• San Salvador, El Salvador. AFP.

El Salvador recluyó ayer domingo en una cárcel de máxima seguridad a 238 presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua y 23 de la pandilla Mara Salvatrucha, enviados por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras invocar una ley de tiempos de guerra para expulsarlos.

Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, usada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, para emitir la orden de expulsión, pero el sábado un juez federal la suspendió, al parecer cuando ya estaba en marcha el proceso de traslado a El Salvador.

“Hoy llegaron a nuestro país los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua”, informó en la red social X el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien precisó que también fueron enviados 23 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), entre ellos dos cabecillas.

Bukele publicó un video que muestra el operativo de traslado “inmediato” de los detenidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en Tecoluca, 75 km al sureste de San Salvador, donde, dijo, permanecerán por “un período de un año (renovable)”. En una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en febrero en El Salvador, Bukele había ofrecido encarcelar en su país a “peligrosos criminales” que enviara el gobierno de Trump.

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Estados Unidos incluyó en febrero en su lista de organizaciones terroristas al Tren de Aragua, de origen venezolano; a la MS-13, creada por salvadoreños y otros migrantes en Los Ángeles, y a seis cárteles mexicanos. Al emitir la orden de expulsión, Trump argumentó que tenía derecho a declararlos “enemigos extranjeros” bajo la ley de hace más de dos siglos.

Ante esa decisión, el gobierno venezolano consideró este domingo que Trump “criminaliza” a migrantes de la nación sudamericana usando esa antigua ley que calificó de “anacrónica”. “Venezuela rechaza de manera categórica y contundente la proclama del gobierno de Estados Unidos que criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana”, reza un comunicado del gobierno de Nicolás Maduro.

Los tres aviones con los presos aterrizaron en el aeropuerto internacional de El Salvador. En los videos divulgados por el gobierno salvadoreño se ve a los militares cuando bajan de los aviones a los detenidos encadenados, y los suben a autobuses para llevarlos al Cecot. A su llegada a la cárcel de máxima seguridad, fueron arrodillados mientras decían sus nombres a los agentes penitenciarios, quienes les raparon sus cabezas. El video mostró también cómo fueron ingresados a sus celdas vestidos con pantalón corto, camiseta y calcetines blancos.

“Estamos ayudando a nuestros aliados, haciendo autosostenible nuestro sistema penitenciario”, agregó en X Bukele, al señalar que “Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero alta” para El Salvador. Este domingo, en su plataforma Truth Social, Trump agradeció a Bukele. “Estos son los monstruos que el corrupto (expresidente) Joe Biden y los demócratas de izquierda radical enviaron a nuestro país”, escribió Trump.

Bukele lanzó el Cecot hace tres años en el marco de su cruzada contra las pandillas, cuestionada por organizaciones de derechos humanos por permitir arrestos sin orden judicial. Miles de inocentes fueron detenidos. El criminólogo salvadoreño Misael Rivas opinó que para Bukele es una oportunidad de mostrar su “capacidad de ayudar” a un “socio importante”. “No llegan a pasear (los presos), estarán bajo un régimen severo”, dijo a la AFP.

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Considerada la prisión más grande de América Latina, fue inaugurada el 31 de enero de 2023. Está diseñada para 40.000 presos, pero hasta ahora estaban recluidos unos 15.000 miembros de la MS-13 y la pandilla rival Barrio 18. “Es un enorme negocio para Bukele, va a sacarle la plata a Estados Unidos alquilándole el Cecot sin rendirle cuentas de eso a nadie y sin tener una ley que lo respalde”, declaró a la AFP Ingrid Escobar, directora de la oenegé Socorro Jurídico Humanitario.

En su cuenta en X, Rubio informó también del envío a El Salvador de 23 miembros de MS-13 y de “más de 250 extranjeros enemigos del Tren de Aragua”. Esa cifra difiere de la anunciada por Bukele. El Tren de Aragua se conformó en 2014 en la cárcel venezolana de Tocorón, en el estado de Aragua (centro-norte). Está vinculado a asesinatos, secuestros, robos, venta de drogas, prostitución, extorsión y trata de personas.

Sus actividades se expandieron a varios países del continente, entre ellos Estados Unidos, y en Sudamérica a Colombia, Chile y Perú, según diversos informes de inteligencia. Tres países centroamericanos -Guatemala, Panamá y Costa Rica- han aceptado servir de “puente” para migrantes deportados por Washington, pero El Salvador es el único que acepta presos.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que enfrenta un juicio por un presunto intento de golpe de Estado y no puede ser reelegido hasta 2030 por decisión de la Justicia, afirmó este domingo frente a miles de partidarios que su caso constituye “una negación de la democracia”.

