La cuestionada Fiscalía de Guatemala pidió ayer miércoles a la Corte Suprema quitarle la inmunidad al presidente Bernardo Arévalo, al acusarlo de haber autorizado pagos “ilegales” a constructoras, informó un fiscal.
“Se presentó” a la Corte la solicitud de “retiro de antejuicio en contra del señor presidente” por los delitos de abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y resoluciones violatorias a la Constitución, un recurso que puede llevar luego a quitarle la inmunidad, dijo el fiscal Rafael Curruchiche en conferencia de prensa.
El fiscal, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por “corrupto” y “antidemocrático”, acusó al mandatario socialdemócrata de haberle ordenado a la exministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, los pagos de contratos millonarios a empresas supuestamente involucradas en hechos de corrupción.
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“Los disparates del señor Curruchiche no tienen cabida en ninguna acción penal”, reaccionó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia en un mensaje enviado a los medios. Arévalo y la cuestionada fiscal general, Consuelo Porras, están inmersos en una guerra sin tregua desde el año pasado en la que ambos arriesgan sus cargos.
El actual caso se deriva de una denuncia presentada contra Arévalo el 16 de julio por Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la ultraderechista Fundación contra el Terrorismo y también sancionado por Washington por “corrupto”. “Hemos podido establecer entonces que el señor presidente [...] es la principal persona que fomenta la corrupción y fomenta la impunidad en Guatemala”, afirmó Curruchiche.
Fuente: AFP
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“Un cuarto de colorado es aquel que robó desde el poder”, señala diputado sobre Abdo
El diputado por Central, Rodrigo Gamarra, cuestionó los dichos del expresidente Mario Abdo, quien en un discurso político menospreció el coloradismo del actual mandatario Santiago Peña. Para el legislador, las acciones del jefe de Estado reflejan a la visión partidaria, mientras que el anterior gobierno, acumulan hechos de corrupción y vínculos con el narcotráfico.
“Un cuarto de colorado es aquel que desde el poder le robó a su gente con contratos amañados en plena pandemia, comprando agua tónica en vez de medicamentos, dejando a su pueblo indefenso. Un cuarto de colorado es el que permitió que la corrupción floreciera en cada rincón del Estado, un símbolo de la burla a la ciudadanía”, aseveró el diputado Gamarra.
En contacto con La Nación/Nación Media, el parlamentario indicó que si hay que poner una vara para medir el nivel de coloradismo de sus afiliados, un elemento importante es comparar las acciones y no limitarse a los discursos o “etiquetas vacías”. Según indicó el auténtico colorado lo demuestra en su nivel de compromiso a la ciudadanía.
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“El gobierno más corrupto de la historia del Paraguay que desayunaba, almorzaba y cenaba con Desirée (Masi) y los enemigos del Partido, con ministros narcotraficantes y cómplices de bandas delictivas en instituciones que debían combatirlas. Todo eso encabezado por Mario Abdo Benítez, quien es el que encarna lo que significa ser menos de medio colorado”, sostuvo.
En apenas un año de gestión, el gobierno de Santiago Peña ha logrado hitos históricos que no fueron alcanzados por la administración de Abdo, la cual califica como “corrupta y nefasta”, puesto que sus escasas políticas de Estado e ineficiente respuesta de su gobierno en tiempos de pandemia, no dieron a la ciudadanía la respuesta que necesitaban.
“Ser un colorado de verdad significa atender las necesidades del pueblo con responsabilidad y resultados. Y Santiago Peña con el programa Hambre Cero, el aumento de las recaudaciones y la renegociación del tratado de Itaipú entre otros, ha demostrado que su compromiso con el Paraguay va mucho más allá de las palabras, pero es difícil que ese concepto comprendan los que nos robaron mientras estábamos encerrados”, concluyó Gamarra.
