• Quito, Ecuador. AFP.

El colapso de un dique que ayudaba a contener parte de los más de 25.000 barriles de petróleo vertidos por la ruptura de un oleoducto hace casi dos semanas en el noroeste de Ecuador agravó la emergencia ambiental, donde ríos y playas del Pacífico están contaminados. El gobierno atribuyó a un sabotaje el daño en un oleoducto de propiedad estatal el 13 de marzo, que provocó el derrame de 25.116 barriles de crudo afectando tres ríos y el suministro de agua a varias poblaciones, según autoridades.

Debido a las intensas lluvias que caen desde enero en el país, el martes pasado colapsó un dique de contención en el río Caple, que se conecta con otros torrentes de la provincia costera de Esmeraldas, limítrofe con Colombia, indicó el miércoles la estatal Petroecuador en un comunicado. Agregó que siete barreras de contención fueron instaladas en el río Viche, donde maquinaria retiraba palos contaminados de crudo. También se colocó material absorbente adicional en ese afluente, así como en el Caple y Esmeraldas, que desemboca en el Pacífico.

La entidad señaló que los trabajos buscan además proteger un refugio natural de vida silvestre, con más de 250 especies como nutrias, monos aulladores, armadillos, fragatas y pelícanos. “Esto ha sido un desastre total”, dijo a la AFP Ronald Ruiz, el dirigente de los residentes del poblado de Cube, en cuya área está situado el dique. Añadió que el duro invierno “hizo que el afluente creciera, trayendo palizadas y por ende rompiera los diques que estaban conteniendo el petróleo, que estaba acumulado para su evacuación”.

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El dirigente apuntó que unas 750 familias estaban afectadas en Cube, donde la gente se dedica a la agricultura, ganadería y pesca. “Tenemos ya el río totalmente muerto por ahora, no hay actividad de pesca, no pueden regar los cultivos”, expresó Ruiz. Según el dirigente, los ganaderos debieron evacuar sus animales hacia otras zonas. “Los animales que toman agua de este afluente aparecen muertos por ahí”, dijo.

Tras el derrame, la provincia de Esmeraldas fue declarada en emergencia ambiental, durante la cual se han recolectado 30.257 barriles de crudo mezclado con agua. El colapso del dique volvió a dejar a pobladores sin agua, lo que obligó a que el miércoles se distribuyera en carrotanques, según Petroecuador. Las autoridades también reparten raciones de alimentos y kits de limpieza.

El vertido de petróleo es de los más grandes de los últimos años en el país. En 2022, unos 6.300 barriles afectaron la Amazonía ecuatoriana, donde dos años antes cerca de 16.000 contaminaron varios ríos. Ecuador explotó en 2024 unos 475.000 barriles diarios (bd) de petróleo, su principal producto de exportación. Ese año vendió un 73 % de la producción, que le generó unos 8.647 millones de dólares. El crudo es extraído en pozos de la selva amazónica y llevado por dos tuberías hasta puertos en Esmeraldas.

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Una joven recibió cuatro impactos de bala por parte de su pareja en la ciudad de Yasy Cañy, en el departamento de Canindeyú. La mujer pidió ayuda e intentó refugiarse en una estación de servicio, pero su agresor la alcanzó y atentó contra su vida. Afortunadamente, la mujer sobrevivió y se encuentra en Emergencias Médicas.

En las imágenes del circuito cerrado de la estación de servicio se puede observar cómo la víctima identificada como Clara Garcete, de 24 años, llega corriendo y pidiendo auxilio, entonces es socorrida por una de las trabajadoras del lugar hasta que su pareja, de nombre Derlis Gustavo Gómez Fernández, llega y, a punta de arma de fuego, intimida a los empleados y se dirige hacia la joven.

Segundos después, Gómez Fernández realiza el primer disparo; luego, la mujer intenta resguardarse detrás de una camioneta estacionada en el sitio y es ahí donde el hombre efectúa los otros tres disparos en contra de la joven. La misma fue derivada de urgencia al Hospital Regional de Curuguaty y posteriormente trasladada hasta Emergencias Médicas, en Asunción.

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La madre de la víctima manifestó que la pelea se habría dado por celos del hombre y que esta no sería la primera vez que agrede a su hija, la cual inclusive ya había presentado una denuncia en su contra, temiendo justamente que se dé un peor episodio de violencia.

“La pelea empezó en su casa; mi hija logró huir, pero él se fue detrás de ella, dejó solo a los niños y fue a buscar su arma. Yo pido que lo detengan porque ahora no se sabe dónde está. Él es una persona muy celosa, le controlaba todo a mi hija, especialmente su celular, el cual no dejaba que utilice”, comentó la madre de Clara Garcete en conversación con NPY.

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• Quito, Ecuador. AFP.

Ecuador entró ayer domingo en campaña para el balotaje presidencial del 13 de abril entre el mandatario Daniel Noboa y la opositora de izquierda Luisa González, con la violencia narco como telón de fondo. Noboa, empresario de 37 años que se autoproclama de centroizquierda, obtuvo en la primera vuelta apenas 16.746 votos más que González, abogada de 47 años y delfina del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017).

“Es un inicio de segunda vuelta tenso, con una tensión que viene, yo creo, en parte dada por el empate” en las elecciones generales de febrero, dijo a la prensa el jefe adjunto de la misión de observadores de la Unión Europea (UE), José Antonio de Gabriel.

