Santa Cruz, el departamento más rico y poblado de Bolivia, enfrenta “su mayor desastre ambiental” por los incendios forestales que este año han devorado 7,2 millones de hectáreas, según el reporte más reciente difundido este viernes por autoridades. La cifra estimada por la gobernación de Santa Cruz equivaldría a la superficie de Panamá, y supera las 5,7 millones de hectáreas reportadas en 2019 en toda Bolivia por la autoridad estatal de control de bosques y tierras (ATB).
“Hasta el momento es el mayor desastre ambiental que tiene el departamento de Santa Cruz, porque el 2019 fueron 4,2 millones (de hectáreas pérdidas)”, dijo a la AFP Jhonny Rojas, coordinador del comité de operaciones de emergencia de esa jurisdicción. Los datos fueron recopilados a partir de imágenes satelitales. Hasta este viernes había 45 incendios activos en 17 de los 56 municipios cruceños, añadió Rojas.
La parte más afectada ha sido la Chiquitanía, una extensa llanura de bosque seco en el norte y este de Santa Cruz. Las llamas han destruido bosques en cuatro áreas protegidas transfronterizas con Brasil, confirmó Rojas. “Tenemos una sequía extrema, baja precipitación, una biomasa acumulada de muchos años, no ha llovido y el cambio climático ha golpeado a (...) Santa Cruz más que a otros departamentos”, agregó.
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El gobierno central no ha publicado datos actualizados desde el 9 de septiembre, cuando reportó 3,8 millones de hectáreas destruidas en todo el territorio boliviano, la gran parte en Santa Cruz. Ante la magnitud de la emergencia, Bolivia ha desplegado 4.100 bomberos forestales, apoyados por brigadas militares y 10 aeronaves, la mayoría en ese departamento, que concentra el 27 % de los 11,3 millones de bolivianos.
Una ola de incendios forestales azota Suramérica, con Ecuador en emergencia por una veintena de focos desatados en la capital en medio de la peor sequía en seis décadas. Según el Observatorio Regional Amazónico, en los últimos cinco años, el fuego ha destruido cerca de medio millón de hectáreas de la Amazonía, en particular Brasil y Bolivia.
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Fuente: AFP.
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Corte rechaza enjuiciar a expresidenta boliviana por “golpe” contra Evo
Un tribunal de La Paz rechazó ayer jueves enjuiciar a la expresidenta boliviana Jeanine Áñez por presuntamente haber planificado un “golpe de Estado” contra Evo Morales en 2019. En el primer día de juicio, la corte tomó la decisión de apartar a la exmandataria del proceso, según su abogado Luis Guillén.
Sin embargo, Áñez seguirá cumpliendo una condena de 10 años por hechos relacionados con la violenta crisis de 2019, cuando Morales fue forzado a renunciar tras ser acusado por la oposición de haber cometido un fraude en los comicios de ese año. “No se ha restituido la libertad” de la expresidenta, “por lo tanto no la podemos considerar una victoria, sino que lo consideramos como un respeto (...) a la prohibición de un doble procesamiento”, agregó el abogado.
En 2022, la justicia ya había condenado a la exgobernante de 57 años por asumir la presidencia de manera inconstitucional en reemplazo de Evo Morales. Esta vez, la fiscalía pretendía que recibiera una condena de hasta 20 años por “terrorismo, asociación delictuosa y uso indebido de influencias”. Su actuación configuró “la ruptura del orden constitucional y la salida prematura del gobierno” de Morales, alegó el ministerio público.
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Más procesos
En noviembre de 2019, Áñez, senadora de la oposición, asumió la presidencia de Bolivia dos días después de que Morales y su entonces vicepresidente, Álvaro García, renunciaran en medio de la convulsión social. Morales comenzó a gobernar en 2006. Fue reelegido en 2009, 2014 y 2019, cuando buscó un cuarto mandato hasta 2025.
“Hemos ganado una batalla, pero no la guerra y vamos a seguir luchando por la libertad de mi madre”, dijo su hija Carolina Ribera, quien estuvo en la instalación de la audiencia a la que no tuvo acceso la prensa. Áñez todavía enfrenta ocho investigaciones por hechos relacionados con la crisis de 2019 y por presuntos casos de corrupción durante su mandato de un año.
“No fue golpe, sí fue fraude”, clamó temprano Áñez cuando era trasladada con esposas y chaleco antibalas desde una cárcel de La Paz hasta la corte donde se abrió el juicio conocido como “Golpe de Estado I”. Junto con ella fueron presentados ante el tribunal el exgobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y seis personas más, incluidos exministros, exmandos militares y policiales y un líder social. Los otros acusados continuarán respondiendo en el juicio, dijeron sus abogados.