“Quiero decir a quienes no me quieren en Brasilia: unas elecciones sin Bolsonaro son una negación de la democracia en Brasil”, expresó durante una manifestación en la famosa playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Según un fotógrafo de la AFP, había en el acto menos gente que en una concentración realizada en el mismo lugar en abril de 2024.

El dirigente de extrema derecha que presidió Brasil entre 2019 y 2022 llegó alrededor de las 10:15 locales (13:15 GMT) al estrado, abriéndose paso entre manifestantes vestidos de amarillo y verde, los colores de Brasil. En el escenario, un cartel mostraba al presidente estadounidense Donald Trump con el puño en alto, después del ataque que sufrió en julio durante la campaña electoral en Pensilvania.

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“Vamos a enviar un mensaje a Brasil y al mundo”, afirmó el ultraderechista en un video publicado en redes sociales. “Estoy aquí porque quiero dejar un Brasil mejor para mis hijos. Vivimos un momento oscuro”, declaró a la AFP uno de los manifestantes, el exmilitar de 64 años José de Souza Vitorino.

El lema de la manifestación es reclamar una “amnistía” para las personas condenadas por su implicación en los disturbios del 8 de enero de 2023 en Brasilia. Ese día, miles de bolsonaristas asaltaron y vandalizaron el palacio presidencial, el Congreso y la sede de la corte suprema, una semana después de la investidura del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Mientras Bolsonaro se encontraba en Estados Unidos, sus simpatizantes exigían una intervención militar para derrocar a Lula, quien había derrotado a su líder en las elecciones de 2022.

Esos disturbios son una de las razones que llevaron a la fiscalía a inculpar en febrero al expresidente por un supuesto plan de golpe de Estado para mantenerse en el poder. Se le acusa de ser el líder de una “organización criminal” que conspiró durante meses con ese propósito. Podría enfrentar una pena acumulada superior a 40 años de prisión.

El jueves, la Fiscalía refutó los argumentos de la defensa, que sostenía, entre otras cosas, que la corte suprema no era competente para juzgar a Bolsonaro, junto con otras 33 personas, incluidos exministros y altos mandos militares. La próxima etapa será el 25 de marzo, cuando el máximo tribunal examinará si existen suficientes elementos para abrir un juicio.

Bolsonaro, de 69 años, asegura que es víctima de una “persecución” política para impedir que sea candidato en las elecciones presidenciales de 2026. Fue inhabilitado hasta 2030 por cuestionar la fiabilidad del sistema brasileño de urnas electrónicas, pero él espera que la condena sea anulada, o que se reduzca su pena, para postularse a un segundo mandato.

“Por el momento, soy candidato”, reiteró el miércoles. “¿Por qué debería renunciar a mi capital político para apoyar a alguien?”. Sueña con un regreso al estilo Donald Trump, de vuelta en la Casa Blanca a pesar de sus problemas judiciales, y espera que el presidente estadounidense, a quien admira, ejerza “influencia” a su favor.

El año pasado tuvieron lugar tres grandes concentraciones a favor de Bolsonaro. Mientras que la primera, en febrero en Sao Paulo, atrajo a cientos de miles de personas, las otras dos tuvieron menos éxito. Para el analista político André Rosa, el objetivo de la manifestación del domingo va “mucho más allá de lograr la amnistía” para los agitadores de Brasilia.

Se trata de “enviar un mensaje a sus competidores dentro de la derecha (...) y reafirmar su intención de ser candidato en 2026″. Bolsonaro se resiste a respaldar a otro candidato, aunque se ha animado a mencionar como posibles relevos a su esposa Michelle y su hijo el diputado Eduardo Bolsonaro.

Pero suenan sobre todo otras figuras como el gobernador del estado de Sao Paulo y exministro de Bolsonaro Tarcisio de Freitas y el popular cantante Gusttavo Lima. “Sigue activo con la esperanza de lograr las condiciones jurídicas para disputar las elecciones”, explica a la AFP Rosa.

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La incertidumbre también rodea a la izquierda: Lula, de 79 años y con una popularidad lastrada principalmente por la inflación, se mantiene ambiguo sobre sus intenciones de aspirar a la reelección. Mientras tanto, no deja de atacar a su predecesor, a quien tilda de “cobarde” por haber “planeado un golpe de Estado” antes de “huir” a Estados Unidos a finales de 2022.