La campaña arrancó con concentraciones de simpatizantes de los aspirantes en Quito con ocasión de un debate obligatorio, que duró dos horas y en el que ambos se lanzaron en vivo una serie de acusaciones de corrupción e incluso de vinculación con el narco. González, quien aspira a convertirse en la primera presidenta ecuatoriana elegida en las urnas, señaló a Noboa de ser propietario de una empresa investigada por presunto narcotráfico y propuso que ambos se sometan a una “prueba antidoping” tras el debate.

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Para reforzar la lucha anticrimen, sobre lo que Noboa dijo que se necesita ayuda de Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia y España, el jefe de Estado insistió en su proyecto de que la Constitución sea reformada para eliminar la prohibición de que haya bases militares extranjeras en Ecuador, lo que propuso al opositor Congreso y a lo que el correísmo se opone.

Correa dio por terminado en 2008 un convenio que permitía a Washington usar una instalación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en el puerto de Manta (suroeste) para vuelos antidrogas. El sábado, Noboa denunció que un miembro de su partido Acción Democrática Nacional (ADN) fue asesinado en Canuto (suroeste), un pequeño pueblo costero de donde es oriunda González.

Más de 30 políticos, autoridades judiciales y periodistas han sido asesinados desde 2023 en Ecuador, incluido el presidenciable Fernando Villavicencio (centro), baleado al salir de un mitin en Quito antes de los comicios anticipados de ese año, en los que Noboa fue elegido para gobernar 18 meses.

Quien gobierne el país durante los próximos cuatro años también deberá hacer frente a una crisis económica. La deuda pública se sitúa en torno al 57% del PIB y una guerra contra el narco resulta costosa. La contienda se avizora muy reñida, en medio de la violencia de bandas con nexos con cárteles internacionales. “Es un panorama muy complejo el que vive el Ecuador”, dijo a la AFP el analista Leonardo Laso, exministro de Comunicación.

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Laso señaló que encuestas recientes “muestran un empate cerrado” para el balotaje, al que están llamados unos 13,7 millones de electores. “La campaña es compleja” ya que la mayoría de los votantes ya se inclinó en primera vuelta por Noboa o por González. “La pelea por lo que queda va a ser muy dura”, será “voto a voto”, expresó.

En febrero, Noboa y González captaron el 88,17% de los casi 10,3 millones de votos válidos, que se repartieron entre 16 candidatos. El líder indígena de izquierda Leonidas Iza se ubicó tercero (5,25% de los sufragios) y la ambientalista anticorreísta Andrea González Nader, cuarta (con 2,69%). Casi un millón de votos fueron en blanco o nulos, y la abstención bordeó un 18%.

La mayor organización de pueblos originarios (Conaie), encabezada por Iza, y otras organizaciones de izquierda resolvieron apoyar a Luisa González. Aunque esto no garantiza el apoyo automático de todo el electorado indígena, apunta Laso. Noboa libra desde 2024 una guerra contra los grupos narcotraficantes, cuya disputa por el poder desató una espiral de violencia que disparó la tasa de homicidios, de 6 por cada 100.000 habitantes en 2018 a un récord de 47 en 2023.

El actual gobierno, que declaró el conflicto armado interno y mantiene a las Fuerzas Armadas en las calles para combatir el crimen, bajó ese índice a 38 en 2024. Pero este año se inició nuevamente con cifras alarmantes de violencia, lo que ha incrementado el temor entre la población.

• Guadalajara, México. AFP.

Dos expolicías fueron detenidos por su posible vinculación con el presunto centro de adiestramiento del narcotráfico en el oeste de México donde a principios de marzo fueron hallados restos humanos, informaron ayer domingo las autoridades. Uno de ellos fue señalado por el secuestro de un hombre que permaneció cautivo en el rancho del municipio de Teuchitlán en el que un cártel del narcotráfico supuestamente entrenaba pistoleros, explicó la Fiscalía de Jalisco en un comunicado.

De acuerdo con las investigaciones, el exagente y otros policías detuvieron en 2024 al individuo y lo entregaron a civiles, quienes lo trasladaron a la hacienda. En septiembre pasado la víctima y otra persona secuestrada fueron liberadas por la Guardia Nacional tras un enfrentamiento a balazos con presuntos criminales.

El rancho quedó bajo resguardo de la Fiscalía de Jalisco, sin embargo, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas llegaron al sitio el 5 de marzo y encontraron huesos calcinados, así como cientos de objetos personales como ropas y zapatos que no habían sido localizados por autoridades.

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La Fiscalía General de México, que se dispone a asumir las investigaciones, anunció más tarde el domingo la captura de otro expolicía presuntamente relacionado con el caso. El fiscal general Alejandro Gertz señaló el miércoles múltiples irregularidades en las pesquisas a cargo de la entidad local y relacionó a la policía municipal de Tala, un poblado aledaño a la hacienda, con secuestros de personas que posteriormente eran llevadas al lugar, citando a testigos.

Los exagentes detenidos formaban parte de esa corporación, cuyo jefe ya había sido capturado. En México hay unas 124.000 personas registradas como desaparecidas, de las cuales casi 15.000 pertenecen a Jalisco, según cifras oficiales. El sábado, la Secretaría de Seguridad anunció la detención de un hombre señalado de reclutar pistoleros para el crimen organizado y que, según el titular de la cartera, Omar García Harfuch, es miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación, designado como “terrorista” por Estados Unidos.

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