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Plan de Seguridad Nacional contempla a la corrupción como una de las amenazas
El Gobierno presentó su Plan de Seguridad Nacional para el Desarrollo y el almirante Cíbar Benítez, ministro del Consejo Nacional de Defensa (Codena), explicó que este programa representa el primer paso para luchar contra las distintas amenazas que atentan contra la seguridad del país.
“En este plan está vista a la corrupción como una amenaza, así también como la inacción. Tenemos un plan de lucha frontal contra la corrupción porque toda la comunidad está expuesta al narcotráfico, las empresas privadas, las instituciones públicas, la prensa y, si no la reconocemos, sería un error”, afirmó el almirante.
En entrevista con “Fuego cruzado”, emitido por GEN/Nación Media, el ministro señaló que la inversión es una de las cuestiones principales para luchar contra las distintas amenazas que fueron identificadas en el plan, como lo son el narcotráfico, el crimen organizado transnacional, entre otros.
“Lo bueno de este plan es que el presidente (Santiago Peña) bajó la línea y dijo que iba a invertir USD 500 millones en seguridad y defensa, no solo en materiales sino en el personal. Es un esfuerzo tremendo que espero que todos comprendamos. El hecho de poner números a esto significa que hay una intención clara de hacer frente a esto”, expresó.
Esta inversión no será realizada de una sola vez, sino de forma progresiva, asimismo, habrá criterios para destinar este dinero. “No es que cada institución va a hacer lo que quiere”, aclaró y señaló que las 17 instituciones que forma parte del plan unirán esfuerzos y actuarán de forma conjunta de forma a gastar de manera eficiente.
Narcotráfico
Según aseveró el almirante, el narcotráfico es una de las peores amenazas y también confirmó que durante los últimos años hubo un crecimiento de esta actividad en nuestro país. No obstante, hay un esfuerzo gubernamental en conjunto con naciones vecinas como el Brasil para llevar adelante operativos y poder combatir este mal.
“El narcotráfico no respeta las fronteras geográficas, no respeta para nada y la caracterización de esta amenaza es en primer lugar su carácter transnacional y, en segundo lugar, corrompe todo lo que hay y es tanto el dinero que está en juego, que estos grupos organizados son capaces de hacer casi cualquier cosa para mantener el negocio y para el Estado no es beneficioso por lo ilegal y pernicioso que es para la ciudadanía”, expuso.
Algo prioritario del plan es la seguridad ciudadanía, señaló Benítez, quien indicó que pese a que las estadísticas hablan de una situación mejor, todavía no se ha instalado la sensación de seguridad. “Este plan está conectado con el Plan de Desarrollo 2030, lo más urgente es la seguridad ciudadana, que todos vemos y a todos nos preocupa, queremos que nuestros hijos, nietos vayan y vuelvan seguros, es lo más urgente”, sostuvo.
La problemática del acopio de cocaína en nuestro país, las plantaciones de marihuana, el crimen organizado, todas estas aristas forman parte del plan. El ministro reconoció que las acciones siempre serán insuficientes, no obstantes, hay una determinación a hacer frente a este mal. ”Tenemos las herramientas con que luchar contra estas amenazas”, aseguró.
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Cuestionan a la oposición por acusaciones en contra de referentes
La serie de publicaciones del equipo de Investigaciones de Nación Media viene desnudando las raíces del clan Estigarribia, familia del gobernador del departamento Central, Ricardo Estigarribia, y de su hermano Sergio, intendente de la ciudad de Villa Elisa.
Ricardo Estigarribia, dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y quien busca posicionar una posible candidatura con vistas a las elecciones presidenciales del 2028, sería parte importante del esquema montado.
La posibilidad que el actual gobernador del departamento Central lidere alguna probable chapa dentro del PLRA o de todo el espectro de la oposición, motivó a reacciones en contra, tal como la del abogado Ezequiel Santagada, quien en sus redes sociales se refirió al tema en cuestión.
