Venezuela no permitirá una “acción injerencista” de España, dijo ayer viernes el canciller Yván Gil en medio de una crisis diplomática generada por cuestionamientos a la reelección de Nicolás Maduro y el asilo que le será concedido a su rival opositor en Madrid. Gil recibió en la cancillería al embajador español en Caracas, Ramón Santos, para expresar la “postura contundente del gobierno venezolano”, según un mensaje publicado en Telegram.
“No permitiremos ninguna acción injerencista”, escribió el canciller, un día después de llamar a consultas a la embajadora venezolana en Madrid, Gladys Gutiérrez. La tensión en las relaciones bilaterales aumentó en los últimos días, después de que el candidato opositor Edmundo González Urrutia llegara el domingo a España para solicitar asilo tras un mes en la clandestinidad en su país, y aumentó por un comentario de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, que tildó de “dictadura” al gobierno de Maduro.
El gobierno del socialista Pedro Sánchez no reconoce la victoria que Maduro reivindica en los comicios, pero tampoco la de su rival. Ha insistido, en consonancia con la posición de la Unión Europea, en reclamar la publicación de las actas electorales, que según la oposición demuestran su victoria.
Pese a la tirantez, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, recientemente nombrada ministra de Petróleo, se reunió este viernes con Luis García Sánchez, directivo de la trasnacional energética española Repsol en el país caribeño. “Ambas partes abordaron alianzas estratégicas” para la “exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos”, según un mensaje de la estatal venezolana PDVSA.
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, no imitó la llamada a consultas de su par venezolano. Son “decisiones soberanas”, zanjó Albares en declaraciones a la radio pública RNE, en la que dijo que trabaja por tener “las mejores relaciones posibles” con Venezuela. “No hay nada que comentar”, manifestó.
El gobierno español está bajo presión. El miércoles, a propuesta de la oposición conservadora, el Congreso de los Diputados le exigió a Sánchez reconocer a González Urrutia como ganador de las elecciones del 28 de julio. En respuesta, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, propuso romper relaciones diplomáticas, consulares y comerciales. “¡Que se vayan de aquí todos!”, clamó.
Se estima que unos 280.000 venezolanos viven en España, entre ellos varios dirigentes opositores exiliados. Unos 136.000 españoles, en tanto, viven en Venezuela. El jueves, Sánchez recibió a González Urrutia en el palacio de La Moncloa, sede de la presidencia en Madrid, y aseguró en la red social X que “España sigue trabajando en favor de la democracia, el diálogo y los derechos fundamentales” en Venezuela.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, reiteró este viernes que “las elecciones no las ha ganado Maduro” aunque sin reconocer a González Urrutia, a quien invitó a Bruselas. “Por desgracia en estos temas no hay varitas mágicas”, dijo en rueda de prensa en Madrid. “Los reconocimientos pueden tener un valor simbólico, pero no cambian la realidad”.
La escalada con España coincide con el anuncio del jueves de Washington de sanciones a 16 funcionarios venezolanos, entre los que figuran la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, así como autoridades electorales y militares como el jefe operacional de la Fuerza Armada, general Domingo Hernández Lárez.
“No somos chantajeables, ni nos dejamos intimidar”, respondió este viernes la Fuerza Armada en un comunicado leído en la televisión estatal por el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, acompañado por el resto del alto mando, que suele declarar “lealtad absoluta” a Maduro. Padrino fue sancionado en 2018.
Según Estados Unidos, que reclama el detalle del escrutinio de las presidenciales venezolanas, estos funcionarios “impidieron un proceso electoral transparente”. Maduro condecoró a los cuatro militares blanco de sanciones, que tachó de “ridículas”. “Lo que ellos (EE. UU.) nunca podrán entender es que sus sanciones son condecoraciones en el alma de los patriotas que aman a nuestra Venezuela”, dijo el mandatario.
La Corte Suprema, la autoridad electoral y el Parlamento también condenaron las medidas de Washington, que amenazó con “decisiones adicionales” si el escrutinio sigue sin publicarse. “Maduro tiene opciones y decisiones que solo él puede tomar” y “le hemos dejado muy claro” que lo primero que tiene que hacer “es publicar todos los datos electorales y los resultados”, afirmó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.
Fuente: AFP.