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“Fantasioso”
Anticipándose a la decisión de la corte, Áñez había calificado el segundo juicio como “ilegal”, además de “fantasioso”. Ahora su defensa se centrará en el proceso por matanza de civiles en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), con saldo de 20 muertos, en la represión militar que siguió al cambio de gobierno. El juicio contra Áñez recibió desde el inicio el apoyo decidido del gobierno del presidente Luis Arce y Morales.
Sin embargo, la agria disputa entre ambos por la candidatura presidencial del oficialismo en las elecciones de 2025 podría incidir en el curso judicial. Un juzgado de El Alto ordenó a Morales declarar como testigo por una supuesta manipulación política del proceso contra Áñez. El exmandatario permanece resguardado en la región cocalera del Chapare, donde tiene su base política, ante la posibilidad de que la fiscalía ordene su arresto. Morales es investigado por estupro, trata y tráfico de personas, a raíz del supuesto abuso de una menor de 15 años con quien, según la fiscalía, tuvo una hija en 2016.
El líder indígena, que rechaza el proceso como “una mentira más”, acusa a Arce de orquestar su posible detención. Gustavo Flores-Macías, investigador de la universidad de Cornell en Estados Unidos, dijo a la AFP que la justicia boliviana está presa en los vaivenes políticos. El sistema de justicia se encuentra ahora “con un mayor nivel de manipulación política” comparado con otros de la región, remarcó.
Fuente: AFP.
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Incendio en Chovoreca: imputan a dueño de estancia
El Ministerio Público imputó este miércoles al propietario de la estancia donde se habría iniciado el incendio forestal en la zona de la reserva Chovoreca, en el Chaco. Es así que Hugo Miguel Zelada será procesado por violación de la Ley 716 que sanciona delitos contra el medioambiente y se expone a una pena carcelaria de entre tres a ocho años o su equivalente en multas, que oscila entre los 5.000 y 20.000 jornales mínimos legales.
“Fue imputado el dueño de la propiedad donde se iniciaron los primeros focos de calor, según el mapeo satelital”, confirmó el fiscal Nelson Colmán en contacto con la 1020 AM.
No descartó más imputaciones en la causa que investiga los hechos y se prevén aún varios procedimientos judiciales. “La Fiscalía, desde el inicio de la denuncia, vino ya realizando varias diligencias investigativas todos de carácter técnico. Así también, siguen las diligencias investigativas, tenemos todavía varias que practicar”, señaló.
El agente especializado en delitos ambientales de Alto Paraguay aclaró que las pericias permitieron obtener indicios fehacientes de la “comisión y la posible responsabilidad de este señor en el fuego ocurrido en la zona de Bahía Negra”.
Con respecto a la figura penal violentada, el doctor Colmán refirió que preliminarmente la conducta del acusado fue calificada dentro de lo que establece el artículo cuarto de la Ley 716, que alude a la quema intencional de bosques.
“La expectativa punitiva es de tres a ocho años de pena privativa de libertad y la multa. Una multa que va de cinco mil a veinte mil jornales en el caso de ser comprobada la autoría”, significó.
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Se prevén más diligencias
El funcionario de la Fiscalía ratificó que se prevén más diligencias investigativas, aunque alegó que prefiere “mantenerlas en privado” porque ya hay una persona imputada y se debe evitar cualquier tipo de nulidad. “Son varias diligencias, todas de carácter técnico. Es lo que puedo decir. Tenemos todavía pendientes varias, pero especificar qué voy a hacer, no. Prefiero mantenerlo en secreto”, añadió.
Recordó que el dueño del inmueble investigado ya había comparecido a prestar declaración la semana pasada, tras lo cual se dio la imputación. Dijo que también se presentó el señor Sebastián Jara, otro estanciero investigado.
“Ambos declararon, estuvieron acompañados de su abogado defensor. Y en el momento de su declaración también ellos presentaron el título de propiedad, donde se comprueba que efectivamente el señor Hugo Miguel es propietario de la finca que, según el mapeo satelital, es donde se iniciaron los primeros focos de calor”, finalizó.
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Intensifican bloqueos en Bolivia para evitar probable arresto de Evo Morales
Campesinos seguidores del expresidente Evo Morales intensificaron este martes los bloqueos de carreteras de Bolivia para evitar el probable arresto de su líder, investigado por el presunto abuso de una menor durante su mandato en 2015. Con piedras, desmonte y tierra, los manifestantes cortaron el tráfico en las vías que conectan Cochabamba, en el centro del país, con las ciudades de La Paz, Sucre (sur) y Santa Cruz (este), según la estatal Autoridad Boliviana de Carreteras (ABC).
La ABC reportó el martes dos nuevas rutas bloqueadas, que se suman a las tres del lunes. En Parotani, un poblado que conecta Cochabamba con La Paz, se registraron por segundo día choques entre civiles afines a Morales y la Policía, sin reportarse heridos. Los civiles usaron piedras, petardos e hicieron fogatas y la policía respondió con gases lacrimógenos, según imágenes de la televisora Unitel.