Lula llamó el sábado a “defender cada día la democracia contra quienes todavía hoy tienen como proyecto el regreso del autoritarismo”, con motivo del 40º aniversario del fin de la última dictadura militar, que Bolsonaro evoca con nostalgia.

Fuente: AFP

El senador Derlis Maidana repudió la férrea defensa que ejercen sus colegas de la oposición a favor del exjefe de Estado y líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez, imputado por la Fiscalía por los hechos punibles de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio.

“Me sorprende la actitud, el nivel de algunos senadores de la oposición sobre este tema, que bajo la supuesta defensa del Estado de derecho hacen todo tipo de ataques, despropósitos y mentiras hacia el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón y su equipo de trabajo”, sostuvo. El senador Gustavo Leite también se refirió al caso y dijo que celebra “que se haya dado la acusación. Esta es una brillante oportunidad de contar su verdad al jurado y a la ciudadanía”.

“Nos vamos a encontrar con municipios colorados, liberales e independientes y no vamos a hacer distinción en ninguno de los casos”, dijo el presidente de la República, Santiago Peña, al anunciar este jueves la pavimentación de 1.000 kilómetros de caminos mediante la firma de un convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y la entidad binacional Itaipú.

“Este plan es la combinación de lo técnico con lo político, esta es la combinación que permite que el Paraguay pueda progresar. La conectividad vial es fundamental, esto genera un desarrollo y progreso, principalmente para el sector más vulnerable. La teoría nos dice que las grandes rutas son fundamentales para la exportación y acceso a mercados”, sostuvo el mandatario. El proyecto vial demandará la suma de USD 100 millones.

Esta mañana se realiza una manifestación de médicos del Instituto de Previsión Social (IPS) frente al Hospital Central y frente al Ingavi para exigir un reajuste salarial. La previsional emitió un comunicado anoche en el que hizo un anuncio sobre los reclamos.

A las 7:00 de este jueves empezó la movilización de médicos residentes frente al IPS Central y al Ingavi, según confirmó el doctor Víctor Ibarra, presidente de la Asociación de Médicos Residentes. Antes de esta medida de fuerza entregaron sus reivindicaciones en una nota dirigida a la administración del IPS.

El papa Francisco, de 88 años y hospitalizado desde hace casi cuatro semanas en Roma, cumple este jueves 12 años de pontificado. A continuación, las principales medidas desde su elección, que en ocasiones enfrentaron una feroz oposición interna. La multiplicación de los escándalos por las agresiones sexuales a menores dentro de la Iglesia, desde Irlanda a Alemania, pasando por Estados Unidos y Chile, ha sido uno de sus retos más dolorosos.

Tras un polémico viaje a Chile en 2018 que acabó en una serie de sonadas renuncias y expulsiones, el papa argentino se disculpó públicamente por haber defendido erróneamente a un obispo. En 2019, expulsó al cardenal estadounidense Theodore McCarrick, declarado culpable por abuso sexual a menores. Un gesto notable con el que aplicó la línea de “tolerancia cero”.

La Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) autorizó el uso de una draga privada en Paso Bermejo con el objetivo de mitigar la grave crisis de navegabilidad que afecta al transporte fluvial en el río Paraguay. Según el presidente de la institución, Julio César Vera, esta medida busca acelerar la solución al bloqueo generado por la acumulación de sedimentos.

“Ayer al mediodía autorizamos la operación de la draga Tarumá, ofrecida por el gremio de armadores fluviales y marítimos. Es una draga autopropulsada que puede dragar mientras navega, lo que permitirá trabajar sin interrumpir la circulación de embarcaciones”, explicó Vera al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) recibe hoy al abogado Óscar Tuma, representante legal de la familia del fallecido diputado Eulalio Gomes. Hablarán sobre el financiamiento de la campaña de Mario Abdo Benítez con dinero del exdiputado.

En el tercer punto del orden del día figura la visita del abogado Óscar Tuma a la comisión especial. El punto a tratar, según el documento, dice: “los chats de conocimiento público, que aparentemente guardaría relación con el financiamiento político”.

• Buenos Aires, Argentina. AFP.

Una manifestación de jubilados apoyada ayer miércoles por hinchas de fútbol y organizaciones sociales en Argentina derivó en enfrentamientos con la policía que dejaron más de 100 detenidos y al menos 20 heridos, uno de ellos grave, y desecandenó cacerolazos nocturnos en repudio al gobierno de Javier Milei.

