas veces para que se llegue a algo con un grupo como el EPP hay mucho trabajo por detrás y no es un simple golpe de suerte para que sucedan las cosas”, manifestó.

Silvia pidió justicia para las familias de los que están secuestrados, con quienes mantienen un contacto muy estrecho, porque es una situación que no se puede dejar pasar. “No tenemos que olvidar que hay todavía personas desaparecidas, cuyas familias aún siguen esperando noticias de ellos, esto no toca mucho. Tenemos que unirnos para luchar de manera correcta no solo por un futuro, sino por un presente mejor para cada uno de los compatriotas”, apuntó.

Instó a la población a luchar contra este grupo criminal, a no apañar estos crímenes. “Acá la lucha debería ser siempre de los buenos contra los malos. Todo lo que ellos predican de que han luchado por los más necesitados son mentiras, porque han secuestrado y asesinado a miembros de la sociedad paraguaya sin distinción de ningún tipo”, concluyó.

• El cuerpo sin vida de la joven fue hallado 5 meses después, en febrero de 2005, en una fosa cavada en una vivienda ubicada en Ñemby.
• Su familia pagó 300.000 dólares por su liberación, a mediados de noviembre de 2004.
• Osmar Martínez y Anastasio Mieres Burgos fueron condenados a 25 años de prisión y 10 años de seguridad por el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas; luego de afirmarse que cometieron los delitos de homicidio doloso, privación de libertad, secuestro, extorsión, extorsión agravada y asociación criminal.

A través de su abogado Carlos Attias, el joven rugbista Matías Benicelli, segundo de los condenados a perpetua por el caso del crimen del joven Fernando Báez Sosa, hijo de paraguayos residentes en Buenos Aires, brindó su descargo con una declaración escrita. Esto se dio días después de que Máximo Thomsen rompiera el silencio y tratara de despegarse del crimen atroz que cometieron en grupo.

De acuerdo a publicaciones de Clarín, Matías Benicelli aseguró en su declaración escrita que no fue parte del “pelotón de fusilamiento que a patadas segó la vida de Fernando” a la salida del boliche Le Brique de Villa Gesell y señaló que Thomsen lideraba al grupo que “salía a buscar peleas” para “jactarse de supuestas hazañas”, posteriormente.

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“Nunca fui parte de un pelotón de fusilamiento que a patadas segó la vida de Fernando”, afirmó Benicelli, a través de una declaración que el periodista Diego Estévez (A24) dio a conocer este martes, una semana después de que Thomsen lo nombrara en la entrevista televisiva en la que trató de despegarse del crimen de Báez Sosa, según publica el diario digital del vecino país.

Describen además que, en alusión a Thomsen, que durante todo el juicio fue apuntado como líder del grupo: “Ni fui uno de los que salían a buscar peleas por Zárate con otros grupos para jactarme de esas supuestas hazañas”.

La publicación recuerda que en esa aparición pública, Thomsen había señalado a algunos de sus compañeros, con nombre y apellido, como protagonistas de la golpiza en la que Fernando perdió la vida en Villa Gesell. También había intentado sacudirse la caracterización como líder del grupo. Mencionó a Benicelli como quien habría recibido -según su relato- una trompada de Báez Sosa y a Blas Cinalli como quien se tiró encima de Báez Sosa. También nombró a Ciro Pertossi y a Enzo Comelli.

“Yo sé que no maté a Fernando, pero pido perdón de todo corazón en nombre de todos los que causaron su trágica desaparición”, añadió Benicelli.

Recuerdan además que Benicelli y Thomsen son dos de los cinco rugbiers que recibieron condena a perpetua. Los otros son Ciro Pertossi, Enzo Comelli y Luciano Pertossi. Por su parte, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi fueron condenados como partícipes secundarios y recibieron una pena de 15 años de cárcel.

En uno de los párrafos del escrito divulgado por los abogados, Benicelli pidió la “misericordia de Dios” para que “les devuelva la paz” e “imparta Justicia”. De esta forma solicitó que “la muerte de Fernando sea recordada como la de un mártir, que ofrendó todo cuanto tenía, su vida”.

Cerró su texto al pedir que este caso sirva para erradicar la violencia de todos los lugares. Para que la violencia sea erradicada para siempre de todos los lugares “donde se reúnen los jóvenes para festejar la vida y no para invocar la muerte”.

En diálogo con Clarín, el abogado Attias dijo que en rigor no se trató de una carta escrita por Matías. Reconoció, sin embargo, que es una serie de declaraciones del rugbier que reconstruyó el propio letrado y que le envió al periodista.

Además, le bajó el tono al cruce con Thomsen. “Desde el lugar en donde estaba Matías, es decir, en la parte trasera del Volkswagen Vento que estaba estacionado sobre la vereda, a unos cinco metros de donde Fernando Báez Sosa era asesinado, en la calle, en la parte delantera de ese auto, mal podía ver Matías quiénes eran los que lo pateaban”, sostuvo Attias.

Ante el trascendido de que el escrito formaba parte de una presentación judicial, el abogado explicó que -hasta el momento- la única carta oficial firmada por Benicelli fue la que dirigió a los jueces de Casación para cambiar de abogado, “ya hace un mes y medio, dos meses atrás” .

La publicación señala que Benicelli, Thomsen y el resto de los rugbiers afrontaron el juicio con el mismo abogado: Hugo Tomei. Pero fueron ellos dos quienes se quejaron de la “defensa ineficaz” de aquel letrado y decidieron cambiar a sus defensas. Ahora son asesorados por Attias y Francisco Oneto, respectivamente, que buscan morigerar sus condenas.

Señalan que durante el juicio, el fiscal Juan Manuel Dávila consideró que Benicelli “tuvo el codominio del hecho”, ya que contó con “la posibilidad de emprender, proseguir o detener el curso causal del delito”.

Señalan que una de las pruebas claves para condenarlo fue “el hallazgo de sangre en la que se detectó el perfil genético de la víctima en todas las prendas que vestía el encausado aquella noche, lo que demuestra inequívocamente el contacto directo con el cuerpo de Fernando Báez Sosa y que fue uno de los cinco que formó parte de los actos del ataque mortal”.

Finalmente menciona que Benicelli fue quien abrió la puerta a la Policía a las 10:30 del sábado 18 de enero, horas después del crimen, cuando se ordenó la detención del grupo de rugbiers de Zárate en el alojamiento donde se encontraban. Un testigo lo ubicó como “agresor directo” de Fernando y al menos otro “agrediendo también a un amigo”.

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