Las protestas para proteger a Morales se iniciaron el lunes, jornada que se saldó con al menos seis detenidos. Al frente de los bloqueos está el Pacto de Unidad, una junta de organizaciones afines al exmandatario de 64 años, que se moviliza “para resguardar la libertad, integridad y (evitar) el secuestro” de Morales, según anunció en un manifiesto. El gobierno llamó a Morales a dialogar el lunes, pero sin éxito.
Morales, el primer indígena que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, está siendo investigado por los delitos penales de “estupro, trata y tráfico de personas”. El jueves incumplió una citación de la fiscalía del departamento Tarija para declarar, con lo que la autoridad podría ordenar su aprehensión. Convertido en opositor del gobierno de su exministro Luis Arce, el expresidente tilda el caso como una “mentira más” que ya investigó y archivó la justicia en 2020.
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Cambia la cúpula policial
El presidente de Bolivia, Luis Arce, cambió este lunes a la cúpula policial en medio de la tensión política por las marchas y bloqueos que seguidores del exmandatario Evo Morales llevan a cabo para evitar su eventual captura. Arce posesionó al general Augusto Russo como comandante general de la policía, y a Guillermo Chacón como subcomandante. También fueron anunciados los nuevos jefes de los nueve departamentos del país.
Durante el evento, el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, enfatizó que la policía “tiene la misión constitucional” de “defender al pueblo de toda amenaza que pueda atentar contra su integridad”. El alto mando debía haber juramentado a comienzos de año, pero las pugnas en el Congreso entre los aliados de Arce y de Morales retrasaron los ascensos a generales. Ambos políticos libran una feroz disputa por la candidatura presidencial del oficialismo para las elecciones de 2025. La tensión ha ido escalando.
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Morales, que a mediados de septiembre lideró una masiva protesta contra el gobierno de su exministro, se enfrenta una probable orden de aprehensión por parte de la fiscalía, que lo investiga por el supuesto abuso de una menor con quien habría tenido una hija en 2016. Si el ministerio público finalmente ordena la detención de Morales, es la policía la que debe cumplir la medida.
Este lunes decenas de simpatizantes de Morales bloquearon importantes vías en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba -donde el expresidente pasa la mayor parte del tiempo- para “resguardar la libertad, integridad y (evitar) el secuestro” de su líder, según un manifiesto público. Los campesinos advirtieron que bloquearán toda Bolivia en el marco de su protesta indefinida.
Fuente: AFP.
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Lluvias en Bolivia hacen que las primeras aguas del Pilcomayo lleguen a territorio paraguayo
Después de varios meses de sequía, finalmente las precipitaciones comienzan a manifestarse con mayor intensidad en este mes de octubre. Y no solo en nuestro país, sino que también más al noroeste de Paraguay. Y es que, según informa del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el pasado sábado 12 de octubre, las aguas del río Pilcomayo comenzaron a ingresar a territorio nacional, producto de las últimas lluvias registradas en la cuenca alta, Bolivia.
Esta noticia fue transmitida por el director de la Comisión Nacional de Regulación y Aprovechamiento Múltiple de la Cuenca del Río Pilcomayo (CNRP), Darío Medina.
“A partir de la noche del sábado, abrimos el muro que teníamos en la embocadura para permitir el ingreso del repunte proveniente de Bolivia”, explicó Medina. Aunque señaló que el caudal actual no es de gran magnitud, destacó su importancia para evaluar los trabajos realizados en los últimos meses. “Es crucial para verificar las tareas de limpieza, profundización y ampliación del canal en la toma de agua que reparte el caudal entre la República Argentina y Paraguay”, afirmó el director.
Obras casi listas
El MOPC recordó que la Comisión Nacional de Regulación y Aprovechamiento Múltiple de la Cuenca del Río Pilcomayo realizó importantes obras de acondicionamiento en varios tramos del río dentro del territorio paraguayo. “Se completaron los trabajos desde la embocadura hasta los puentes de General Díaz, con muy poco restante por ejecutar en los tres lotes de obra planificados”, informó Medina.
También indicaron que el ingreso temprano de las aguas es una noticia alentadora, aunque se necesitarán más precipitaciones para mantener un caudal permanente. “Esperamos que continúen las lluvias tanto en las cuencas altas de Bolivia como en territorio nacional, de forma a paliar algo la sequía que afecta a las comunidades de la cuenca del río Pilcomayo”, expresó el titular de la CNRP.
“Paralelamente, se está trabajando en la reparación de caminos en la zona de La Pava y Pelícano para facilitar el acceso y la comunicación en la región. La comisión mantiene un contacto permanente con las poblaciones locales, proporcionándoles información actualizada sobre el ingreso del agua al territorio paraguayo.