En la tarde del miércoles, manifestantes, muchos identificados con camisetas y banderas de una treintena de clubes de fútbol, fueron desplazados por la policía de la zona del Congreso y de la Plaza de Mayo con balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes.

Los disturbios comenzaron a media tarde cuando los manifestantes, convocados también por organizaciones sociales y sindicales, desafiaron los cordones policiales que buscaban despejar las vías frente al Congreso.

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Un patrullero y una moto policial se prendieron fuego y más de 100 personas fueron detenidas, informó la policía. “¡Que se vayan todos!” era un canto a veces unánime, y algunos manifestantes lanzaban piedras tomadas de veredas rotas, petardos y bombas de estruendo, mientras un numeroso cordón policial avanzaba sobre las calles.

El herido grave es un periodista identificado como Pablo Grillo, que fue alcanzado por un proyectil mientras tomaba fotos, según puede verse en un video replicado en redes sociales.

En la noche del miércoles, una vez finalizados los incidentes en el Congreso y la Plaza de Mayo, se registraron cacerolazos en distintos puntos de Buenos Aires, y cientos de manifestantes se movilizaron nuevamente a la casa de gobierno.

“Hoy encendieron la mecha”, dijo Georgina, una empleada pública de 49 años que prefirió no dar su apellido por temor a represalias y se acercó a la movilización nocturna con una pancarta casera con la inscripción “Pablo Grillo somos todos”.

“Las ranas no se dan cuenta que las están cocinando, porque primero las meten en agua fría y les calientan el agua de a poquito, eso nos están haciendo a nosotros, tenemos que saltar antes que nos terminen de cocinar”, dijo a la AFP.

En su primer año, el gobierno de Javier Milei llevó la inflación de 211,4% en 2023 a 117,8% en 2024 y consiguió superávit fiscal, pero la contracara fue un ajuste que derivó en la pérdida de 200.000 empleos, la paralización de la obra pública y un aumento de los índices de pobreza e indigencia.

Desde hace años, cada miércoles los jubilados se movilizan, la mayoría de las veces de a decenas, contra la degradación de su poder adquisitivo, sobre todo tras la caída brutal de sus haberes en los primeros meses de la presidencia de Milei. En los últimos meses, estas protestas han sido reprimidas por la policía con gases y empujones a los adultos mayores.

Las imágenes de un jubilado con la casaca de Chacarita, alcanzado por el gas de la policía durante una de las marchas, dispararon la presencia la semana pasada de un puñado de hinchas de ese club, en apoyo a los jubilados.

El sociólogo Jorge Elbaum explicó a la AFP que “en años anteriores no había represiones furiosas (contra los jubilados) como las que se han visto en las últimas semanas y eso ha generado una reacción de la sociedad que queda atónita viendo cómo se gasea a adultos mayores”.

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La convocatoria corrió como río entre las llamadas “peñas” de los clubes, espacios sociales donde los hinchas se reúnen también a debatir, y el número de manifestantes se multiplicó exponencialmente este miércoles. “Tenemos que hermanarnos y salir a la calle para defender nuestros derechos y nuestra soberanía”, dijo a la AFP Patricia Mendía, de 60 años, que se acercó a la manifestación con la camiseta del club Quilmes acompañada de su madre de 84 años.

Grupos de manifestantes cantaron a la policía: “Qué feo debe ser pegarle a un jubilado para poder comer” y apuntaron contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Bullrich destacó el operativo policial, dijo que las personas que se acercaron a la manifestación “venían preparadas para matar” y agregó que “seguramente muchos de ellos tenían antecedentes penales”, en una entrevista televisiva en el canal LN+.

También mencionó al fotógrafo herido y dijo que “Pablo Grillo es un militante kirchnerista (oposición) y está preso”, aunque el reportero gráfico ya se encontraba internado en grave estado por la herida en su cabeza. La política de Milei de liberar los precios duplicó en un año el valor de los medicamentos y las tarifas de los servicios esenciales.

Casi un 60% de los jubilados cobra el haber mínimo, equivalente a unos 340 dólares. El gobierno congeló el año pasado un bono de refuerzo que recibe este grupo de pasivos equivalente a 70 dólares.

“Creo que se está despertando el pueblo, después de tantas cosas que hace este gobierno malparido”, dijo Cristina Delgado, de 85 años y quien recibe la jubilación mínima. “Es muy injusto porque tenemos derecho a manifestarnos, los jóvenes y nosotros que venimos de manifestarnos toda la vida, yo pasé cuatro dictaduras, pero esto es peor, porque es en democracia”.