“La oposición no puede ofrecer cambiar a seis por media docena. Un requisito elemental es que quienes sean sus referentes carezcan de prontuario”, escribió Santagada, cuestionando a quienes la oposición presenta como referentes políticos dentro de la crisis por la que atraviesan.
No solo Ricardo Estigarribia
Lo dicho por Santagada también podría también aplicarse al autoproclamado candidato opositor, Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este e imputado por varios casos de corrupción.
La gran cantidad de denuncias por hechos de corrupción que se tienen sobre al menos dos de los posibles y más importantes candidatos que podrían representar a la oposición en el 2028, genera cierta preocupación en un sector político que, además de seguir golpeado por los resultados electorales anteriores, no logra despegarse de una absoluta falta de liderazgo político.
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Los escandalosos detalles publicados por la Unidad de Investigación de Nación Media, tanto acerca del clan Estigarribia como en los varios casos de Miguel Prieto, pasan desapercibidos para los aliados opositores, políticos y mediáticos, quienes apuntan de manera directa y única a los casos que involucran a personas vinculadas a un sector del Partido Colorado, en una muestra más de la férrea defensa corporativa que hacen desde varios años y que se fortaleció en el gobierno de Mario Abdo Benítez.
Los “prósperos” negocios del clan Estigarribia
Empresas en las que distribuyeron unos USD 1,5 millones, la madre y la hermana del actual gobernador de Central, Ricardo Alfredo Estigarribia Medina, y del actual intendente de Villa Elisa, Sergio Agustín Estigarribia Medina, registran pertenencias de al menos una decena de inmuebles, entre los que aparece una quinta en la ciudad de Piribebuy e importantes edificaciones en Villa Elisa. La prosperidad del clan Estigarribia erigió hasta un motel en la ciudad, que está a nombre de la empresa proveedora de almuerzo a la municipalidad y en la que aparece como accionista Ricardo Fernández Campuzano, cuñado de los hermanos Estigarribia.
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Gobierno será intransigente con hechos de corrupción en el sistema penitenciario
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, sostuvo que el Gobierno a través de la institución a su cargo tiene y seguirá en la postura de ser intransigentes con los hechos de corrupción en el sistema penitenciario. El secretario de Estado se refirió a los últimos hechos ocurridos en la penitenciaría de Emboscada que involucró al líder del clan Rotela, Armando Javier Rotela.
“El mensaje es claro, nosotros no vamos a ser transigentes con ningún hecho de corrupción, eso es clarísimo. Se puede de alguna manera publicar este tipo de cuestiones puntuales irregulares, pero también es importante mostrar qué hicimos en consecuencia y los hechos son claros, inclusive con comunicación al Ministerio Público”, indicó Nicora en el programa “Cara o Cruz” de Unicanal.
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Agregó que el Gobierno está instalando un nuevo modelo de gestión penitenciaria, marcando un antes y un después. “Nos falta mucho, claro que nos falta mucho, pero nosotros como Gobierno estamos con un nuevo modelo de gestión, nosotros como Gobierno estamos marcando un antes y un después en lo que es la administración del sistema penitenciario, como Gobierno ejercemos controles”, apuntó.
El titular del Ministerio de Justicia sostuvo que la publicación de este tipo de hechos irregulares también son de mucha importancia para la gestión y tomar determinaciones de la administración y subsanar estas situaciones.
“Saltan hechos irregulares, y yo quiero que salten hechos irregulares todos los días, porque eso me da la posibilidad a mí también de tomar las determinaciones y remover a funcionarios que no quieren hacer su trabajo como corresponde, eso me ayuda a mí, es una herramienta”, dijo el ministro.
Destacó que en esta nueva administración los hechos constatados son derivados al Ministerio Público y no solo se quedan en una medida administrativa. “Antes se le removía del cargo nomás al funcionario y continuaba campante, hoy día tenemos derivación al Ministerio Público porque son hechos que ameritan una investigación fiscal, paralelamente a las decisiones administrativas que nosotros vayamos tomando”, sentenció Nicora.
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